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No es la primera vez que los inspectores del Banco de España elaboran un comunicado. Pero en el actual contexto cobra más importancia que nunca. Los inspectores han redactado un escrito en el que cuestionan abiertamente la labor del gobernador Fernández Ordóñez. Y no sólo eso. Se desmarcan de la actuación del regulador en cuestiones tan sensibles como la permanencia en el cargo de Alfredo Sáenz tras ser condenado en firme por el Tribunal Supremo o el papel del banco central en el asunto de las indemnizaciones a ex directivos de las cajas de ahorros.

El comunicado ha recibido ya el visto bueno de la asamblea de inspectores -un colectivo formado por unos 250 profesionales- y lo más relevante, según uno de sus impulsores, es que los encargados de fiscalizar las cuentas de las entidades financieras se desmarcan de las actuaciones del regulador. Según sus palabras, “una cosa es lo que hace el Banco de España y otra bien distinta la inspección. No somos iguales”, asegura.

El escrito aborda la permanencia en el cargo de Alfredo Sáenz “desde la neutralidad”, según otro de los impulsores del comunicado; pero, aun así, se recuerda que la “honorabilidad” del Banco de España está en entredicho por el hecho de que no se cumpla la legislación bancaria, que obliga a separar del cargo a los ejecutivos condenados. Un Real Decreto de 1995 establece, en concreto, que "se entenderá que carecen de tal honorabilidad [requisito para ser consejero o director general] quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley Concursal".

Los inspectores, igualmente, se desmarcan del escándalo de las indemnizaciones millonarias, y en este sentido sugieren que los responsables son los órganos encargados de la supervisión: las comunidades autónomas o el propio Banco de España.

En palabras de un inspector con muchos años de servicio, "estamos ante un verdadero movimiento interno” que ha sido espoleado con declaraciones como las realizadas el subgobernador, Javier Aríztegui, quien recientemente sugirió que los inspectores tenían alguna responsabilidad en el agujero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Los inspectores responden en el comunicado sacando a colación una vieja aspiración del colectivo: su reconocimiento como autoridad pública, lo que les permitiría acogerse al ‘principio de veracidad’, como sucede con otros funcionarios públicos, cuya palabra tiene prevalencia sobre la persona que no la disfruta, salvo prueba en contrario.

Independencia frente a los ‘jefes’

Los inspectores, igualmente, vuelven a la carga sobre otra vieja reivindicación (30 años), como es la creación de un cuerpo específico dentro del Banco de España, algo que, en su opinión, les daría mayor independencia sobre el superior jerárquico al poder firmar los informes. En la actualidad, los inspectores hacen su trabajo, pero las conclusiones no las redactan ellos, sino los jefes.

Las discrepancias entre el equipo dirigente del Banco de España y los inspectores de entidades de crédito han ido en aumento a medida que ha avanzado la crisis financiera. Hace unos meses, de hecho, firmaron otro escrito en el que reclamaban mayor independencia  Los inspectores recordaban que sus informes “no son vinculantes”, y que, por lo tanto, quienes deciden son “los integrantes de los órganos rectores del Banco de España”, cuyo nombramiento -resaltaban- depende del “poder político”.

Otro eslabón de la cadena de discrepancias se produjo en mayo de 2006, cuando los inspectores se quejaron ante el entonces vicepresidente Solbes de que el Banco de España había mirado para otra parte mientras se alimentaba la burbuja financiera. Criticaba, en concreto, “la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años de mandato del señor Caruana” [anterior gobernador del banco central].

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