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No ha habido un despido fulminante ni en la Caja Castilla La Mancha (CCM) ni en Cajasur, ambas intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB;. Las irregularidades detectadas en la Caja Mediterráneo (CAM) han sobrepasado todas las líneas rojas y los tres gestores del fondo de rescate decidieron ayer que María Dolores Amorós, ex directora general de la CAM, abandonara su puesto inmediatamente sin derecho a indemnización. Según fuentes cercanas a la entidad, el FROB considera que ha realizado lo que se denomina "contabilidad creativa" en alguna operación concreta, cuyo resultado ha sido un beneficio para Amorós.

Además de esta irregularidad, Amorós se adjudicó, según el organismo dependiente del Banco de España, una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. Esta cifra se considera absolutamente desproporcionada, sobre todo después de haber realizado una pésima gestión que ha llevado a la CAM a la ruina. También se considera que Amorós presentó cifras falseadas de las cuentas con el objetivo de engañar al supervisor. La exdirectora general se mantuvo en su puesto desde la entrada del FROB, el 22 de julio, hasta el 10 de agosto. Durante este último mes y medio Amorós únicamente cobró el sueldo estipulado en el convenio del sector, pero no los pluses inherentes al cargo de directora general.

No es el primer escándalo por cobro de indemnizaciones en la CAM. Fuentes sindicales cifraron en más de tres millones la indemnización que cobró el antecesor de Amorós, Roberto López, en virtud de un salario de 700.000 euros anuales.

José María Martínez, secretario de banca de Comfía-CC OO, pidió ayer "un castigo ejemplar para Amorós, López y Modesto Crespo, expresidente de la CAM". Consideró "intolerable" la actitud de "los administradores ejecutivos de una entidad que está recibiendo ayuda estatal. Es necesario que se actúe con la máxima dureza en estos casos, máxime cuando se está en un proceso de recapitalización de las cajas", añadió Martínez. También criticó por "falta de vigilancia" al Banco de España que inspeccionaba esta entidad desde hacía meses, así como al auditor por las últimas cuentas publicadas. No obstante, la auditora, KPMG, no analizó las cuentas de marzo, cuando la CAM presentó 40 millones de beneficio, porque no se auditan los balances trimestrales.

Por otro lado, la Fiscalía estudia cuatro denuncias recibidas mientras espera el informe final del Banco España para determinar supuestas responsabilidades penales en la gestión de los antiguos administradores de la CAM. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante han asegurado que desde la intervención de la caja el ministerio público ha recibido cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos. Esas fuentes han precisado que todas las denuncias son "genéricas" y que están "congeladas a la espera del Banco de España".

Una de estas denuncias fue presentada por el partido político extramunicipal Vecinos por Alicante; y la segunda en nombre de movimiento 15-M. En Madrid se presentó una tercera del colectivo Manos Limpias. La cuarta la impulsó Cercle Obert de Benicalap por la gestión de la CAM. Esta iniciativa, al igual que las otras tres, cuestiona la legalidad de contabilidad, los préstamos a consejeros a bajos tipos y los sobresueldos. Entre los denunciantes no figura el colectivo de fiscales, integrado en la Asociación Internacional contra la Prevaricación. Este grupo advirtió el 4 de agosto al Banco de España que presentaría una querella contra la institución si Amorós no era destituida.

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