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DAVID NAVARRO ­Con una morosidad del 19% y un volumen de activos de más de 71.000 millones de euros, la entidad que acabe comprando la CAM tendrá una digestión pesada y muy larga que nadie parece dispuesto a asumir. Por este motivo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España han decidido garantizar al adjudicatario la cobertura de casi todas las pérdidas que genere la cartera crediticia de la caja durante los próximos diez años.

Se trata de todo un incentivo para los posibles interesados, que siguen temiendo que la entidad guarde nuevas sorpresas en su interior a pesar del rigor que los administradores nombrados por el FROB están empleando para sanear las cuentas. En las anteriores ocasiones en las que el Banco de España ha ofrecido este tipo de seguros –en las subastas de la manchega CCM y la cordobesa Cajasur– el periodo de cobertura fue de sólo cinco años.
Además, si hasta ahora eran los pujadores quienes proponían qué Esquema de Protección de Activos (EPA) querían a cambio de quedarse con la entidad, en esta ocasión el supervisor financiero ha preferido dejarlo claro desde un principio y lo ha incluido en el cuaderno de venta que Bank of America Merrill Lynch está distribuyendo desde hace unos días. Supone todo un cambio de actitud por parte del equipo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se negó a otorgar este mismo tipo de garantías a los inversores con los que contactó la CAM la pasada primavera, antes de su nacionalización. Ahora, por el contrario, no quiere arriesgarse a que la subasta quede desierta, una posibilidad muy real ante la debacle que se vive en los mercados.

El documento que circula en el sector financiero establece que el FROB se hará cargo del 80% de las pérdidas que genere la actual cartera crediticia de la CAM hasta un importe de 2.500 millones de euros. Si llegada a esa cifra los números rojos siguieran creciendo, entonces el fondo público aumentaría su cobertura al 90% en el tramo que excediera esa cantidad, sin ningún límite fijado de antemano. En el caso de CCM, Cajastur recibió una EPA de 2.475 millones, mientras que la BBK dispone de 392 millones para sanear Cajasur.

Las fuentes del sector consultadas consideran que probablemente no será necesario recurrir a este segundo tramo, ya que hay que tener en cuenta que la caja ha aflorado gran parte de su morosidad a lo largo de 2010 y del primer semestre de este año.

Así, el año pasado tuvo que realizar provisiones por alrededor de 1.500 millones de euros contra reservas, y entre enero y junio de este ejercicio se han declarado unas pérdidas de 1.136 millones, que deberán enjugarse mediante una reducción de capital antes de la adjudicación. Estas pérdidas ya afloradas no se incluyen en la EPA, por lo que el agujero total que calcula el Banco de España en la caja supera los 5.000 millones.

Vencimientos de deuda

Pero la EPA no es la única facilidad que Ordóñez está dispuesto a dar a aquel que se atreva a comprar la CAM. Otra de las losas que pesan sobre la entidad y que dificultan su colocación son los vencimientos de deuda por importe de 5.664 millones de euros que la caja tiene pendientes el próximo año, una cantidad casi imposible de conseguir con los mercados cerrados a cal y canto. Para evitar que la falta de liquidez acabe ahogando al adjudicatario, el FROB también le concedería una nueva línea de crédito por un máximo de 2.800 millones, que se sumarían a los 3.000 millones que ya se pusieron a disposición de la entidad cuando se produjo su nacionalización, el pasado mes de julio.

Ahora la gran duda está en saber cuánto están dispuestos a pagar los interesados a cambio de las acciones del FROB en la CAM. En teoría, el fondo no puede revender los títulos por menos de lo que pagó por ellos, pero las fuentes financieras consultadas dudan de que nadie esté dispuesto a desembolsar 2.800 millones, ni siquiera con las citadas facilidades. De hecho, según las citadas fuentes, el fondo podría acabar regalando la entidad o vendiéndola por muy poco dinero a cambio de que el comprador asuma el citado porcentaje de las pérdidas y el aporte de capital adicional para cumplir con los mínimos legales exigidos.

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