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JOSÉ MARÍA PEREA Han pasado poco más de dos semanas desde que Camps y la CAM protagonizaron dos de los hechos más notables en la historia de nuestra comunidad: la primera dimisión de un presidente de la Generalitat por haber sido citado a juicio por presunta corrupción y la intervención del único banco con sede en Alicante, heredero de una caja de ahorros con 136 años de antigüedad. Diversos artículos en INFORMACION, así como algunas cartas al director, han puesto de manifiesto estas dos vidas paralelas hacia el declive, así como el papel determinante del ex-molt honorable en la crisis de la caja de ahorros.
Los alicantinos podemos vivir en septiembre-octubre una situación por la que ya pasamos hace unos años cuando el Banco de Alicante desapareció. Un Gobierno presidido por José María Aznar, con Rato y Rajoy como hombres fuertes, entregó Argentaria (la banca pública conformada por el Banco Exterior de España, el Banco de Alicante y otras entidades regionales de menor peso económico) al Banco Bilbao Vizcaya para transformarse en el actual BBVA. Es probable que sea el BBVA quien, de nuevo, se quede con la propiedad de un banco alicantino, el casi inédito Banco CAM, intervenido por el Banco de España el 22 de julio de 2011.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo llegó a unos activos de alrededor de 75.000 millones de euros, casi un millar de oficinas y 3,3 millones de clientes, como resultado de sucesivas fusiones que culminaron hace veintiún años con la protagonizada por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia con la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, ésta última entidad fundada por la Diputación para servir de apoyo, primordialmente, a los ayuntamientos de la provincia. Hasta llegar a ese punto, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, fundada en 1875 por la burguesía comercial alicantina para dotarse de un instrumento financiero propio, había realizado en 1940 y 1975 procesos de fusión con entidades locales de las provincias de Murcia y Alicante, manteniendo siempre la sede central, y la capacidad de decisión, en la capital de la provincia.
El Banco de Alicante surgió en 1965 con el mismo objetivo, el de contar con una entidad financiera autóctona, en este caso bancaria. Antonio Ramos Carratalá, director de la Caja del Sureste desde los años 40, estuvo entre los impulsores del nacimiento del Banco de Alicante, que hizo de su nombre bandera para conquistar el mercado local. Su crecimiento fue espectacular hasta que, atrapado por el excesivo riesgo contraído con la actividad constructora, entró en manos de Banca Catalana antes de ser intervenido por el entonces Fondo de Garantías, precedente del actual FROB, que redujo el valor de las acciones a una peseta en la conocida como "operación acordeón" del capital social de la entidad bancaria. El ladrillo, como se dice hoy, arrastró a la intervención del Banco de Alicante por las autoridades del Banco de España, como ha sucedido ahora, en gran medida, con Caja Mediterráneo. Un nuevo paralelismo en la historia de ambas entidades, surgidas del mismo deseo social e intervenidas por la misma causa económica.
El Banco de Alicante, adjudicado en febrero de 1983 al Banco Exterior de España en pública subasta, supo remontar, con presidentes como Francisco Fernández Ordoñez, hermano del actual gobernador del Banco de España, y de Miguel Boyer, hasta situarse de nuevo, en pocos años, como una entidad bien gestionada, con beneficios y una clara expansión en los municipios y, sobre todo, presente en todos los sectores económicos de la provincia, que tuvieron en la entidad un apoyo acorde a sus propósitos fundacionales. La privatización interesada que de todo lo público realizó el Gobierno de España, en los primeros años con el Partido Popular en el poder, condujo a la desaparición definitiva del Banco de Alicante con todo el grupo Banco Exterior. Ahora, la desmedida intervención de la Generalitat en las cajas de ahorro valencianas, desde que el PP alcanzara el poder en 1996, ha acabado con Bancaja, refugiada en Caja Madrid, y con la CAM, convertida en banco intervenido y expuesta en la plaza pública al mejor postor. Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, presidentes de la Generalitat entre 1996 y 2011, pasarán a la historia como los responsables del fin del sueño valenciano: contar en estas tierras, de Vinaroz a Orihuela, con instrumentos financieros propios que sirvieran para impulsar nuestra economía, como hacían vascos y catalanes. Un fracaso histórico e irreversible, probablemente, en estos tiempos de economía globalizada. Zaplana y Olivas encontraron un refugio bien dotado económicamente, y el tercero, pese a su dimisión como imputado, está llamado -Rajoy dixit- a nuevas glorias políticas. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!
Finalmente, dos palabras más sobre la CAM, intervenida con casi ¡un billón! de las antiguas pesetas, entre los 2.800 millones de euros de recapitalización y los 3.000 millones de disponibilidad inmediata, que con esto del euro todas las cifras parecen pequeñas. Los últimos datos contables de la CAM atribuían a las comisiones de clientes más del 80 por ciento de la cifra total de beneficios. Luego, era verdad que la caja era nuestra, de los impositores, ya que nuestra fidelidad a la entidad era la que mantenía en positivo sus resultados y no la buena gestión financiera e inversora de sus consejeros y directivos, tan bien remunerados en créditos preferentes y sueldos millonarios. Los especialistas en Historia Económica tienen suficiente material para un estudio, tanto de la intromisión política partidista en las instituciones financieras, como de lo descabellado de tantas decisiones económicas ruinosas de un grupo dirigente (Consejo y altos directivos). En el batiburrillo de sonoros fracasos de la CAM, y malas amistades, se pueden ver arrastrados la Obra Social, un patrimonio y un mecenazgo cultural irremplazables en Alicante, algunas empresas participadas bien gestionadas o proyectos de futuro como los surgidos del estudio I+D para acciones concretas en el territorio de Alicante, sobre cuya continuidad se abren ahora muchas incógnitas.
Todos los alicantinos perderemos con la desaparición de la CAM, cuando sea adjudicada entera o troceada. La sociedad valenciana, con lo sucedido en Bancaja y la CAM, ha fracasado en su voluntad de dotarse de instrumentos financieros cercanos y atentos a la realidad del territorio y de sus gentes, de sus sectores económicos y sociales. Pero no todos somos igual de responsables. Hay algunos que por acción, como los expresidentes de la Generalitat ya mencionados, como por omisión, capítulo que encabezan las organizaciones patronales y camerales regionales y provinciales tan sumisas durante los últimos años a los desafueros del poder establecido, tienen sobre su conciencia un mayor peso. En el capítulo de responsables/irresponsables destacan aquellos miembros del Consejo de Administración -captados o cooptados por los dirigentes de partidos, sindicatos e instituciones económicas- y aquellos altos directivos que han protagonizado muchos de los avatares de la CAM en los últimos tiempos. Son quienes, a la vista de lo que se va conociendo, quizá tengan que responder en otras instancias. Socialmente, al menos, ni vestidos de arpillera ni cubiertos de ceniza, deberían pisar la calle sin sonrojo.

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