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Al menos eso es lo que señalan a este periódico fuentes conocedoras de la situación y de las explicaciones que dieron la semana pasada los administradores puestos por el Banco de España a los representantes sindicales.

La sangría, en cambio, se produjo en los meses previos a la intervención. La retirada de dinero alcanza los 2.500 millones entre octubre del año pasado y junio del presente, más del 7 por ciento del total. La salida de imposiciones se aceleró especialmente desde finales de marzo, cuando la alicantina fue expulsada del grupo liderado por Cajastur.

En apenas un trimestre, el volumen de los depósitos de la entidad bajó en unos 1.000 millones, frente a la caída de 1.500 millones registrada en el semestre anterior. "La intervención ha frenado la incertidumbre y la entrada del FROB ha contenido la hemorragia, ya que ahora los clientes confían en la gestión que realice el Banco de España", explican fuentes internas del grupo levantino. El volumen actual de recursos de clientes minoristas gestionado por CAM se sitúa ligeramente por encima de los 30.000 millones.

Esta situación de relativa normalidad a priori podría aliviar sus compromisos de pagos más recientes y no tener que echar mano de los 3.000 millones que le ha dispuesto el regulador a través de una línea de liquidez. El Banco de España también aprobó la inyección de 2.800 millones en forma de capital para cumplir con la normativa de solvencia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Tensiones de liquidez

Eso sí, las dificultades de CAM podrían agravarse en los próximos meses. Los vencimientos de deuda de la alicantina ascienden a 9.000 millones hasta finales de 2013.

Estos compromisos, unido a la fuga de depósitos iniciada después del verano pasado, fueron uno de los motivos por el que los responsables de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron romper con la entidad recientemente intervenida por el supervisor. Los 3.550 millones que vencen en el conjunto de 2011 están cubiertos en su práctica totalidad.

Desde la ruptura, ante el abultado volumen de pagos al que tiene que hacer frente, la CAM ha llevado a cabo distintas operaciones para poder acudir al Banco Central Europeo (BCE) y contar con la financiación suficiente. Ha emitido cédulas hipotecarias por 2.000 millones que ha recomprado con el objetivo de contar con activos con garantía que se puedan descontar para que el BCE le disponga de fondos a un bajo precio, de un 1,5 por ciento de interés.

La sangría de depósitos coincide con un momento en que los mercados estaban intranquilos por el futuro de Portugal, Irlanda, España e Italia, y con una guerra del pasivo en su máximo esplendor. Los principales bancos y buena parte de las cajas ofrecían rentabilidades que superaban el 4% ante el cierre de la financiación mayorista, lo que alimentó la retirada de dinero de la CAM.

El triple que las cajas

Las cajas han sido las perdedoras de la batalla, con un descenso de las imposiciones de particulares y empresas que está en torno al 2% en su conjunto, por lo que el impacto en el sector ha sido tres veces inferior al de la entidad alicantina.

Los bancos han sido los ganadores, con un aumento superior al 4% en los recursos de clientes gestionados desde el pasado mes de septiembre. El Santander, el Popular y el Sabadell son los grupos que más han visto incrementar el saldo de depósitos.

La situación de liquidez es uno de las variables que tendrán muy en cuenta los posibles compradores de la alicantina a la hora de lanzar una oferta vinculante por sus activos en la subasta pública que previsiblemente se celebrará el próximo mes o a principios de octubre.

Entre los candidatos para hacerse con la alicantina se encuentran entidades nacionales y extranjeras. Además del Santander, BBVA y La Caixa, se encuentran BBK, Unicaja, Ibercaja, BNP Paribas, Barclays y el Sabadell. En los primeros contactos, éstos están solicitando ayudas por valor de 3.000 millones para cubrir pérdidas inesperadas de por créditos tóxicos.

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