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La ruinosa situación de Caja Mediterráneo (CAM) forzó al Banco de España a intervenir la que había sido la cuarta caja de España y despedir a sus gestores el pasado 22 de julio. La apuesta desbocada por el ladrillo y la connivencia con el poder político en la Comunidad de Valencia llevaron a un callejón sin salida a la que había sido cuarta caja española. Pero los problemas vienen de muy atrás. Ya en 2009, la filial inmobiliaria de la CAM -Tenedora de Inversiones y Participaciones- se encontraba en una situación de quiebra técnica.

Según las cuentas de 2009 depositadas en el Registro Mercantil, las últimas disponibles, el patrimonio neto de la empresa propiedad de la CAM era de una cantidad negativa en 154 millones de euros, cuando tan solo un año antes era de casi 55 millones positivos. Los fondos propios de esta compañía dedicada a la adquisición, enajenación, tenencia, promoción inmobiliaria, urbanización, parcelación, construcción y otras actividades inmobiliarias, pasaron de rozar los 55 millones de euros en 2008 a superar una cifra negativa de 152 millones. Mientras, el capital se mantenía fijo en la cifra del capital escriturado: 60,5 millones de euros.

Además, la deuda con las empresas del grupo y asociadas también se disparó durante ese ejercicio: de 649 millones a 1.665. Un repunte superior al 150%. Así, a final de año el total de pasivos corrientes ascendía a 1.675 millones de euros.

La inmobiliaria pudo sobrellevar la insolvencia a través de las inyecciones de capital que recibía de su matriz, la CAM. "La sociedad [Tenedora de Inversiones y Participaciones] ha formalizado el 30 de junio de 2010 un préstamo participativo con su socio mayoritario [la CAM] por importe de 173 millones de euros para restablecer su equilibrio patrimonial", señala el socio de KPMG Miguel Ángel Paredes, que firma el informe de auditoría de las cuentas anuales, fechado el 31 de julio de 2010. "La sociedad cuenta con el apoyo formal de su socio mayoritario para hacer frente a las necesidades financieras adicionales que pudieran plantearse", añade el auditor.

Por otra parte, el proyecto urbanístico en México de Cabo Cortés, en el que la CAM había invertido 230 millones de dólares (160 millones de euros al cambio actual), ha quedado paralizado, según informó ayer la cadena SER. Cabo Cortés es un complejo turístico del tamaño de Cancún que se planea construir en Baja California, México. Este complejo hotelero corre a cargo de Hansa Urbana, una de las promotoras alicantinas en cuyo accionariado tuvo que entrar la CAM ante las dificultades para poder devolver el dinero prestado. Jesús Guilabert, director del proyecto en México, reconoce que ya se han invertido 230 millones de dólares y se podrían llegar a desembolsar hasta 800 millones de dólares (unos 555 millones de euros), aunque no hay ninguna certeza de que el proyecto llegue a término.

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