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PERE ROSTOLL ALICANTE En los últimos veinte años, el "día a día" de la CAM ha estado marcado, en gran medida y a la vez que la Generalitat incrementaba su poder con el avance de las competencias autonómicas, por las maniobras de los dos grandes partidos para intentar orientar las decisiones de un instrumento social y económico esencial para Alicante.

Cierto que con los socialistas, a principio de la década de los 90, se vivió la primera gran batalla política por el control de la caja con la fusión -contra el criterio del entonces jefe del Consell, Joan Lerma- de las dos entidades alicantinas -la CAM y la Caja de Ahorros Provincial (CAPA)-, un proceso que desembocó en un "ajuste de cuentas" interno dentro del PSPV. Pero también es verdad que las maniobras para tutelar la entidad de ahorro se intensificaron con la victoria electoral del PP en 1995; el ascenso a la Generalitat de Eduardo Zaplana; y, finalmente, con los pulsos entre Francisco Camps -tras llegar al Consell en 2003- y los partidarios de Joaquín Ripoll, al frente de la Diputación y del "aparato" del PP de Alicante.

A finales de los años 80, la CAM era una entidad modelada con la incorporación de pequeñas cajas de ámbito local y comarcal, con un servicio casi directo a sus clientes y con una notable obra social y agrícola, especialmente útil para los municipios medios y pequeños. Con el arranque de la década de los 90, sin embargo, el Consell del socialista Joan Lerma -tirando de su poder político- puso encima de la mesa la creación de una gran entidad financiera en la Comunidad -el sueño que nunca ha ocultado el sector más autonomista del socialismo valenciano- con la fusión de las cajas provinciales de Alicante, Valencia y Castellón.

A diferencia de la trayectoria histórica de la CAM, la Caja de Ahorros Provincial de Alicante (CAPA) sí era una entidad muy politizada. Su consejo estaba plagado de militantes socialistas y estaba presidida por Francisco Rodríguez Valderrama, que compaginaba la dirección de la caja con un escaño en las Cortes y que era conocido con el apodo de "Paco PSOE". Los socialistas alicantinos -con Antonio Fernández Valenzuela, entonces presidente de la Diputación, al frente- se oponían a los deseos de Lerma. Entendían que, de esa manera, Alicante perdía peso económico frente a Valencia. Contra la voluntad de Joan Lerma, Valenzuela promovió una operación para garantizar que las dos entidades alicantinas se unieran frente a la maniobra que, finalmente, impuso el Consell para sumar las cajas provinciales de Valencia y Castellón como germen de la actual Bancaja.

A partir de entonces, la CAM se "contaminó" de la politización de la entidad que, en la práctica, había absorbido. De hecho, cuando la nueva caja, en marzo de 1992, culminó el proceso de fusión de sus órganos directivos, la principal crítica de la dirección provincial del PP fue el "desembarco" de los socialistas en el nuevo consejo. De los 28 miembros, presididos por Román Bono, cerca de una veintena tenían vinculación directa o indirecta con el puño y la rosa. La mitad de los vicepresidentes eran del PSPV; Ramón Berenguer, alcalde de Aspe y destacado guerrista, el secretario; y el alteano José Pérez Grau, entonces concejal y hoy secretario general de la Subdelegación del Gobierno, el vicesecretario. Y, además, a las pocas horas de conocerse la fusión, el hasta entonces director general de la CAM, Miguel Romá, fue "invitado" a dimitir para ser relevado por Juan Antonio Gisbert, afiliado del PSPV y durante años director de Economía de la Generalitat.

La caída de los socialistas en 1995 y el ascenso, agitando la bandera de la regeneración democrática, de Eduardo Zaplana no relajó los movimientos políticos alrededor de la CAM. Al contrario. Zaplana dio todos los pasos para ir ajustando el sistema y acabar controlando la caja. Empezó a través de los municipios. La victoria en las principales localidades, incluso en Alicante por vez primera, fue la puerta que utilizó para tratar de ampliar su presencia en el consejo de la CAM. Los populares propusieron, entre otros a Miguel Valor, secretario provincial del PP de la época; a Antonio Gil-Terrón, que después tendrá un papel esencial en las turbulencias de la caja; a Justo Valverde, por aquel entonces cuñado del nuevo jefe del Consell; o a Manuel Pérez Fenoll, concejal de Benidorm y que, en aquellos momentos, era íntimo amigo de Eduardo Zaplana.

El golpe definitivo, sin embargo, llegó con la modificación, en enero de 1997, de la ley de cajas valenciana, aprobada con los votos del PP y de sus socios parlamentarios de Unión Valenciana, que, en la práctica, garantizaba el control político de las entidades de ahorro. Por vez primera, la Generalitat tenía el derecho, con la mayoría de turno en las Cortes, a la elección de una cuota directa del 30% de los consejeros. La nueva legislación "echaba" del consejo a los cargos públicos pero, en la práctica, el proceso se convertía en un "coladero" para situar en las cajas a empresarios afines y ex dirigentes. En febrero de 1998, a la primera oportunidad y cuando los plazos se lo permitieron, Zaplana no dejó pasar la ocasión. Forzó la salida de Román Bono para sustituirlo, en medio de un intenso debate y de gran polémica, por Vicente Sala, un empresario de su más absoluta confianza.

Aquella renovación de consejeros encumbró, además, al constructor Armando Sala, a Javier Guillamón y a Antonio Gil-Terrón, respectivamente, a las vicepresidencias territoriales de Alicante, Murcia y Valencia. Durante aquella primera etapa de Zaplana, el consejo de administración se convirtió en una "jaula de grillos". Sala, Guillamón y Gil-Terrón, que llegaron a ser conocidos como los "tres tenores", lanzaban duras críticas contra la gestión de la entidad y se reunían, en una especie de tertulia a la que invitaban a periodistas, antes y después de los consejos para comentar la jugada. Era casi imposible dar cuenta de una operación financiera de la caja durante las convocatorias de los órganos de dirección de la entidad de ahorro: a los pocos minutos se convertía en pública.

Pero el Consell necesitaba "manejar" a las cajas más que nunca. Con Eduardo Zaplana llegó la estrategia de los eventos millonarios y de los grandes complejos. A medida que la deuda del Consell crecía de forma imparable hasta triplicar la que dejaron los socialistas en 1995, Zaplana necesitaba más y más fondos para financiar sus nuevos proyectos. A partir de ese momento y hasta ahora, los diferentes gobiernos del PP "exprimieron" a las entidades de ahorro para poner en marcha sus iniciativas. Zaplana buscó a la CAM, por ejemplo, para sacar adelante el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz.

Y como uno de los socios de referencia -la caja alicantina y Bancaja, sumadas, tenían el paquete mayoritario- de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm convertido en un pozo sin fondo de pérdidas. Las entidades financieras también le sirvieron a Zaplana, a partir de 1999, para financiar nuevos modelos de "gestión privada" de servicios públicos como la atención sanitaria del Hospital de Alzira, participado también por la CAM y Bancaja.

Al Consell de Eduardo Zaplana ya no le quedó ningún obstáculo cuando, en enero de 2001, impulsó el relevo como director general de Juan Antonio Gisbert, que presentó su renuncia en medio de fuertes presiones. La dimisión se produjo cinco meses después de que Zaplana explorara la fusión de las dos grandes cajas de la Comunidad -otro elemento recurrente en la batalla política que ha marcado a la CAM estas dos décadas- y pidiera a ambas entidades un informe sobre la operación. La memoria presentada por la caja alicantina, dirigida por Gisbert, ponía innumerables pegas a la maniobra. Y Zaplana no perdonó.

Recta final de Zaplana
Llegó al cargo Roberto López Abad, hasta entonces adjunto de Juan Antonio Gisbert en la dirección de la caja con sede en Alicante. Era un profesional sin adscripción ideológica conocida pero que, con la caja ya metida en la vorágine de la batalla política, se tuvo que ir adaptando, casi de inmediato, a las maniobras de Eduardo Zaplana primero y más tarde a las de Francisco Camps, que se instalaría en la Generalitat a partir de 2003. La recta final de la gestión de Zaplana -a caballo entre los últimos meses de 2001 y julio de 2002, cuando el entonces jefe del Consell se marchó a Madrid como Ministro de Trabajo- marcó, sin embargo tres precedentes que ya denotaban el nivel de politización extrema de la caja.

Primer síntoma. En la última renovación de consejeros bajo su mandato, el PP "pasó", en diciembre de 2001, de pactar con los socialistas -en uno de los momentos de mayor debilidad de su eterna crisis interna- el reparto de consejeros que debían elegir las Cortes e impuso, amparado en su mayoría absoluta, una lista monocolor. Segundo síntoma. En su día, Javier Guillamón fue elegido vicepresidente de la CAM en representanción de Murcia por consenso de Zaplana y Ramón Luis Valcárcel, el líder del PP en esa autonomía. Valcárcel quería colocar a Ángel Martínez, expresidente de la Cámara de Murcia pero que, en ese momento, ocupaba plaza como asesor personal suyo. Eso suponía la salida de Guillamón que, sin embargo, rechazó dimitir y, gracias al respaldo de Zaplana, pudo renovar para otro mandato como vicepresidente. Y tercero. Se destaparon las maniobras del presidente para crear un grupo de comunicación afín, que recibió préstamos de la caja para poder financiarse y cuyo presidente dirigía, a su vez, la comisión de control de la CAM.

Meses antes de la primera victoria de Francisco Camps en la Generalitat y durante el breve mandato de José Luis Olivas, el Consell promovió, sin ningún éxito, la creación de una corporación para que la CAM y Bancaja sumaran inversiones en proyectos estratégicos. Una manera de intentar empujarlas hacia una fusión pero el proyecto murió, con el paso del tiempo, por inanición. Era época de vacas gordas y a lo largo de varios años, los consejeros se repartieron importantes indemnizaciones y recorrieron medio mundo con reuniones, entre otros destinos, en San Francisco, Moscú, Praga, Buenos Aires o México que duraban varios días, a gastos pagados y acompañados con séquitos de decenas de personas. Camps llegó a la Generalitat en junio de 2003.

A los pocos días, sus partidarios reabrieron públicamente el debate sobre la fusión y empezó la lucha con los afines a Eduardo Zaplana, liderados por Joaquín Ripoll e instalados en el PP de Alicante. La batalla se agudizó casi un año después cuando el director general de la CAM, Roberto López, y el Consell, con la airada protesta de Ripoll, diseñaron la suspensión de pagos para intentar poner fin a la sangría de Terra Mítica, uno de los grandes proyectos de Zaplana.

Camps entendió que, como ya había hecho su antecesor, tenía que controlar la CAM para ganar Alicante. Y, para ello, no le quedaba otra que enfrentarse al escollo que suponía el poder que todavía conservaba Ripoll en la provincia. Renovación tras renovación de consejeros, el jefe del Consell y el entonces presidente de la Diputación se enfrascaron, con los socialistas como espectadores y en algún caso como colaboradores necesarios, en interminables pulsos que minaban la caja.

A finales de 2006, Camps se lanzó al ataque y trató de adelantar la elección de nuevos consejeros. Pactó con el PSPV que días más tarde también intentó un acuerdo con Ripoll, en un baile que evidencia la desorientación de los socialistas en la entidad, para marcar distancias con la etapa de Zaplana. Una alianza de Camps con Valcárcel les permitió arrebatar el control de la CAM a los ripollistas, que se quedaron con la vicepresidencia de Armando Sala como único reducto.

El jefe del Consell no logró el relevo de Vicente Sala pero ya situó a Modesto Crespo -su hombre en la CAM- en la secretaría del consejo. Era cuestión de tiempo. La ley de cajas marca la "jubilación" forzosa de los consejeros a los 70 años, salvo que el Consell modifique la decisión, algo que Camps no hizo. Sala los cumplió y, en enero de 2010, Crespo llegó a la presidencia de una caja que ya estaba en una situación muy complicada, azotada por la crisis, ypor el impacto del ladrillo.

La censura a Benedetti y la disputa con la Universidad de Alicante
La Obra Social y la relación de la CAM con la sociedad civil también se ha visto salpicada por la polémica a lo largo de las últimas dos décadas. Un proceso que tuvo su momento culminante en 1999 con la censura de un acto, organizado inicialmente por la caja, en el que debía participar el escritor Mario Benedetti y que la entidad anuló al intervenir el entonces rector de la Universidad de Alicante (UA), Andrés Pedreño, enfrentado con Eduardo Zaplana desde la apertura del curso universitario 1996-1997.

Zaplana ordenó que la CAM hiciera el vacío a la UA en una situación kafkiana. Mientras la Generalitat "tiraba" de la caja para adelantar fondos al centro universitario y garantizar su funcionamiento ante los problemas de liquidez del Consell, en el Campus de San Vicente -con 30.000 potenciales clientes para la entidad de ahorro- sólo había cajeros del Banco de Santander.

Inversiones ruinosas y apoyo a constructores ligados al poder
Con la recesión, la caja alicantina se ha visto afectada por la crisis del ladrillo, acrecentada por su respaldo financiero a constructores cercanos al poder político de la Comunidad, como El Pocero o Enrique Ortiz, con el que la CAM compartía sociedades; o de Murcia, caso de la promotora Polaris. Y a proyectos como los aeropuertos de Castellón -desechado finalmente- y San Javier. En la carrera por ganar tamaño, igualmente, se han producido inversiones ruinosas. La compra de los bancos Abbey y San Paolo -con Juan Antonio Gisbert- acarreó pérdidas; como también generó problemas la participación en Hansa Urbana, una empresa que pugnaba por el pastel urbanístico de la ciudad de Alicante; o los negocios en Costa Rica y México ya bajo mandato de Roberto López.

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