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Las cuatro cajas que están al borde de una nacionalización parcial (Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Caja Mediterráneo) se apoyan en la venta de su cartera industrial para reducir al mínimo la toma de control por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
Cuatro cajas de ahorros españolas maniobran a contrarreloj para evitar que el FROB tome una participación mayoritaria en su accionariado. La gran caja gallega (Novacaixagalicia), dos cajas catalanas (Unnim y Catalunya Caixa) y la alicantina Caja Mediterráneo (CAM) tienen unas necesidades conjuntas de capital de 7.708 millones de euros, según el Banco de España.
Con el recurso de salir a Bolsa cerrado y la enorme dificultad de atraer inversores privados, la venta de parte de su cartera industrial se revela como una de las escasas alternativas para mejorar la solvencia y minimizar así el desembarco del FROB.
Novacaixagalicia, que necesita 2.622 millones de euros, es una de las entidades que más se está aplicando. En los últimos 12 meses ha vendido un 15% de Pescanova, así como sus participaciones en varias compañías portuguesas (Galp, EDP, Brise...). Tras estas operaciones, su cartera sigue siendo extensa: controla el 9% de Sacyr, un 2,7% de NH Hoteles, cerca de un 50% de Banco Gallego, y Banca Etxevarría, un 20% de Tecnocom.
El conjunto de sus inversiones podría alcanzar un valor de 500 millones de euros, según el valor de mercado de las compañías cotizadas en las que participa y los cálculos un reciente informe del banco de inversión Bank of America Merrill Lynch.
Otra de las cajas en apuros que tiene una amplia cartera de participadas es Caja Mediterráneo. La entidad alicantina se ha visto expuesta a una difícil situación financiera desde que salió de la alianza que mantenía con Cajastur, Caja Extremadura y Caja. El supervisor ha cifrado en 2.800 millones de euros sus necesidades de capital.
Los intereses de CAM se concentran muy especialmente en el sector turístico y constructor, lo que puede penalizar sus intentos de desinversión. La caja controla un 5,1% de TUI, el mayor touroperador europeo, y un 6% en Sol Meliá. Ambas participaciones tienen un valor de mercado conjunto cercano a los 200 millones de euros.
Las opciones de las catalanas
Las cajas catalanas que necesitan reforzar su solvencia, Catalunya Caixa y Unnim, cuentan con menos cartera industrial para vender. La primera, tras vender en enero su participación el 1,6% que controlaba en Repsol por 450 millones de euros, tan solo cuenta con una última bala en la recámara: el 1,62% de Gas Natural que rondaría los 200 millones de euros, según la capitalización actual de la compañía energética. Esta cantidad queda muy lejos de los 1.718 millones de capital principal que requiere la entidad.
Unnim, por su parte, cuenta con un participación del 1,64% en Abertis, cuyo valor de mercado ronda los 200 millones de euros, frente a los 568 que requiere la entidad.
Las nuevas normas de solvencia penalizan la inversión industrial
La nueva regulación internacional en materia de solvencia, conocida como Basilea III, ha introducido un importante aliciente para que las entidades financieras se desprendan de su cartera industrial. Los reguladores quieren obligar a la banca a que este tipo de inversiones al margen del sector financiero tengan un alto consumo de capital, para así evitar operaciones arriesgadas y especulativas.
El presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidro Fainé, se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de este aspecto de Basilea III, al considerar que la inversión a largo plazo de las cajas en el sector industrial español ha sido una de las claves del despegue económico del país. Fainé ha llegado a reunirse con el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, para que suavice esta penalización a la cartera de participadas.
Un reciente cambio legal ofrece ventajas contables
La contabilización de los ingresos procedentes de una participación industrial pueden variar en función de múltiples variables. En primer lugar, de si la inversión se registra en el balance como participada (si la entidad tiene un alto control de la misma), como puesta en equivalencia o como "participación disponible para la venta".
En este último caso, el Banco de España ha introducido un cambio normativo que incentiva la venta de la cartera industrial. Según explican fuentes de una importante consultora, el supervisor permite que el balance no deba reflejar en todo momento el valor de mercado de las participaciones. Así pues, si la caja vende la participación con plusvalías, la nueva regulación permite destinar una parte de las mismas a reforzar los recursos propios.
Otro factor clave es el valor al que están contabilizado en libros las participaciones.
Plazo máximo
El Banco de España fijó el mes de septiembre como plazo máximo para que las entidades financieras alcanzaran los nuevos niveles de solvencia. Sin embargo, la mayoría de entidades pretende tener un plan claro de recapitalización antes de agosto, ya sea con salidas a Bolsa, búsqueda de socios o venta de activos. |
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