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La reestructuración del sector financiero pasará una elevada factura a las arcas estatales; Mientras el Gobierno se plantea modificar la ley para que las empresas privadas que tengan beneficios no recurran al dinero público para llevar a cabo sus ajustes laborales, las cajas de ahorros ya tienen asfaltado el camino para recorrer de la mano de más de 11.000 prejubilados ese trayecto.
A los casi 11.000 millones de euros que las cajas han recibido a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que tendrán que devolver más unos intereses que el primer año son del 7,75%, hay que sumar ahora el coste laboral que supondrá la salida de más de 11.000 empleados y que durante dos años acudirán a las prestaciones por desempleo que sufraga el antiguo Instituto Nacional de Empleo (Inem). Hasta ahora, todas las cajas de ahorros españolas han declarado beneficios.
¿La razón? El vehículo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se han subido las cajas de ahorros como medio para acometer el ajuste laboral en el sector provoca que el coste para las entidades financieras se reparta con las arcas estatales. En concreto, al tramitarse como ERE, los prejubilados pasan a ser, en la práctica, despedidos de cuya cobertura se hace cargo el Estado durante los dos primeros años que el empleado cobra el popular paro.
Mientras tanto, la entidad financiera se ahorra las cotizaciones al Convenio Especial de la Seguridad Social del trabajador, que corren a cargo del Inem durante ese periodo, según explican en fuentes sindicales. Transcurrido ese plazo de dos años, el trabajador se hace cargo de sus propias cotizaciones a la Seguridad Social y la entidad cubre el resto hasta llegar, en la mayor parte de los casos, hasta los 63 años, según el modelo que se viene aplicando en la mayoría de los acuerdos suscritos entre las entidades y los trabajadores, según las mismas fuentes sindicales.
A partir de los 63 años -edad de corte en la que se vienen cerrando las negociaciones-, el empleado procedería a pedir la prestación por jubilación, de tal forma que la entidad financiera se ahorra dos años de cobertura social al prejubilado, así como la tributación al Convenio Especial de la Seguridad Social.
El modelo, que es el que el despacho de abogados laboralistas Sagardoy ha extendido a la mayor parte de este tipo de negociaciones, provoca un ahorro de costes que los expertos consultados por este periódico cifra en el 25 por ciento para la entidad y que va en función de las condiciones que se apliquen.
Esta nueva fórmula elegida por el sector financiero evita mermar las reservas de la entidad donde, hasta ahora, se cargaban estos procesos, trasladando parte de ese coste a las arcas estatales. Hasta la fecha, y tomando como referencia las grandes reestructuraciones llevadas a cabo por el Santander y BBVA, estos costes iban directamente a las reservas de la entidad.
Procesos
De hecho, y con datos aún provisionales, el número de prejubilaciones ejecutadas estaría en torno a los 8.600 empleados hasta principios de este año, según datos de las organizaciones sindicales. Mientras que a cierre de 2010, y según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las cajas habrían destinado a ajustes de plantilla en torno a 2.632 millones de euros (cifras cerradas en las que no se incluyen muchos de los procesos en marcha).
Uno de los procesos que aún no se ha completado es el de Bankia, donde saldrán en torno a los 4.000 empleados y de los que 2.900 ya han firmado su salida. Otros, como los de Novacaixagalicia -ver apoyo-, se han anticipado a sus planes iniciales mientras que otros que habían empezado a dar sus primeros pasos se han visto obligados a un replanteamiento.
Ese es el caso de Caja Duero y España, que tras la llegada de Unicaja podría sufrir algún ajuste adicional sobre las 846 prejubilaciones inicialmente previstas. O el caso de Banco Base que, después de que se deshiciera la integración de Cajastur, Extremadura y Cantabria con Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), se ve ahora obligada un replanteamiento de su estrategia. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales de la entidad alicantina han reclamado que se retomen las negociaciones para la prejubilación de un total de 860 empleados tras recibir la entidad 2.800 millones de euros en ayudas públicas.
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