José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Luis Millan. EFE

El Ministerio de Seguridad Social ha presentado este lunes una propuesta para la segunda parte de la reforma de las pensiones en la mesa del diálogo social que, entre otras medidas, incluye la posibilidad de ampliar el período de cálculo para las pensiones públicas de los últimos 25 años de la vida laboral que se utilizan actualmente a los 30 últimos años, con la posibilidad de que se elijan los 28 mejores.

Según ha informado el Gobierno al término de la reunión con la patronal de empresarios y los sindicatos, su propuesta inicial sujeta a negociación "incluye la extensión moderada del período de cómputo de la pensión, que supone la elección de los mejores 28 años de 30 años (es decir, se descartan las peores 24 mensualidades), un cambio que se realizaría de manera progresiva", al igual que sucedió con la última ampliación del período de cómputo de 15 a 25 años, que se desarrolló entre 2013 y 2022.

El Ministerio que dirige José Luis Escrivá ha propuesto también mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización (períodos largos sin cotizar) para las mujeres, y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género, que tuvo que ser corregido tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba el complemento discriminatorio para los hombres.

Proponen también dar un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

Escrivá había adelantado que esta reforma sobre el período de cómputo de la pensión sería neutra en términos presupuestarios, es decir, que no supondría un incremento de los ingresos, razón también por la que los sindicatos la han rechazado hasta la fecha. "No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto", ha considerado CCOO.

Subida anual de las bases de cotización

El Ministerio también ha confirmado su intención de ligar la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, al que se sumaría un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de un incremento de la pensión máxima. Si este sistema estuviera activo ya en este ejercicio, en el que se prevé que la inflación promedio ronde el 8,5%, la subida de las bases máximas para el próximo año sería del 9,65%.

"Hay que recordar que este planteamiento es un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días", ha señalado el Ministerio en la noche de este lunes. Las negociaciones llevaban interrumpidas meses, en parte a la espera de que se celebraran las elecciones en CEOE, que tuvieron lugar el pasado jueves y en las que Antonio Garamendi revalidó su puesto al frente de los empresarios.

Los agentes sociales han recibido la propuesta con recelo, especialmente la CEOE, que ha señalado que ve difícil la posibilidad de llegar a un consenso: "De entrada no vemos que pueda dar lugar a acuerdo. Además, llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político", han apuntado fuentes de la patronal, que han dicho que estudiarán el documento. El Gobierno tiene que aprobar la reforma antes del 31 de diciembre para cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación.

La voluntad del Ejecutivo de automatizar una subida anual de las bases máximas de cotización conforme a un porcentaje que se extraerá de sumar 1,154 puntos al IPC promedio anual se traducirá en un incremento de los costes laborales para las empresas, ya que las compañías tendrán que aplicar el tipo de cotización sobre una base cada vez más elevada para los trabajadores con mayores sueldos y, en consecuencia, pagarán más a la Seguridad Social.

Ese incremento también se traducirá un aumento de la aportación que hacen los trabajadores, si bien estos, en el futuro, se verán compensados por un aumento de la pensión máxima.

Precisamente ese decalaje (se subirían las bases máximas ya, pero el aumento de esas pensiones máximas no se producirá hasta que esos trabajadores se jubilen) es lo que permitirá a la Seguridad Social garantizarse unos ingresos adicionales cuando más los necesita: ahora que se va a empezar a jubilar la generación del babyboom y habrá una presión extraordinaria en los gastos. Para el año que viene está previsto que el gasto en pensiones supere los 190.000 millones de euros.

"Insuficiente" para los sindicatos

Los sindicatos sí ven con buenos ojos el aumento de las bases máximas. "Recibimos con satisfacción que se haya atendido una fuerte reivindicación sindical al recoger, por primera vez, que se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el mismo índice de revalorización del resto de pensiones; es decir, al menos con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes", ha celebrado CCOO.

"Esta propuesta significa evitar, por fin, que la actuación discrecional cada año por el gobierno de turno en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo sobre bases máximas de cotización, lleve, como ha ocurrido en el pasado, que los salarios más altos pueden disminuir su cotización en términos reales por crecer por debajo de los precios y salarios", han señalado.

Pese a estar satisfechos con la propuesta creen que es incluso "insuficiente" y que el Gobierno debería ir más allá llegando a destopar las bases máximas de cotización, para que todos los trabajadores y empresas coticen por la integridad de su sueldo (el tipo de cotización se aplicaría por el total del salario). "Si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 7.000 - 8.000 millones euros anuales", defienden.

"CCOO ve insuficiente la propuesta, lamenta su tardanza y reclama medidas en mejora de ingresos, reducción de la brecha de género y pensiones mínimas", han apuntado. Piden una garantía de suficiencia para la cuantía de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas ligada al riesgo de pobreza, la revisión de la vigente fórmula de integración de lagunas, o la mejora de prestaciones vinculadas a la reducción del impacto de la brecha de género (complemento por brecha de género, períodos reconocidos como cotizados en situaciones de excedencia, reducción de jornada, etc.).

UGT, que mañana celebra su Comité Confederal, máximo órgano entre Congresos, no ha querido pronunciarse al término de la reunión.

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