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JUAN R GIL - El Banco Base (el contenedor financiero que, como ahora se ha visto, era más que virtual, creado por la Caja del Mediterráneo, Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura) presentará mañana al Banco de España un plan de recapitalización que supone pedir nuevas ayudas, por cerca de 1.500 millones de euros, al Fondo de Rescate Bancario, el FROB. Lo hará, con la oposición de la entidad alicantina, que prefería buscar fondos en el parqué, porque no le queda más remedio: la última del sinfín de normas que el Banco de España y el Gobierno han decretado en el último año en relación a las cajas, así lo impone. Pero estará presentando un castillo en el aire. Porque lo que vale es, 48 horas después, lo que el próximo miércoles acuerden las asambleas de las respectivas entidades respecto al contrato de integración que en su día firmaron todas. Y puesto que se pretende cambiar, de esas asambleas, a día de hoy, lo único que puede salir es un escándalo que afectará a la solvencia, no sólo de los actores implicados en este drama, sino de todo el sistema de cajas y del propio Banco de España.
La CAM, que hace apenas dos años era la cuarta caja de ahorros española, la primera en salir a Bolsa y una de las consideradas más serias, se ha dejado en este ínterin todo su prestigio y gran parte de su valor. Que ha habido una mala gestión de los tiempos y las estrategias por parte de sus máximos responsables es algo que a estas alturas no tiene ya discusión. La CAM se fue acercando al precipicio desde que estalló la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria minó sus rerservas. Acampó en el borde mismo de él hace justo un año, cuando sin motivo racional alguno rompió el preacuerdo que tenía con CajaMurcia para una fusión que era, desde todos los puntos de vista, la mejor de las posibles. Y ahora, después de aliarse a la fuerza con Cajastur, ha abierto la tienda de campaña y se encuentra con que frente a ella sólo está el abismo. Pero no sólo la cúpula de la CAM es culpable. Eso sería una simplificación injusta. El Banco de España tiene mucho que ver con la postración en que ha quedado una entidad que fue durante más de un siglo referencia. Ha sido la más castigada por el supervisor; aquella con la que ha jugado y ha presionado hasta extremos que serían dignos de trasladar a un tribunal para que los juzgase. Y, sobre todo, Fernández Ordóñez ha permitido ahora, impasible, que su solvencia se arrastre por los suelos, y con ella la de toda la marca «cajas».
El Banco de España tuvo durante los últimos años inspectores permanentes en Alicante. O sea, que la auditoría a las operaciones de la CAM, incluso a las más disparatadas que ahora puedan esgrimirse, fue constante. Si vale un ejemplo, la compra de la sociedad hipotecaria con la que, en plena crisis, se quedó la CAM en México, y que sólo ha dado disgustos en los libros contables, se ejecutó con el visto bueno expreso del organismo supervisor. La CAM puede que lo hiciera muy mal y tenga que pagar ahora las consecuencias, pero uno no recuerda que en los tiempos de bonanza ni la sociedad civil alicantina ni los políticos de ningún signo le pidieran que parase. Y el Banco de España tampoco puede salirse de ésta de rositas.
Como tampoco puede llamarse andana Fernández Ordóñez cuando el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, fiel a su estilo, pega el hachazo en el último instante. A una semana de expirar todos los plazos legales, es decir, sin dejar tiempo alguno a la reacción, Menéndez permite primero que se difunda contra la CAM la mayor campaña de desprestigio que ninguna entidad financiera ha sufrido en las últimas décadas en España para lograr, después, otra vez una posición ventajosa y conseguir así que un contrato de integración en el que la CAM, a pesar de ser más que todos los demás socios juntos, se quedaba con una participación igual que la caja del Principado (mucho menor que ella aunque esté más saneada) y renunciaba al mando efectivo del nuevo grupo, vuelva a cambiarse para que la caja alicantina quede definitivamente relegada mientras la asturiana incrementa aún más su poder.
El Banco de España ha consentido sin inmutarse eso, igual que antes le hizo a Menéndez el regalo de intervenir para luego dársela en condiciones de saldo, la caja de Castilla-La Mancha, lo que en la práctica se tradujo en que Cajastur triplicara sobre el papel sus oficinas y duplicara sus depósitos, de golpe y con ayudas públicas. Que los máximos representantes de la CAM, Modesto Crespo y Roberto López, se han labrado una muy mala imagen en Madrid y sobre todo en los despachos del organismo supervisor y del Ministerio de Economía, es cierto y, seguramente, merecido. Pero que Menéndez tiene una estrecha relación, incluso académica, con el número dos (para muchos, el verdadero «uno») de Economía, José Manuel Campa, asturiano como él, y que eso le ha servido en los últimos tiempos para hacer lo que a ningún otro (con la lógica excepción de un Fainé o un Rato) se le hubiera consentido, también lo es. ¿Por qué al SIP de Cajastur se le permitió una «cláusula suspensiva», que no se le otorgó a ningún otro? Eso quisieran saber los demás miembros de la Confederación de Cajas.
Si a todo esto unimos que la CAM ha estado peleando sin escudo durante todo este tiempo, porque el Consell de Camps estaba pendiente de los tribunales y no de la economía, ni tenía tampoco peso político para defender nada, el resultado es el que es: una caja, la alicantina, desplomándose en picado, mientras otra, la asturiana, parece gozar de barra libre. Recurriré aquí, y no me importa que sirva de precedente, a citar algunas cosas que han publicado esta semana compañeros de otros medios y que son reveladoras de lo poco que encaja lo que está pasando con lo que el sentido común dicta. En una sola frase, Íñigo Barrón ponía el dedo en la llaga en las páginas de El País, cuando días pasados, después de repasar los números de la CAM y Cajastur (74.000 millones de activos frente a 37.000, en números redondos; más de 42.000 millones en depósitos, frente a 27.000), y explicar que pese a ellos la asturiana pretende tener el 50% del nuevo banco y relegar a la alicantina a una posición irrelevante, sentenciaba: «Algo no cuadra». Y, en El Mundo, Benigno Camañas, que no es que frecuente mucho la crítica a Camps precisamente, arremetía contra él y su gobierno este sábado por su nula capacidad de respuesta ante una crisis que tiene inquieto a todo el empresariado valenciano, pero que el Consell dice que no le preocupa. Claro: lo único que al Consell le preocupa es el Tribunal Superior de Justicia.

Una semana incierta
¿Qué va a pasar esta semana que entra? Nadie es capaz de decirlo. El Banco de España intenta contrarreloj, consciente de su responsabilidad, que Cajastur rebaje sus pretensiones pero que la CAM acepte también disminuir su peso en el conjunto de la entidad. Digamos que no bajar del 40 al 27% como Menéndez quiere, pero sí al 33. El problema es que eso es dar por bueno que los contratos están para romperlos. Y que lo haga el Banco de España está feo, sobre todo cuando es avalista, juez y, por lo que se ve, parte.
Pero además es difícil que, con lo lejos que Ordóñez ha permitido que llegaran las cosas, pueda salvar esto. No es que las culturas empresariales de Cajastur y CAM sean distintas: es que la enemistad entre sus directivos es insoportable. Y más allá de eso, que es importante, nadie, y menos que nadie la CAM (acosada, herida y dividida) controla ya sus asambleas, así que es difícil garantizar ningún pacto, máxime cuando parece que el modo habitual de funcionamiento del Banco Base, con Menéndez al frente, consiste, precisamente, en firmar hoy una cosa y alterarla mañana, pero siempre en el instante más acuciante y a cañonazos. Tampoco la CAM puede aspirar a seguir en solitario, porque los 2.500 millones de euros que necesitaría para recapitalizarse supondrían, en la práctica, la nacionalización de la entidad. ¿La intervención, entonces? Eso es lo que están esperando los bancos con los que se ha intentado negociar: que la intervengan y se la adjudiquen luego a alguno de ellos, por eso hasta ahora esos contactos no han dado frutos. Pero intervenir la CAM para el Banco de España supondría perjudicar la imagen de todo el sector en el mercado y poner en peligro su propia seriedad: el SIP con Cajastur lo alentó el órgano supervisor, las cuentas de la CAM que sirvieron para establecer la participación en ese banco de cada entidad también las selló el Banco de España y los problemas de la CAM se conocían ya entonces y también cuando en enero todos volvieron a dar el visto bueno a los balances.
Por su parte, Cajastur también sale tocada de esta situación: jurídicamente, porque hay un cruce de avales entre las entidades integrantes del SIP que habrá que ver, si éste se rompe, a qué responsabilidades da lugar. Pero, sobre todo, porque Menéndez prometió en Asturias liderar uno de los principales grupos de España. Y, con todos sus problemas, si la CAM se queda fuera de ese grupo, Cajastur, con Cantabria y Extremadura, queda reducida al nivel de pastelito a deglutir. De comandar un transatlántico, se pasa a gobernar un barco de cabotaje en mitad del temporal. Es un pasaporte a la nada. A todos, pues, les interesa un acuerdo. Pero se han pasado tanto, han manoseado y roto tanto el juguete, que volver a pegarlo ahora se antoja un milagro. Y gracias a los errores de la CAM, la ambición de Cajastur, la inhibición de Camps y la irresponsabilidad de Mafo, sólo tienen tres días para arreglarlo. Puede que lo apañen, pero la CAM, como entidad libre y poderosa, está sentenciada. Y nunca ha venido más al pelo el dicho de «Entre todos la mataron». Ahora, eso sí: ella sola no murió. ¡La de años y puñaladas que está costando cargársela!

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