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La Audiencia Nacional ha levantado por segunda vez el archivo del caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) .
La Audiencia Nacional ha levantado por segunda vez el archivo del caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que afectaron a unos 55.000 ahorradores y ha ordenado a la juez de instrucción Carmen Lamela reabrir las diligencias de investigación.
En un auto fechado el pasado 11 de octubre, el tribunal considera "imprescindible" la práctica de nuevas pruebas, como la propuesta por la asociación de consumidores Adicae que consiste en la declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los pormenores de la información ofrecida al cliente.
"Si efectivamente las cuotas acabaron al 99 % en manos de minoristas debería investigase si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la CNMV de la realidad de la operación", expone el escrito, que de este modo contradice el criterio de la juez Lamela.
En autos anteriores, la titular del juzgado central de Instrucción numero 3 rechazó dicha prueba testifical, solicitada por varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el devenir de la causa.
El pasado junio, la magistrada volvía sobreseer esta pieza separada del caso CAM al estimar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas.
Ahora la sala estima los argumentos de los afectados, quienes alegaron que, pese a todo, cuando se tramitó dicha operación en el primer semestre de 2008, los directivos de la extinta caja, hoy integrada en Banco Sabadell, ya "incurrieron en prácticas atípicas y en conductas no adecuadas" que perjudicaron al inversor, como se desprende del peritaje del Banco de España presente en el sumario.
De igual modo, niega que se trate de una "investigación prospectiva" máxime cuando algunos de los testigos, entre ellos un exconsejero y otros exempleados de la CAM, desvelaron posibles indicios de una actuación delictiva en la comercialización entre minoristas y jubilados de las cuotas.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, también afea la conducta del Ministerio Fiscal, que señaló una supuesta falta de parcialidad por parte de uno de los integrantes de la sección tercera de la sala de lo Penal, a quien no se identifica.
En este sentido, el tribunal, compuesto por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, rechaza dicha consideración por "extemporánea" ya que el fiscal "no hizo manifestación alguna" cuando conoció su composición.
Según han informado a Efe fuentes de Adicae, la asociación espera que la decisión suponga un "punto de inflexión" en la investigación y la depuración de responsabilidades por la "venta masiva de productos tóxicos", una maniobra que atribuye al "expolio cometido por los directivos sobre estas entidades".
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