La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve riesgos en la oferta de adquisición de acciones (opa) lanzada por BBVA sobre Sabadell. El organismo se decanta por llevar su estudio a la llamada ''Fase 2'' y analizar de forma más pormenorizada eventuales riesgos para la competencia en los distintos negocios de ambas entidades, un estadio que implica abrir el proceso a la intervención de terceras partes y a la presentación de alegaciones.

Con frecuencia las transacciones que llegan a esta situación resultan sometidas a condicionantes severos para recibir la autorización y supone prolongar el dictamen final en ''Fase II'' en, al menos, tres meses y, con él, también la resolución futura de la opa. No obstante, el regulador puede prorrogar este tiempo de estudio o ''parar el reloj'' si la complejidad del asunto así lo recomienda.

El organismo regulador deja la puerta abierta a un estudio minucioso de la operación, en Fase II. Hasta el momento, la CNMC trabaja en el análisis en su primera fase en un procedimiento que tiene carácter confidencial. "En cuanto se adopte una decisión, incluida la posible apertura de una segunda fase de análisis, se dará publicidad a la decisión", indican fuentes de la CNMC.

La transacción ha despertado posiciones contrapuestas en el seno del organismo. Algunos de sus expertos se inclinan por resolver en primera instancia, previo compromiso de BBVA con algunos condicionales, porque no ven problemas de competencia en ningún segmento de negocio salvo en los TPVs dada la fuerte posición del banco catalán. Otros miembros del organismo se decantaban, en cambio, por llevar el expediente a un análisis más exhaustivo por el carácter hostil de la transacción y para garantizar que no queda aspecto alguno sin escrutar ante el rechazo frontal del Gobierno, y los temores expresados por diferentes asociaciones de empresarios y ejecutivos regionales.

Con independencia de los ''remedies'' que potencialmente pudiese requerir la CNMC, la apertura de la ''Fase 2'' dilatará la resolución del expediente en el tiempo, con riesgo de afectar a la operación si se lanza sin conocer el veredicto de Competencia -no es preceptivo para abrir el periodo de adhesión, aunque BBVA sí lo considera un permiso vinculante-. Que se extienda mucho el plazo podría también afectar al potencial éxito de la opa.

BBVA esperaba un visto bueno en primera fase y con condiciones muy gestionables, en la confianza de que el organismo utilizase la misma metodología aplicada en integraciones bancarias previas. Al respecto apuntó que dio el plácet a la fusión de CaixaBank y Bankia, que gestó el mayor banco del país, con una cuota de mercado superior a la que agregaría Sabadell a BBVA.

El grupo vasco descartaba además que se diese los criterios técnicos requeridos para que el análisis se extienda a una fase posterior porque la transacción no aumenta en más del 10% el balance de BBVA ni la entidad combinada supera el 25% de cuota en los segmentos, criterios ambos que obligarían a llevar el análisis a la llamada "fase dos". "Incluso si cogemos un segmento específico, CaixaBank ha producido un banco de mayores dimensiones. Visto todo esto pensamos que no hay problema de competencia y debería ir a fase uno", sostuvo su consejero delegado, Onur Genç, en unas recientes jornadas financieras.

En cualquier caso, BBVA esperaba realizar algunas cesiones o compromisos, en línea con los asumidos por CaixaBank cuando integró Bankia o Unicaja con Liberbank. En la fusión de CaixaBank y Bankia, la CNMC detectó hasta 86 códigos postales donde la entidad final se quedaba sola, en régimen de monopolio, o duopolio y fijó condiciones en los servicios y productos para evitar un deterioro en la oferta para el consumidor durante tres años, a propuesta del banco. La entidad garantizó que no abandonaría localidades donde solo existían sucursales suyas y mantuvo además el acuerdo de uso de cajeros automáticos con otras entidades durante 18 meses. Para validar la unión de Liberbank y Unicaja, el nuevo grupo tuvo que comprometerse con la CNMC a asumir garantías también en productos y servicios en tres localidades de Cáceres donde se daba una alta concentración.

Sabadell, en cambio, apostó porque la CNMC realizaría un examen más pormenorizado de la transacción por la singularidad del negocio. De un lado, el mercado se encuentra mucho más concentrado que cuando se gestaron las anteriores fusiones y cualquier nuevo movimiento de gran calado como el que se plantea conlleva un riesgo de bajar la competencia a futuro, pero además se da la particularidad de que BBVA y Sabadell tropezarían con posiciones muy fuertes en regiones como Cataluña y Valencia, y en el negocio de pymes.

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno, han alertado de que la desaparición del banco catalán acarrearía un grave problema a las pymes al ser uno de sus grandes proveedores. Según los estudios que baraja la entidad, el "solape" alcanzaría al 40% de los 1-2 millones de pymes operativas en el país porque las empresas necesitan trabajar con 3 ó 5 bancos -BBVA limita al 1,5% el impacto, al contemplar solo las que trabajan en exclusiva con ambas entidades, sin considerar que necesiten un mayor número de relaciones financieras-. El vasco se ha comprometido a mantener el circulante durante doce peses, pero a la larga la desaparición de un proveedor les obligaría a buscar alternativas sin garantías de encontrarlas en las mismas condiciones.

Una unión de BBVA y Sabadell presentaría solapamientos, sobre todo, en Cataluña. Si triunfa la opa, entre el nuevo gigante, CaixaBank y Santander se repartirían casi el 74% del crédito otorgado a clientes en España, el 64,99% de los activos del sector financiero y el 35% de las sucursales bancarias. En Cataluña y Valencia, los tres grandes bancos coparían más del 80% de las oficinas bancarias, siendo un tercio del total propiedad del grupo que surgiese de la nueva fusión.

La Autoritat Catlana de la Competència (ACCO) juzgó ya en mayo en un informe que no es vinculante que la competencia en Cataluña estaría en riesgo por la alta concentración. Señaló que CaixaBank copa un 38,9% de las 2.134 sucursales ubicadas en la región, BBVA un 18,7%, Sabadell el 16,1% y Banco Santander un 12%.

Varias organizaciones empresariales han pedido también a la CNMC que analice en profundidad la transacción buscando garantías a un perjuicio en la financiación. Pimec, patronal catalana de pymes, abrió la brecha trasladando al organismo de competencia un informe donde cifra en 54.000 millones de euros la merma de crédito (o el 8%) que provocaría la fusión. Después ha alertado igualmente a la CNMC la también catalana Foment, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), junto a las provinciales de Lugo, Orense y La Coruña, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio de Valencia.

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