La investigación sobre los ERES fraudulentos que desde el año 2000 ha promovido la Junta de Andalucía afecta a los socialistas de la región y a familiares directos, La investigación ha destapado desvíos de fondos millonarios desde el Ejecutivo andaluz para sufragar las actividades fraudulentas. Entrevistamos a Joaquín Aráuz, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía.
¿En qué ha consistido el fraude con los Expedientes de Regulación de Empleo que ha realizado la Junta?
Básicamente ha consistido en incluir a personas ajenas a la plantilla de trabajadores, en la relación de afectados por los expedientes de regulación de empleo en las diversas empresas. Estas personas "intrusas", en la mayoría de los fraudes detectados, no han trabajado nunca en las empresas en cuestión, ni han tenido relación laboral con las mismas.
¿Quiénes han sido los principales beneficiarios?
Hasta estos momentos, en los que la investigación judicial y policial no ha hecho más que empezar, tendríamos que diferenciar entre intrusos y beneficiarios, porque aún no está claro que los falsos prejubilados hayan sido realmente los beneficiarios del fraude. Algunos de ellos dicen desconocer que hayan sido incluidos en algún ERE y algún otro sostiene que no sabía nada y que no ha cobrado ni un euro. Iremos conociendo a los beneficiarios en la medida en que vaya avanzando la investigación judicial y policial, pero ya vamos conociendo a muchas de las personas incluidas fraudulentamente en los ERES. De los casi cuarenta casos localizados hasta el momento (ya hay once detenidos), la mayoría son cargos o dirigentes del PSOE en Andalucía, algunos de la UGT y algún otro desempeñó cargos en la Administración de la Junta de Andalucía; además de familiares directos de los anteriores.
¿Cómo ha podido evitar la Junta la Inspección de Trabajo?
Porque para gestionar las ayudas a los trabajadores afectados por los ERES para ser prejubilados, el Gobierno de Andalucía creó en el año 2000 la Agencia IFA (posteriormente transformada en la Agencia IDEA) que se ha venido encargando de tales cometidos, pero sin la fiscalización y control parlamentario que precisan todas las ayudas y subvenciones tramitadas directamente por la Consejería de Empleo. Estas agencias han funcionado en la práctica como una administración paralela, pero sin control y con bastante opacidad, sin aparecer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
¿Desde cuándo lleva realizando el gobierno andaluz estas actividades ilícitas? ¿De dónde provenían los fondos para pagar las prejubilaciones?
Las agencias mencionadas, IFA e IDEA, vienen funcionando, sucesivamente, desde el año 2000 hasta el momento. Los fondos para pagar las prejubilaciones de los afectados por los distintos ERES eran aportados directamente por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
¿De qué cantidades estamos hablando?
Desde el año 2000 han sido más de 647 millones de euros los que se han destinado a este fin. La mayoría de estos fondos públicos, no nos cabe duda, han sido destinados al fin previsto: facilitar los expedientes y la viabilidad de las empresas afectadas. Pero una parte importante de los mismos ha ido a parar a personas ajenas, de manera absolutamente fraudulenta. Aunque desconocemos en estos momentos la cifra exacta del robo, estaríamos hablando de una cantidad bastante superior a los 5 millones de euros. ¡Y la policía sigue investigando!