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Escándalo de las prejubilaciones falsas

PáginasDigital.es Recopilado por Sindicato Alta - 15/02/2011

 

La investigación sobre los ERES fraudulentos que desde el año 2000 ha promovido la Junta de Andalucía afecta a los socialistas de la región y a familiares directos, La investigación ha destapado desvíos de fondos millonarios desde el Ejecutivo andaluz para sufragar las actividades fraudulentas. Entrevistamos a Joaquín Aráuz, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía.

¿En qué ha consistido el fraude con los Expedientes de Regulación de Empleo que ha realizado la Junta?

Básicamente ha consistido en incluir a personas ajenas a la plantilla de trabajadores, en la relación de afectados por los expedientes de regulación de empleo en las diversas empresas. Estas personas "intrusas", en la mayoría de los fraudes detectados, no han trabajado nunca en las empresas en cuestión, ni han tenido relación laboral con las mismas.

¿Quiénes han sido los principales beneficiarios?

Hasta estos momentos, en los que la investigación judicial y policial no ha hecho más que empezar, tendríamos que diferenciar entre intrusos y beneficiarios, porque aún no está claro que los falsos prejubilados hayan sido realmente los beneficiarios del fraude. Algunos de ellos dicen desconocer que hayan sido incluidos en algún ERE y algún otro sostiene que no sabía nada y que no ha cobrado ni un euro. Iremos conociendo a los beneficiarios en la medida en que vaya avanzando la investigación judicial y policial, pero ya vamos conociendo a muchas de las personas incluidas fraudulentamente en los ERES. De los casi cuarenta casos localizados hasta el momento (ya hay once detenidos), la mayoría son cargos o dirigentes del PSOE en Andalucía, algunos de la UGT y algún otro desempeñó cargos en la Administración de la Junta de Andalucía; además de familiares directos de los anteriores.

¿Cómo ha podido evitar la Junta la Inspección de Trabajo?

Porque para gestionar las ayudas a los trabajadores afectados por los ERES para ser prejubilados, el Gobierno de Andalucía creó en el año 2000 la Agencia IFA (posteriormente transformada en la Agencia IDEA) que se ha venido encargando de tales cometidos, pero sin la fiscalización y control parlamentario que precisan todas las ayudas y subvenciones tramitadas directamente por la Consejería de Empleo. Estas agencias han funcionado en la práctica como una administración paralela, pero sin control y con bastante opacidad, sin aparecer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

¿Desde cuándo lleva realizando el gobierno andaluz estas actividades ilícitas? ¿De dónde provenían los fondos para pagar las prejubilaciones?

Las agencias mencionadas, IFA e IDEA, vienen funcionando, sucesivamente, desde el año 2000 hasta el momento. Los fondos para pagar las prejubilaciones de los afectados por los distintos ERES eran aportados directamente por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

¿De qué cantidades estamos hablando?

Desde el año 2000 han sido más de 647 millones de euros los que se han destinado a este fin. La mayoría de estos fondos públicos, no nos cabe duda, han sido destinados al fin previsto: facilitar los expedientes y la viabilidad de las empresas afectadas. Pero una parte importante de los mismos ha ido a parar a personas ajenas, de manera absolutamente fraudulenta. Aunque desconocemos en estos momentos la cifra exacta del robo, estaríamos hablando de una cantidad bastante superior a los 5 millones de euros. ¡Y la policía sigue investigando!

 

USO Sevilla ha logrado recientemente paralizar un ERE que todo indica era irregular. Coméntenos cómo ha sido.

Se trata del expediente de regulación de empleo de la empresa VINELL B.A.R. que es la encargada de gestionar los servicios que presta el personal civil de la Base Aérea Hispanoamericana de Morón de la Frontera. Esta empresa, en cuyo comité de empresa está representada USO, planteó en verano un ERE que afectaba inicialmente a 280 trabajadores, lo que nos pareció enormemente desproporcionado. Tras muchas horas de negociación, pudimos reducir el número de trabajadores afectados a 150. Aun así, en USO nos opusimos al documento final por estimarlo injusto y arbitrario. La mencionada empresa firmó el ERE con UGT y CC.OO., mientras que USO lo impugnó administrativa y judicialmente, por las razones aludidas. Una vez que los firmantes depositaron el expediente en la Delegación de Trabajo, USO pidió una copia del mismo para poder revisarlo y presentar alegaciones. Cuando analizamos el documento, con los escasos medios que disponemos para ello (somos un sindicato que se dedica a luchar por los trabajadores y no a otras cosas) detectamos ocho casos de trabajadores ajenos a la empresa VINELL, que eran personas desconocidas por los propios trabajadores de la USO que nos ayudaron a revisar el expediente. Alarmados por el posible fraude que pudiera existir tras este expediente (ya se conocía el fraude del ERE de MERCASEVILLA), nos dirigimos a la Delegación de Trabajo de Sevilla y le comunicamos la situación. La Delegación trasladó el ERE a la Inspección de Trabajo, que con todos los medios a su servicio, confirmó los ocho casos irregulares que había denunciado USO y detectó otros 23 casos nuevos; 31 en total. Agradeció a la USO nuestra actuación rigurosa (¡se trata de fondos públicos!), cerró el ERE con 119 trabajadores afectados, y la Delegación de Trabajo achacó todas las irregularidades "a un error". Entre las 31 personas ajenas a la empresa, que "por error" se habían incluido en el ERE original, había diversos dirigentes locales y ediles o ex-ediles del PSOE de Alcalá de Guadaira. Creemos en la USO que, si hubiéramos actuado de otro modo, hoy estaríamos hablando de un caso más de ERE fraudulento. Pero realmente no todos somos iguales, la USO queremos ser una alternativa sindical decente, y nada mejor que las actuaciones para evidenciar la verdadera naturaleza y los principios de cada organización.

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