La banca heredera de la concentración del sector desde 2009 ve abrirse un nuevo frente de litigios: miles de millones de euros derivados de la quiebra de promotores inmobiliarios y proyectos inacabados entre 2004 y 2006.

La laxitud de las antiguas cajas de ahorros con el riesgo financiero, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el reciente éxito de los despachos de abogados en la configuración de pleitos masivos apoyados en sentencias del Tribunal Supremo están a punto de crear una nueva oleada de demandas en las que se les reclamarán responsabilidades millonarias similares a las que han debido afrontar por cláusulas suelo, preferentes, comercialización de productos complejos o salidas a Bolsa. Entre los bancos que en mayor o menor medida podrían verse afectados figuran Banco Popular, Bankia, BBVA, CaixaBank o Sabadell, entre otros. 

Esta vez la base de la reclamación es el adelanto de capital que decenas de miles de particulares pagaron a los promotores de viviendas que se las vendieron sobre plano o en proyecto hace poco más de una década. Al igual que en otras reclamaciones contra la banca, lo que convierte los adelantos en objeto de litigios masivos es una demanda por una reclamación originada en Denia (Alicante) contra la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se ha abierto camino hasta el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre condenó a Banco Sabadell (propietario de la antigua CAM) a indemnizar a la demandante. 

La base jurídica no es nueva. Según la Ley 57/68 promulgada en pleno desarrollismo del régimen predemocrático, el dinero adelantado por los compradores a un promotor debe estar consignado en una cuenta, cubierto por un seguro y separado de cualquier otro fondo del promotor, que sólo podrá disponer de él para la construcción de las viviendas. "Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad bancaria o caja de ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía", añade la norma. Esta responsabilidad es la que, de no existir un aval o seguro, podrían tener que asumir las entidades tal y como explica el ponente magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán en la sentencia del pasado mes de diciembre.

El estallido de la crisis y la desaparición de empresas promotoras dejó sin las cantidades adelantadas a decenas de miles de ahorradores que ahora son llamados por despachos de abogados especializados en demandas masivas para que reclamen su dinero a los bancos que custodiaban esas cuentas. 

Las cifras en juego son imprecisas y poco contrastables. Según la firma asentada en Barcelona Spanish Legal Reclaims (SLR), que ha emprendido una campaña para captar clientes tanto en España como en el resto de Europa, el número total de afectados podría ascender a 600.000 (180.000 de ellos británicos y alemanes, fundamentalmente) por un volumen de 17.000 millones de euros. "Es un cálculo muy conservador que da como media 28.000 euros", explica Luis Cuervo, principal directivo de SLR, sociedad que se ha fundado con el objetivo de reclamar estas cantidades a los bancos. Al igual que en el modelo de casos masivos como la salida a Bolsa de Bankia, no hay gastos y sí una comisión que ascenderá a entre el 20% o el 30% de lo obtenido. Anteriormente, Cuervo ha agrupado la representación de ciudadanos europeos que han llevado a Hacienda a los tribunales por el cobro del Impuesto de Sucesiones.

En los últimos meses, la BBC británica y el diario The Guardian han difundido entre su audiencia -los británicos son el principal mercado turístico e inmobiliario foráneo para España- la posibilidad de litigar sin coste. Ya desde principios de septiembre, esta firma asegura que empezará a enviar requerimientos extrajudiciales a las entidades en representación de una cartera de 500 clientes que reclama 40 millones de euros, lo que da una media de 80.000 euros. "Será un proceso largo. Podemos estar dos o tres años sin ver un duro", explica Cuervo que, asegura, cuenta con una base jurídica "sólida y contrastada". 

Fuentes financieras contactadas ayer por este diario reconocieron la existencia de este problema, si bien consideraron "muy exagerada" la estimación del dinero en juego. En 2007, antes de la crisis, el riesgo promotor de las entidades -incluyendo todo tipo de activos- ascendía a 300.000 millones de euros.

El negocio de los despachos de abogados con las reclamaciones masivas contra los bancos ha sido más que jugoso en los últimos años: 1.500 millones de euros por la salida a Bolsa de Bankia, 1.300 millones por las preferentes (por vía extrajudicial se han obtenido 3.000 millones) o, aún con una posibilidad, más de 5.000 millones de euros por las cláusulas suelo de las hipotecas. 

Despachos especializados como Arriaga Asociados incluyen esta reclamación entre sus servicios. "La primera sentencia que abrió la vía de reclamaciones fue la del Supremo en 2013 por los miembros de una cooperativa en Valdebebas (Madrid) contra la aseguradora Asefa. Después, en 2015, han llegado las que condenan a los bancos y se abre una vía mayor", explica la abogada Arancha del Rincón. El interés de estos despachos en el caso está en el volumen de intereses a favor de los clientes que generan las condenas y la posibilidad de reducir al mínimo los costes de las demandas al contar con un modelo que se reproduce a escala industrial.