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El juez instructor atribuye ocho exdirectivos de la entidad la comisión múltiples delitos.
Gómez Bermúdez estima que se quedaron indebidamente 47 millones de euros
El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, saluda al director general, Roberto López-Abad, durante la celebración de la asamblea general de 2010.
El juez Javier Gómez Bermúdez ha propuesto juzgar a ocho miembros de la cúpula de Caja de Ahorros del Mediterráeno (CAM), entre ellos su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por esconder su verdadera situación económica y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado por concluida la investigación sobre la gestión de los que fueran máximos responsables de la extinta entidad alicantina, a los que acusa de los siguientes delitos:
- Falseamiento de las cuentas anuales.
- Apropiación indebida.
- Administración desleal.
- Falsedad en documento mercantil.
Gómez Bermúdez atribuye estos mismos delitos al exdirector general de Planificación y Control Teófilo Segorb; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano; el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en un acto de 2010 con los expresidentes de Bancaja (José Luis Olivas) y CAM (Modesto Crespo).
Según el juez, los estados financieros de CAM de 2010 y primer semestre de 2011 “no reflejaban la imagen fiel de la entidad”, sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que el resultado contable “debería haber sido menor en 210.341.000 euros”.
Caja Mediterráneo fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011, tras descubrir el supervisor un importante déficit de capital. Una vez que la cúpula de la entidad fue relevada por unos administradores designados por el organismo supervisor se inició un proceso de subasta por el que los activos de CAM acabaron siendo adjudicados a Banco Sabadell. El grupo bancario puso como condición mantener un Esquema de Protección de Activos (EPA) que le blindase ante un posible deterioro de los créditos de Caja Mediterráneo.
Coste de 15.000 millones para el contribuyente
El coste final que ha tenido el rescate de CAM para los contribuyentes aún no ha sido completamente definido, pero de acuerdo con una estimación realizada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, superará los 15.000 millones de euros.
Dentro del auto de procesamiento firmado por Gómez Bermúdez considera que la cúpula de CAM contabilizó “de forma irregular” el reparto de dividendos de sus filiales así como la dotación relativa al fondo de prejubilaciones “con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad”, que se alteró “en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección”.
Y su finalidad, prosigue, “era la integración en el SIP [Sistema Institucional de Protección] y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado” de CAM y “poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”, explica la resolución.
De acuerdo con las periciales que constan en la causa principal de CAM, Gómez Bermúdez subraya quelos miembros de su comité de dirección cobraron indebidamente 47,3 millones de euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado como acusación en el procedimiento tras haber asumido la mayor parte de los costes asociados al rescate de CAM, ha solicitado penas de entre seis y 10 años para los exdirectivos de la entidad.
La Audiencia Nacional absolvió recientemente a dos altos cargos de la entidad (López Abad y Avilés), tras juzgarles por haber diseñado un sistema irregular de cobro de dietas. La sentencia del tribunal exoneró además a los otros 18 partícipes a título lucrativo de devolver las cantidades que percibieron como miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones (TI), la participada desde la que se entregaron las dietas, que ascendieron a 1,4 millones de euros.
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