MERCEDES GALLEGO 

Después de algo más de dos años de instrucción en el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, tres de las cinco causas abiertas por la gestión de la CAM se encuentran ya prácticamente listas para ser juzgadas: una con fecha ya para el juicio y las otras dos, a falta de los últimos coletazos de una instrucción que el magistrado ha preferido trocear para darle más agilidad en vez de optar por un macroproceso que, ejemplos tenemos de sobra, sólo contribuiría a dilatar su resolución.

A largo del año que ahora acaba Gómez Bermúdez ha puesto punto y final a la causa que en enero sentará en el banquillo de los acusados a quien fuera el máximo ejecutivo de la caja Roberto López Abad, al último presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, y a todos los miembros de este órgano. Los dos primeros por los delitos de apropiación indebida y administración desleal y los 17 últimos, como partícipes a título lucrativo por pertenecer a este órgano que tenía como función controlar para que, precisamente, no se produjeran situaciones como las que han dado pie a las acusaciones contra López Abad y Avilés.

Al empresario murciano se le atribuye haber conseguido de la CAM unos préstamos más que ventajosos haciendo valer su cargo en la caja además de haber simulado la venta de una de sus mercantiles a su hermana para ocultar a la entidad la situación de morosidad en la que se encontraba y que, según los estatutos de la caja, le habría obligado a dejar la comisión de control.

Además de este proceso, a punto está también Gómez Bermúdez de dictar el auto de pase a procedimiento abreviado (lo que vendría a ser el procesamiento en un sumario) de la denominada causa principal, la que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad y el pago de unas remuneraciones a los directivos mucho más altas a las que tenían derecho, según mantienen las acusaciones. El último presidente de la CAM, Modesto Crespo, López Abad, la también exdirectora general María Dolores Amorós y los exdirectores Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa figuran en el que escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez a modo de previa de sus conclusiones.

En los últimos meses del año se ha concentrado también la instrucción de la pieza separada en la que se está investigando el cobro por parte de Crespo de 640.000 euros en concepto de dietas como presidente del consejo de administración de la participada Tinser, una mercantil en la que quien venía desempeñando el trabajo ejecutivo por bastante menos dinero de lo que percibió el empresario de Elche apenas notó su presencia. Todo el consejo de administración de la CAM además del secretario de actas Juan Martínez-Abarca, de López Abad y del propio Crespo han declarado como imputados por haber aprobado unos pagos que la mayoría asegura que no se llevaron al consejo de administración y que se introdujeron con posterioridad en el acta. En los primeros días del próximo año es previsible que se ponga fin a la instrucción y concrete tanto los hechos como sus presuntos responsables.

Por finalizar queda la instrucción sobre la emisión y venta de cuotas y preferentes y los negocios de la CAM en el Caribe, donde quienes fueran socios de la caja en esta aventura, los empresarios Juan Ferri y José Baldó, acaban de ofrecer a la Fundación CAM 2,5 millones y las costas procesales por retirarse como acusación, una oferta sobre la que los patronos aún no se han...