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Los afectados aseguran que la Seguridad Social tiene órdenes de no rechazar las solicitudes de jubilarse a los 61 años. Algunos medios informan de que se van a revisar todas las denegadas caso por caso. El departamento de Fátima Báñez admite que se van a estudiar con más detenimiento y que se van a centralizar las decisiones, lo que implicará un retraso en la respuesta, pero advierte de que eso sólo afectará a las solicitudes nuevas, no a las que ya han sido rechazadas. 

Como informó la semana pasada El Confidencial, la Seguridad Social cambió en junio el criterio que aplicaba a los parados mayores de 55 años que se habían quedado sin prestación y seguían pagando de su bolsillo a la Seguridad Social para que el período en el paro no disminuyera su pensión (lo que se conoce como convenio especial), por el que podían jubilarse a los 61 años. Ahora les está denegando esta posibilidad, con lo que tendrán que seguir contribuyendo y sin poder acceder a la pensión hasta los 63 años, pese a que la mayoría sólo cobra un subsidio de 426 euros mensuales.

La reacción inicial del Ministerio fue quitar importancia al asunto: cifró en 35.000 (7.000 al año por cinco años) los afectados potenciales, frente a los más de 130.000 que calculan los sindicatos; aseguró que no se trata de situaciones dramáticas porque están optando a la pensión máxima (2.500 euros), luego eran empleados bien remunerados; y añadió que, en muchos casos, es la propia empresa que los despidió la que paga el convenio especial como parte del finiquito. 

Sin embargo, ahora ha ido más allá a la vista del caos creado con el cambio de criterio en la propia Seguridad Social y del ruido mediático que se ha generado con esta polémica. Pero no está claro hasta dónde ha llegado, en función de quién lo cuente. Según varios afectados, en las oficinas de la Seguridad Social les han dicho que han recibido orden de paralizar estas resoluciones o incluso de aprobar las solicitudes de jubilarse a los 61 años como se hacía antes del cambio de criterio y como se les había prometido inicialmente.

"Acaban de comunicarme que los directores provinciales del INSS han recibido esta mañana comunicación de que el famoso criterio queda en suspenso y que no se rechacen las solicitudes de jubilación afectas por ese criterio", publica uno de ellos en un grupo que han constituido en las redes sociales para organizarse. "Me han dicho que ayer mismo recibieron orden de dejar todo en suspenso, así que ahora mismo ni ellos saben lo que va a pasar", añade otro. Un tercero va más allá y afirma que "el funcionario me comentó lo de las nuevas instrucciones de aceptar todas las solicitudes".

Confusión total

Un portavoz de Empleo desmiente que haya quedado en suspenso el criterio, sino que lo que se ha hecho es enviar una comunicación interna a las oficinas de la Seguridad Social para que remitan todos los expedientes que vayan llegando a la Subdirección General de Prestaciones con el fin de centralizar la decisión y garantizar que se aplica un criterio uniforme en toda España, "para evitar resoluciones que puedan limitar derechos o perjudicar a los afectados". Esta centralización retrasará la resolución de estos expedientes, pero "en absoluto supone una paralización ni una anulación del criterio".Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Engracia Hidalgo (i) y Tomás Burgos. (EFE)

La cosa se complica todavía más porque ayer los medios públicos Radio Nacional y Televisión Española informaron de que se van a revisar uno a uno todos los casos, lo que abre la puerta a la esperanza de aquellos que han visto cómo se les negaba la jubilación a los 61. Sin embargo, desde el Ministerio también se desmiente esta información: no hay ninguna revisión y la decisión centralizada por parte de la citada subdirección sólo se aplicará a los nuevos expedientes, no a aquellos sobre los que ya hay resolución. Esto puede suponer un nuevo lío por el agravio entre unos y otros afectados.

Posible marcha atrás

En algunos círculos políticos se considera que "el Gobierno no va a tener más remedio que dar marcha atrás, como hizo con la tributación de las indemnizaciones por despido. Se ha formado un escándalo enorme, los afectados van a ganar en los tribunales porque es una medida desfavorable retroactiva, incluso con tintes de inconstitucionalidad. Y, además, el propio Ministerio admite que el ahorro es irrelevante. Así que no tiene sentido sostenella y no enmendalla". La mayoría de los grupos de la oposición han pedido una rectificación y la comparecencia de Báñez en el Congreso.

Los afectados se presentan con un perfil muy similar: personas que llevaban cotizando más de 40 años y que son despedidos con más de 55, edad con la que es prácticamente imposible recolocarse. Dado que el período en el paro les bajaría la cuantía de su pensión después de tantos años, se acogieron a esta fórmula para mantener su poder adquisitivo al retirarse, y estas aportaciones salían de la prestación de desempleo y del finiquito. Según sus testimonios, la cotización se sitúa en unos 1.000 euros al mes como media.

Todos ellos habían hecho sus cálculos para poder mantener este sistema hasta los 61 años y, al tener que prolongarlo durante dos años más, se encuentran ante un serio apuro económico. Sumando lo que deben aportar y la pensión que van a dejar de percibir, muchos de ellos cifran el perjuicio en torno a 80.000 euros. Lo que más les duele es que se hayan "cambiado las normas a mitad del partido", ya que, de haberlo sabido desde el principio, no se habrían embarcado en estos convenios. Además, se llega al absurdo de que quienes cumplieran años antes del 15 de junio se han podido jubilar con 61 años, mientras que quienes los cumplan después no podrán hacerlo.

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