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El abogado de los afectados mantiene que KPMG no ejerció correctamente sus funciones de supervisión
MERCEDES GALLEGO 03.08.2014 | 12:20
El abogado Diego de Ramón, quien representa en la Audiencia Nacional a más de medio millar de afectados por la compra de cuotas participativas y preferentes de la CAM, ha presentado en el juzgado que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez una ampliación de querella en la que incluye a la consultora que auditaba las cuentas de la caja de ahorros, al Banco Sabadell, a un exdirectivo de la entidad y «a los responsables de la Bolsa y mercados españoles por dejación de funciones en su cometido de supervisar los mercados continuos».
El planeamiento lo hace tanto en el marco de la pieza principal como en la de las cuotas, preferentes y demás deuda subordinada. La primera investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad de ahorros por parte de sus últimos máximos responsables. Un procedimiento en el que hasta el momento están imputados el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez y Juan Luis Sabater.
El letrado, quien pide al magistrado que cite a los responsables tanto de KPMG como del Sabadell, así como al exdirectivo de la caja José Pina, mantiene en su escrito que la consultora no ejerció su labor de supervisión en el mercado continuo, por lo que la considera «cooperador necesario en la falsedad de cuentas y balances de los años 2009 y 2010». Estos dos ejercicios son en los que inspectores del Banco de España designados a instancias del juzgado detectaron una adulteración de las cuentas.
Dos asesores de la auditora declararon el pasado mes ante Gómez Bermúdez que la caja les ocultó las opciones de recompra con las que vendía paquetes de títulos fallidos, lo que se conoce como titulizaciones, lo que permitió a los entonces responsables de la entidad hinchar artificialmente sus beneficios declarando ganancias cuando en realidad se arrastraban pérdidas.
La ampliación de la querella que ha presentado De Ramón alcanza también al Banco Sabadell, a quien plantea que se le puede imputar un delito de receptación porque, según explica el letrado, adquirió todo el patrimonio de la CAM por un euro «a costa del fraude de los acreedores estafados». Hace hincapié en este punto en que la entidad catalana se quedó también con todas las oficinas que la caja de ahorros tenía en el extranjero, entre ellas una en Miami con un patrimonio en activos de 374 millones de euros. Y añade que aunque la entidad que compró Josep Oliu recibió previamente una inyección de 5.249 millones de Fondo de Garantía de Depósitos, además del colchón que supone el Esquema de Protección de Activos, se niega a aceptar las obligaciones derivadas de la adquisición del Banco CAM, en alusión al resarcimiento a los afectados por la compra de cuotas participativas, amortizadas a cero.
El abogado murciano reclama también en su escrito que se haga un informe sobre la emisión y comercialización de cuotas, preferentes y demás productos financieros con especial atención a las falsedades que pueda haber en la información financiera.
En su listado de presuntos culpables de la situación en la que ahora se encuentran sus clientes, el representante legal de los afectados por la compra de participativas y preferentes no olvida al anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a quien hace responsable de un delito de dejación de funciones. Y a asesores como Emilio Ontiveros, «por haber proporcionado una imagen irreal de la caja induciendo a los tenedores de cuotas a no desprenderse de los títulos y a otros, a comprarlos».
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