Los antiguos responsables de las cajas de ahorros (exdirectivos y exconsejeros) se aseguraron un retiro dorado a pesar de dejar las entidades en una situación crítica que se ha traducido en la práctica desaparición del sector y un rescate a costa de los contribuyentes de unos 53.000 millones de euros. En total, los otrora gestores se han embolsado unos 200 millones de euros en indemnizaciones y pensiones, si bien un puñado de ellos se enfrenta ahora a los tribunales por estas actuaciones.

Es el caso de cuatro exdirectivos de Caixa Penedés, integrada en BMN, para los que la fiscalía anticorrupción solicita penas de cárcel por adjudicarse pólizas de 31 millones de euros. El juicio se ha iniciado esta misma semana en la Audiencia Nacional, con lasdeclaraciones de los acusados (Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas), que han defendido la legalidad de sus pensiones.

Pero si alguna entidad se lleva la palma en cuestión de indemnizaciones millonarias es sin duda Novacaixagalicia, hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto una querella contra cinco exdirectivos por asignarse estas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general, José Luis Pego, que cobró 18,5 millones de euros, José Luis Méndez (16,5 millones) y Javier García de Paredes (5,3 millones). Entre Caixanova y Caixa Galicia el total de los pagos superó los 63 millones de euros. Novagalicia, entidad heredera de Novacaixagalicia, recibió un rescate de 9.000 millones de euros antes de que se acordase su venta por algo más de 1.000 millones a Banesco, lo que se traduce en unos números rojos para las arcas públicas de 8.000 millones.

Sin embargo, esta situación choca con la de otros antiguos responsables de entidades, que han acudido a la justicia para poder cobrar lo que consideran ‘justo’. Este sería el caso de del expresidente de CatalunyaCaixa Adolf Todó y de su consejero delegado Jaume Massana. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberá readmitirlos en sus cargos o bien pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno, según una sentencia del juez del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal, conocida el pasado mes de marzo.

El órgano dependiente del Banco de España había considerado procedente el despido, por lo que decidió no pagar a Todó los 600.000 euros que le corresponderían en concepto de indemnización, estipulada en dos anualidades de su salario (300.000 euros). Al mismo tiempo, también se congeló el abono de una pensión de 3,5 millones de euros que Todó había acumulado a lo largo de toda su carrera profesional, tanto en la entidad nacionalizada como en la antigua Caixa Catalunya. También Jaume Masana se quedó sin compensación, que en su caso podría ascender a 1,5 millones de euros.

Caixa Catalunya, que junto a Caixa Tarragona y Caixa Manresa formó CatalunyaCaixa, ya pagó una polémica pensión, que en los mentideros se cifró en casi diez millones de euros (aunque otros hablan de seis millones), al exdirector general José María Loza.

El más mediático de todos los gestores es, sin duda, Miguel Blesa, que cobró una indemnización de 2,8 millones de euros tras abandonar Caja Madrid en plena disputa entre el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Se quedó sin cobrar, no obstante, al igual que el resto de los directivos de la entidad, el bonus de 25 millones al que en principio tenía derecho, y que anuló su sucesor Rodrigo Rato. El propio Rato sí que renunció a cobrar indemnización alguna tras su marcha y posterior sustitución por José Ignacio Goirigolzarri al frente de Bankia.

Se estima que Caja Madrid pagó en total unas indemnizaciones de casi 16 millones de euros. También integrada en Bankia, Caja Segovia pagó casi 32 millones entre doce de sus exdirectivos, partida que está siendo investigada por la Justicia tras la denuncia de UPyD y el Ministerio Fiscal. La propia entidad hizo un llamamiento a los beneficiados para que devolviesen el dinero.

También llaman la atención los 5,8 millones de euros cobrados por el exdirector de laCaja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, obligado ahora a sentarse en el banquillo por su gestión de la entidad alicantina, que en total pagó unas indemnizaciones de casi 15 millones de euros a sus antiguos gestores. En otras entidades, las cifras han sido más ‘modestas’, aunque en la mayoría de los casos por encima del millón de euros.

Al tiempo que se han cobrado estas pensiones de oro, la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.