La complicada situación de los mercados y la posible intervención del Banco de España pesaron más que las dudas de los consejeros.
DAVID NAVARRO ALICANTE. Esta vez, sí. El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó ayer la delegación de la práctica totalidad de sus facultades en el nuevo banco sobre el que se articulará el Sistema Institucional de Protección (SIP) que la entidad alicantina ha creado junto a Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria. A pesar de las dudas expresadas el pasado viernes por algunos consejeros, que obligaron a retrasar hasta ayer la votación, finalmente tan sólo los dos representantes del personal, Salvador Piles (UGT) y Enrique Puig (Sicam), se opusieron a la decisión. El consejo de Caja Cantabria también votó ayer a favor de la cesión de poderes, al igual que la semana pasada hicieron Cajastur y Caja Extremadura, en lo que supone uno de los últimos trámites para que el SIP pueda echar a andar definitivamente. Como viene informando este diario, el traspaso de competencias aprobado es mayor de lo previsto inicialmente, debido a que la complicada situación de los mercados financieros aconsejaban que el grupo empezase a funcionar ya desde un primer momento como una única empresa para reforzar la viabilidad del proyecto. Precisamente, esta mayor cesión de poder -cuando en mayo se dijo que las cajas conservarían cierta autonomía para gestionar el negocio en sus territorios de origen- fue lo que provocó el pasado viernes que varios consejeros exigiesen más información para votar el acuerdo. También reclamaban que se articulase algún mecanismo para integrar a los consejos de las cajas en el nuevo banco.
Críticas diluidas Ayer, sin embargo, las críticas se diluyeron y la mayoría de las intervenciones fueron precisamente para justificar la petición de que la votación se retrasase. De hecho, algunos de los consejeros que se mostraron más incisivos el pasado viernes, como el vicepresidente por Valencia, Benito Nemesio, ni siquiera tomaron la palabra, según testigos presentes en el encuentro. "Al final se ha impuesto la realidad. Con el Gobierno y el Banco de España apremiando para que se completen las fusiones y todo lo que está ocurriendo con la crisis de la deuda nadie quería jugársela", señaló ayer uno de los consejeros. "La sensación que se respiraba es que no había más opciones. Todos leemos la prensa y sabemos lo que está ocurriendo", apuntaba otro de ellos. Los que no se amedrentaron fueron los representantes sindicales, que rechazaron el acuerdo al igual que han hecho con el resto de votaciones que sobre el SIP se han celebrado en el consejo de administración de la CAM. En este sentido, el representante del Sicam, Enrique Puig, reclamó que se dejase en suspenso el traspaso de las competencias sobre recursos humanos al menos hasta que se llegue a un acuerdo aceptado por la mayoría de los sindicatos sobre las prejubilaciones y los recortes de plantilla. En este sentido, Sicam, mayoritario en la caja alicantina, informó ayer de que está negociando con los representantes del SIP para incorporar diversas mejoras al acuerdo que ya suscribieron CC OO y Csica hace unas semanas y que no puede aplicarse en la CAM por falta de representatividad de estas centrales. Al respecto, Sicam exige que las condiciones de los prejubilados iguales como mínimo a las de anteriores procesos de la caja y mayores compensaciones por los posibles traslados. Durante el transcurso de la reunión, el asesor jurídico de la caja también leyó un informe a los consejeros sobre sus responsabilidades legales como máximos dirigentes de uno de los accionistas -la CAM tendrá el 40% de los títulos- del nuevo banco, tal y como algunos habían solicitado la semana pasada.
Gestión única Con este acuerdo, las cuatro cajas socias ceden a la entidad central del SIP -denominada, de momento, Banco Base- la práctica totalidad de sus facultades. De esta forma, habrá una gestión única y centralizada de todo el grupo desde el SIP, y las cajas se limitarán a aplicar las estrategias acordadas en sus respectivos territorios, donde mantendrán sus respectivas marcas. Así, será la entidad central la que controle la política de precios, la crediticia, la de recursos humanos, comunicación, emisión de títulos y valores y también toda la cartera de participaciones industriales y las empresas propias de cada entidad. Eso sí, las cajas mantienen el control de la Obra Social. El SIP que colideran CAM y Cajastur se convertirá en el quinto grupo financiero del país, y el tercero en el sector de las cajas de ahorros, con un volumen de activos de más de 135.000 millones de euros. Los consejeros del banco se conocerán el día de la asamblea
La decisión que dejó pendiente ayer la CAM fue la de nombrar a sus representantes en el consejo de administración del futuro banco del SIP. La cuestión también formaba parte del orden del día de la reunión de ayer pero, finalmente, el presidente de la entidad, Modesto Crespo, prefirió aplazarla hasta el consejo que deberá celebrarse el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con la asamblea general de la caja donde se nombrará a María Dolores Amorós como nueva directora general. De los cuatro asientos que le corresponden a la CAM en ese consejo, uno lo ocupará el propio Crespo y otro será para Amorós. La duda está sobre los otros dos sillones, que aún no se sabe si estarán ocupados por consejeros de la CAM o ejecutivos. Esta segunda opción es la más probable, ya que es la que propugna el Banco de España, por lo que se podría crear un segundo consejo no ejecutivo del SIP para dar cabida a consejeros de la cajas. d.n. alicante |