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F.D.G.Alicante

Actualizado: 24/04/2014 10:41 horas

Los antiguos miembros de la comisión de control de Caja Mediterráneo tendrán finalmente las espaldas bien cubiertas. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso CAM, Javier Gómez Bermúdez, permitirá que los ex altos cargos que cobraron dietas supuestamente irregulares en la entidad puedan pagar las fianzas exigidas en este proceso con la póliza de responsabilidad civil de Caser, de la que eran beneficiarios cuando estaban en CAM. De este modo, las 18 personas a las que el juez acusa de lucrarse con este tipo de sobresueldos no tendrán que rascarse el bolsillo de momento. El seguro pagará por ellos por ahora.

Los 1,5 millones de euros que Gómez Bermúdez les reclama a todos ellos para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que se les puedan imponer saldrán de las arcas de la compañía aseguradora. Este dinero (1,5 millones) que se le exige a este grupo de ex altos cargos sería el total de sobresueldos cobrados por todos ellos de forma presuntamente irregular desde el año 2005 hasta 2011. Estos ex miembros de los órganos de gobierno suscribieron cuando estaban en CAM un seguro para protegerse en caso de mala gestión. El límite de este colchón se fijó en 15 millones de euros. La hora de tirar de este as en la manga ha llegado.

Entre los 18 ex integrantes que percibieron dietas y que podrían beneficiarse de la salvaguarda de Caser están, entre otros, José Manuel Uncio (ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas); José Enrique Garrigós (presidente de la Cámara de Comercio) y Remedios Ramón, responsable de Economía y Empleo del PSOE de Alicante.

El juez ha lanzado un salvavidas a todos ellos. No en vano, el magistrado ha cambiado su criterio. A mediados de marzo emitió una providencia con la que negaba a los ex integrantes de la comisión de control la posibilidad de depositar las fianzas con la opción de Caser. Gómez Bermúdez argumentó que la aseguradora no podía hacerse cargo de las fianzas porque la póliza no cubría responsabilidades dentro de un proceso penal, aspectos que quedan fuera de la cobertura del seguro contratado. Ello obligó a varios ex altos cargos de CAM a presentar bienes suficientes para afrontar la fianza y evitar así los embargos. Algunos de ellos recurrieron la decisión judicial al entender que su responsabilidad en este caso es civil, y no penal, de forma que las fianzas impuestas, al ser civiles, estarían cubiertas por el citado seguro.

Tras ello, el mismo juez ha estimado sus recursos. En varias providencias dictadas este mes de abril, Gómez Bermúdez valida las alegaciones de alguno ex miembros de la comisión de control. «Procede estimar el recurso, pues la interpretación literal y contextual de las condiciones particulares y especiales de la póliza de seguro por responsabilidad civil de altos cargos en el proceso penal apoyan la tesis mantenida por el recurrente», apunta el magistrado en el escrito, donde añade que «las exclusiones [de la póliza] lo son de reclamación de indemnización, es decir, no de fianzas por posibles responsabilidades, sino de indemnizaciones derivadas de una declaración de responsabilidad en un proceso penal».

Conclusión: vía libre para que los ex integrantes de los órganos de gobierno que percibieron dietas llamen a la puerta de Caser para que la aseguradora se haga cargo de las fianzas. Con todo, Roberto López Abad (exdirector general de CAM) y Juan Ramón Avilés (expresidente de la comisión de control), no podrán beneficiarse de la póliza, según sostienen fuentes jurídicas, ya que ellos sí están inmersos en un proceso penal, que queda fuera de la cobertura de Caser.

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