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La Audiencia Nacional ha confirmado los indicios de la "indeseada" gestión que hicieron el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex director de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, que causaron "graves perjuicios económicos" a la entidad, por lo que ha rechazado archivar la causa. 

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal desestima los recursos que ambos exdirectivos interpusieron contra la decisión del juez Javier Gómez Bermúdez de continuar la causa contra ellos por el cobro indebido de dietas y la concesión y posterior refinanciación de créditos a Avilés en condiciones ventajosas para éste. 

Gómez Bermúdez ya ha abierto esta semana juicio oral a los dos, en el caso de López Abad por delitos de apropiación indebida y administración desleal, castigados con hasta 10 años de prisión, y en el de Avilés por estos dos delitos y el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, por los que se enfrenta a 14 años de cárcel. 

La Audiencia respalda los indicios hallados durante la investigación sobre la "indeseada gestión" que llevaron a cabo ambos exdirectivos dentro de una "compleja infracción criminal" que causó un grave "perjuicio económico" para la caja alicantina. 

Se refiere así a las operaciones de concesión de préstamos a la sociedad de Avilés La Vereda de Sucina, precisando que los "hechos punibles" se originan en las sucesivas refinanciaciones y al posterior "negocio de cesión de participaciones" a su hermana al que, como apuntaba en su escrito la CAM, que ejerce de acusación a través del abogado designado por el FROB Carlos Gómez-Jara. 

La CAM concedió el 18 de enero de 2008 dos préstamos promotor para financiar la construcción de 174 viviendas, 228 plazas de garaje y 12 locales comerciales a la sociedad de Avilés La Vereda de Sucina por importe de 16.244.284 euros. 

A ese crédito inicial se sumaron después otro de 2.784.275 euros, dos ICO por valor de 500.000 y 660.000 euros y un ICREF de 1.869.479 euros otorgados como un "trato de favor" derivado de su condición de presidente de la Comisión de Control. 

De acuerdo con la investigación, la crítica situación crediticia que atravesaba la sociedad debería haberse puesto en conocimiento del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), pero para ocultarla el acusado decidió ceder sus participaciones en favor de su hermana, que las compró por 90.000 euros con el dinero del crédito ICREF que minutos antes le había ingresado la mujer de Avilés. 

Con ello consiguió presuntamente eludir los controles no solo del IVF sino también del propio Consejo de Administración de la caja y de su participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), permitiéndole así seguir cobrando dietas indebidamente por su pertenencia a la Comisión de Control también de esta última 

La CAM ponía de manifiesto en su escrito de acusación que en abril de 2011, cuando ya se auguraba la intervención del Banco de España, se produjeron las refinanciaciones en condiciones muy favorables, si bien se antedataron a enero de ese año para corregir un descubierto de 30.000 euros, con lo que se permitía a La Vereda de Sucina retrasar todos los pagos de intereses un año y los de principales dos años. 

Tras la intervención del FROB en julio de 2011 se clasificaron los riesgos del grupo de empresas de Avilés como dudosos, con lo cual, según un informe del Banco de España, "se constituyó una provisión por deterioro de la financiación otorgada, provisión que a 30 de septiembre de 2011 alcanzaba la cifra de 4.921.607 euros". 

Es decir, aclaraba el supervisor, Avilés "ha provocado un quebranto en los estados financieros de la caja cercano a los 5 millones de euros". 

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