Portada > Prensa

DAVID MARTÍNEZ

A mediados de la pasada década, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), nacida en la provincia de Alicante de la fusión de varias pequeñas cajas y montes de piedad entre finales del siglo XIX y el XX, se había erigido en una de las principales instituciones financieras del país. El ascenso de un joven y ambicioso economista alicantino, Roberto López Abad, a la dirección general de la entidad tuvo mucho que ver en el rápido crecimiento de la caja.

Aunque sin renunciar a su vocación como entidad de ahorro y a su extensa obra social, la CAM –que incluso ganó un litigio a la Comunidad de Madrid por el uso de las siglas– comenzó a invertir cada vez más en el «ladrillo». Al calor de la burbuja inmobiliaria, la alicantina se convirtió en la cuarta caja de ahorros del país tras La Caixa, Caja Madrid y Bancaja (estas dos últimas se fusionaron en Bankia).

Año tras año, la entidad ofrecía mayores márgenes de beneficio, siempre vinculados a su actividad como financiadora de promociones inmobiliarias, y en 2007 el mismo López Abad ideó una forma de incrementar sus recursos propios: cotizar en Bolsa con una suerte de acciones con derechos económicos pero no políticos, las cuotas participativas, en las que invirtieron sus ahorros más de 54.000 clientes.

Para cuando se descubrió que la CAM, como tantas otras cajas que habían crecido de forma exponencial en los últimos años, tenía los pies de barro, López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós –que llegó al cargo en 2011– habían ignorado ya reiteradas advertencias del Banco de España sobre su elevada exposición al «ladrillo» y sobre la calificación de créditos dudosos como sanos.

La intervención de la caja por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en julio de 2011, después de que fracasase su intento de fusión fría con Cajastur, propició que empezasen a salir a la luz abundantes datos sobre la gestión de la caja por parte de López Abad y Amorós –que, por su cargo, eran «administradores de hecho» de la CAM, tal como advierte ahora el fiscal–. Unas revelaciones que han cristalizado ahora en hasta tres causas judiciales distintas.

A medida que pasa el tiempo, parece cada vez más claro que los gestores de la última etapa de la CAM no solo fueron unos administradores temerarios que tomaron malas decisiones para el futuro de la entidad, sino que aprovecharon tanto el auge como la caída de la caja para procurarse el máximo beneficio posible.

El «saqueo» de la caja

López Abad está imputado en las tres piezas que instruye el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, como ideólogo del «saqueo» de la CAM y pieza clave en las operaciones supuestamente irregulares que le reportaron supuestamente numerosos beneficios, a tenor de la investigación.

La pieza principal sigue pendiente de que el juez reciba un informe del Banco de España sobre las irregularidades en la gestión, el falseamiento de cuentas –CAM ofreció beneficios semanas antes de que fuese intervenida por el FROB, que destapó un «agujero» de 1.000 millones de euros– y las indemnizaciones de los directivos, así como otro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la fijación del valor de las preferentes al margen de la cotización del mercado.

En cuanto a la tercera pieza, sobre las inversiones inmobiliarias en el Caribe, hay una decena de imputados –con López Abad y otros directivos de la entidad al frente– acusados de evasión fiscal por desviar casi 250 millones de euros de la caja a paraísos fiscales. Por este motivo, el exdirectivo de la CAM fue detenido (el juez temía que intentase fugarse a Curaçao, donde las sociedades interpuestas tenían varias propiedades) y tuvo que pagar 1,5 millones de fianza.

Dietas y créditos

Sin embargo, la pieza que puede llevar a la cárcel al exdirector general de la que una vez fue la cuarta caja de ahorros de España es la que se refiere en concreto al cobro de dietas supuestamente irregulares por parte de los miembros de la comisión de control de la entidad, el órgano que debía velar por la buena praxis del consejo de administración.

Gómez Bermúdez ha dado por finalizada la instrucción, y las tres acusaciones –la Fiscalía, la propia CAM a través del FROB, y la plataforma que agrupa a los damnificados por la quiebra y las cuotas participativas– han solicitado penas de cárcel tanto para López Abad como para el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés.

Precisamente fue una querella del organismo dirigido por Antonio Carrascosa contra este último por el cobro de las citadas dietas y por la obtención de créditos para sus empresas en condiciones más ventajosas que las del mercado la que originó la pieza. López Abad no estaba imputado en un primer momento.

En su escrito de calificación, el fiscal acusa a López Abad de idear la comisión de control de la sociedad Tenedora de Inversiones (TI) de la CAM –de la que formaban parte los mismos miembros de la comisión de control de la caja– como un «burdo instrumento» para repartirse dietas por encima de lo que fijaba la normativa de cajas. El Ministerio Público fija en 1,5 millones de euros la cantidad que se repartieron veinte consejeros por celebrar 16 reuniones en cinco años. Pide cuatroaños de cárcel para López Abad, y que indemnice con esa cantidad al Banco Sabadell (aunque hace responsables solidarios a sus perceptores).

A Juan Ramón Avilés, por beneficiarse de dichas dietas y valerse de su influencia en la caja para novar un crédito fallido –simulando la venta de la sociedad a su hermana–, le pide dos años de cárcel.

Volver a la sección