Portada > Prensa

El exceso de plantilla acumulada durante la etapa de bonanza le va a salir caro a las cajas de ahorros. En concreto, alrededor de 7.500 millones de euros, según cálculos realizado el bufete Sagardoy, el principal asesor de las cajas en materia laboral durante la reestructuración. Martín Godino, socio del despacho, estima que el coste medio del recorte por empleado es de 300.000 euros. “Está muy por encima de otros sectores”, resaltó el abogado durante su participación en un encuentro organizado por Executive Forum España sobre las cajas de ahorros.

El excedente de empleados de esta mitad del sector se cifra en 25.000 empleados, alrededor del 19% del volumen de trabajadores de las cajas. Esta reducción supone que esta parte del sector volverá a tener una plantilla similar a la que tenían en 2002, en el entorno de las 107.000, según datos del Banco de España. Es un nivel similar a los empleos con los que cuentan ahora los bancos.

El Frob
Este coste tendrá que ser asumido por las cajas de ahorros entre este año y el próximo, ya que deben provisionarlo de forma inmediata. Este desembolso es asumible gracias a que el Gobierno puso en marcha el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El sector ha obtenido financiación a través de este instrumento por valor por más de 10.000 millones, que devolverá en un plazo máximo de cinco años. Siete de cada diez euros del Frob será para eliminar los puestos los trabajadores. El 90% de estas reducciones de trabajo es a través de prejubilaciones.

Además, durante el proceso de negociación de las operaciones de fusión de cajas se han mejorado las condiciones de las plantillas por dos vías. La primera por la igualación al alza de las condiciones de las cajas que se unen y también por la fuerza que tienen los sindicatos para lograr una mejora para los trabajadores.

El socio de Sagardoy estima que las cajas tienen, además, un problema laboral a largo plazo: el convenio colectivo elegido para los bancos que están constituyendo para actuar como sociedad central de sus fusiones frías o Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Pese a que podían haber optado por regirse por el acuerdo laboral por el que tienen los bancos, han preferido que se aplique el convenio de las cajas, más costoso.

A pesar de que la reducción de plantilla que están acometiendo estas entidades va a suponer una reducción de los costes totales laborales, el coste por empleado va a seguir siendo más alto que en los bancos. Godino vaticina que este hecho llevará a un segunda oleada de reestructuración de las cajas para equilibrar estos costes.

En el encuentro también participó el director general de la patronal del sector (Ceca), José Antonio Olavarrieta, quien destacó que todas las entidades españolas van a cumplir con los requisitos de la nueva Basilea III (que exigirá mejor y más capital y unos nuevos ratios de liquidez) en el plazo previsto.
Pidió también que esta normativa, en período de configuración, no penalice al modelo de banca minorista, el más común en España y que se ha mostrado como el más óptimo para resistir la crisis.

Volver a la sección