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DAVID NAVARRO/

¿Por qué sólo cuatro de los anteriores ejecutivos de la CAM además del expresidente Modesto Crespo están imputados en la causa que instruye la Audiencia Nacional, cuando fueron todos los miembros del comité de dirección de la entidad (14 en total) los que se beneficiaron de los planes de pensiones millonarios que supuestamente fueron contratados de forma irregular o de los incentivos abonados indebidamente? O todos o ninguno. Ésa es, a grandes rasgos, la cuestión que plantea la defensa del exdirector general de Control de la caja alicantina Teófilo Sogorb en un escrito registrado a principios de este mes en el juzgado y en el que pide a la Fundación CAM, que actúa ahora como acusación particular, que aclare su posición al respecto. 
Más que el encausamiento de sus excompañeros, Sogorb trata así de acotar su posible responsabilidad en el caso, intentando que sólo se le reclame la parte proporcional de perjuicio que le corresponda personalmente por su actuación, en lugar de responder solidariamente por todo el daño causado. Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, con la fianza de 35 millones impuesta por el juez, de la que todos los imputados deben responder en su totalidad con independencia de su grado de intervención en los hechos que se investigan.
En esta línea, lo primero que hace la defensa de Sogorb en su escrito el mismo en el que consigna los bienes para el pago de la citada fianza es minimizar el beneficio ilícito obtenido por su cliente con las polémicas rentas vitalicias que contrataron los exdirectivos de la CAM. Como se recordará, el consejo de administración autorizó en 2007 la suscripción de una póliza con la aseguradora Caser para mejorar la jubilación de sus ejecutivos una práctica habitual en el sector pero limitó el importe de las futuras prestaciones al 60% de las retribuciones fijas de cada beneficiario cobraba estando en activo. 
Sin embargo, los directivos de la caja obviaron este tope y contrataron una póliza por casi el doble de lo aprobado por el consejo, lo que obligó a la entidad a desembolsar más de 57 millones de euros. Años después, en los primeros meses de 2011 y ante la inminente fusión con Cajastur, decidieron corregir su actuación para evitar que los nuevos gestores se dieran cuenta de la irregularidad y cancelaran la póliza. Esto permitió a la CAM recuperar cerca de 26 millones aunque, eso sí, también aprovecharon para modificar varias cláusulas y garantizarse el cobro de la parte restante.

Niega el daño

En el caso del exdirector de Control, el escrito presentado en la Audiencia Nacional señala que la cantidad devuelta en 2011 (1,9 millones) es incluso superior a la sobreprima que se pagó por su pensión (1,71 millones), por lo que considera que no se le puede atribuir personalmente «ningún perjuicio» a la entidad por este asunto. Sin embargo, recuerda que en las denuncias que presentó la CAM cuando estaba bajo la administración del FROB se sustentan «sobre la base de lo obtenido ilícitamente» por el conjunto de miembros del comité. 
Para el representante de Teófilo Sogorb «sorprende» que «únicamente se esté pretendiendo sancionar económicamente a los imputados cuando el supuesto perjuicio o beneficio ilícito ha sido adquirido o percibido por terceros» sobre los que recuerda que no recae ninguna acusación y ni siquiera «ninguna medida tendente a la recuperación del perjuicio».
Por todo ello, reclama a la CAM que aclare si considera ilícito o no la cantidad de más que se pagó por la pensión de cada ejecutivo a nivel individual «y, en consecuencia, si interesa la imputación de los miembros del comité de dirección» al completo. En caso contrario, considera que su cliente tampoco debería estarlo o, al menos, que no debería responder por las pensiones de los demás. 

Prejubilaciones de lujo

 
El mismo argumento le sirve para desentenderse de las irregularidades en las indemnizaciones que cobraron los seis ejecutivos que se prejubilaron aprovechando el ERE puesto en marcha por la CAM en 2011 y al que se acogieron, entre otros, el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general adjunto Agustín Llorca. En total estos ejecutivos se embolsaron 15,5 millones de euros, 5,5 millones más de los que hubieran cobrado si se les hubieran aplicado las mismas condiciones que al resto de trabajadores que abandonaron la entidad en aquel momento. 
Sogorb señala que no está entre estos prejubilados y tampoco tiene constancia de que se haya hecho nada por recuperar el dinero, por lo que de nuevo no entiende que se le acuse del perjuicio ocasionado cuando, además, de los beneficiados sólo López Abad y el exdirector general de Recursos Vicente Soriano están encausados. Si los finiquitos fueron ilegales, sostiene, «deben ser imputados aquellos que se lucraron».
Siguiendo con su razonamiento, la defensa de Sogorb llega hasta la paga de beneficios que se abonó a toda la plantilla en 2011 y que costó a la CAM más de 11,2 millones de euros. De acuerdo con las denuncias del FROB, este desembolso nunca debió producirse ya que se hizo a cuenta de unos resultados, los de 2010, que eran falsos y que ocultaban en realidad pérdidas multimillonarias. El exdirector de Control pregunta de nuevo a la CAM sobre las medidas que se adoptaron para recuperar ese dinero, en un intento de dejar claro de nuevo que nada se ha hecho contra el resto de los beneficiados.

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