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Mercedes gallego/D. NAVARRO

  A las 10 horas de hoy esta previsto que comience en la Audiencia Nacional la primera tanda de declaraciones de exconsejeros y exdirectivos de la CAM acordada por el magistrado Javier Gómez Bermúdez dentro de la investigación que está dirigiendo desde el pasado mes de julio para determinar si el expresidente de la comisión de control de la caja de ahorros, Juan Ramón Avilés, recibió o no un trato de favor de la entidad en la concesión de créditos por más de veinte millones de euros y en el cobro de unos 300.000 euros en dietas de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones, también bajo la lupa judicial por los negocios de la CAM en el Caribe.

De las 34 personas citadas (además de los exconsejeros se ha llamado a cinco exdirectivos) el empresario Aniceto Benito ocupa el primer lugar en el listado del magistrado, quien en la providencia en la que comunica su decisión precisa que todos los convocados lo son en calidad de testigos pero con la advertencia de que acudan acompañados de abogado por si durante la declaración variara su condición procesal, es decir, que se diera el caso de entrar como testigos y salir como imputados. Un modo de citar que no ha gustado a la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido la providencia, y que puede no ser tenido en cuenta por algunos de los testigos, que habrían optado por ir sin letrado.

Para la jornada de hoy también está citado Jesús Navarro, propietario de Carmencita, la empresaria hotelera Natalia Caballé, quien ha solicitado un cambio de fecha al coincidirle la declaración con un viaje organizado con anterioridad, el expresidente de la Cámara de Comercio y de Terra Mítica Luis Esteban o quien fuera secretario del consejo de la CAM y director de Radio Televisión Valenciana, José Forner. La exconsejera Natalia Ferrando, quien entró en este órgano de control por los impositores, el sindicalista de UGT Gregorio Fernández y el presidente de los conserveros de Murcia, José García, componen también un listado que para esta primera jornada que se completa con la citación a Fernando Martín, fichado por la CAM en julio de 2007 como director de Negocio y que apenas un año después abandonó la caja.

Segunda ronda
El sindicalista del Sicam Manuel Navarro inaugura la ronda de declaraciones del miércoles, la segunda jornada de esta primera tanda que tendrá su continuidad los días 2 y 3 de abril, al que le seguirá quien fuera vicepresidente segundo de la CAM y presidente del consejo territorial de la entidad en Valencia, Benito José Nemesio, el empresario valenciano José Rovira, el exconseller de Industria y catedrático de Economía en la Universidad de Alicante Martín Sevilla, el psicólogo Óscar Estrada y el empresario Ginés Pérez Fenoll. Exconsejeras que entraron en representación de los impositores hay dos convocadas: Elia María Rodríguez, una taxista de Orihuela, y Raquel Páez, extrabajadora de la caja y una de las intervinientes en la la comisión creada en las Cortes Valencianas para analizar la debacle de la CAM que con mayor claridad ha hablado.

Completa el listado de comparecientes de este segundo día Francisco Martínez, exdirector de Riesgos de la CAM y quien ya declaró en esta misma instrucción el pasado septiembre, también en calidad de testigo, negando que Avilés recibiera trato de favor por parte de la entidad, algo que mantienen tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular y que el Banco de España asegura en un informe ratificado ante el magistrado.

La citación de los exconsejeros se produce porque todos lo créditos concedidos por la entidad a miembros de la comisión de control o del propio consejo de administración debía aprobarlos obligatoriamente este último organismo antes de tener validez, precisamente, para evitar irregularidades como las que se denuncian en el caso de Avilés. Sin embargo, los exconsejeros consultados por este diario declinan cualquier posible responsabilidad y recuerdan que las operaciones llegaban a sus manos tras haber pasado todos los controles de los técnicos y recibir el visto bueno de la comisión de riesgos. Además, señalan que en la mayoría de los casos se omitía el nombre del beneficiario de estos créditos para evitar suspicacias, por lo que no sabían para quién eran los mismos.

Igualmente, también apuntan que, antes de desembolsar el dinero, los expedientes también debían recibir la aprobación del Instituto Valenciano de Finanzas que, supuestamente, comprobaba que todos los trámites habían sido correctos.

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