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El Banco de España hizo un serio requerimiento a Caja Mediterráneo (CAM) en diciembre de 2010 que vaticinaba lo que acabaría pasando en 2011, con la intervención de la entidad por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La caja tenía unos deterioros no contabilizados de 1.020 millones de euros, señalaba, entre otras cosas. El organismo supervisor indicaba que el informe debía leerse en el consejo de la CAM. Casi ninguno de los miembros del consejo de la entidad que han pasado por la comisión de investigación de las Cortes Valencianas recuerda haber escuchado esa lectura. Algunos, como el vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal, que era consejero de la CAM entonces, aseguraron que las actas no reflejan la realidad.

“Las actas son un reflejo fiel de lo que acontecía”, replicó este lunes, también en la comisión, el que fuera letrado de la caja y secretario de actas del consejo, Juan Martínez-Abarca. Sin embargo, el abogado que dirigió desde 1986 a 2009 los servicios jurídicos de la CAM añadió que, contrariamente a lo que opinan otros, él es partidario de aplicar los criterios del Código de Comercio y, por tanto, las actas no recogen las intervenciones de quienes no pidieron expresamente que constaran en acta. “Aquello no eran las Cortes sino una entidad mercantil”, dijo Martínez-Abarca a modo de explicación.

Sobre la lectura o no en el consejo del grave requerimiento del Banco de España en diciembre de 2010, Martínez-Abarca indicó que la directora general “estuvo más de media hora dando explicaciones” con diapositivas. “La directora iba leyendo un párrafo y lo iba explicando”, añadido, sin llegar a asegurar que se leyera completa.

Meter un gazapo en las actas sería “una bomba de relojería”, dice Martínez-Abarca

Un poco más adelante, Martínez-Abarca puso en duda que el Banco de España indicara su lectura íntegra. Parece que decía que “se diese cuenta” del informe, comentó. Los diputados de la oposición, Lluís Torró, de Esquerra Unida; Mireia Mollà, de Compromís, y Ángel Luna, del PSPV-PSOE, le reiteraron que en el acta se dice que se produjo la “lectura íntegra” del requerimiento. A preguntas del diputado del PP Vicente Betoret, Martínez-Abarca aseguró además que no se grababan las sesiones de los consejos de administración

Martínez-Abarca dejó muy claro que no tiene responsabilidad jurídica sobre las actas, ya que los encargados de firmarlas y darlas por aprobadas, “en los 10 días hábiles posteriores” a la reunión, eran el presidente y el secretario del consejo. Añadió que solo intervenía en los consejos cuando era consultado y que se basaba para elaborar las actas en unas pre-actas a las que aportaban información diversos departamentos de la CAM. En estas pre-actas estaba contenido el 99% de las actas definitivas, según señaló.

“Habría sido una tremenda temeridad por parte del presidente o el secretario intentar introducir un gazapo en las actas”, añadió Martínez-Abarca, que calificó de “bomba de relojería” cualquier eventual intento en ese sentido.

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