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MERCEDES GALLEGO

Una investigación patrimonial de los cuatro querellados mientras se continúa analizando el material incautado en la sede de Valfensal en Benidorm. Ésta es una de las primeras diligencias ordenadas por el magistrado Javier Gómez Bermúdez en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional tras la querella interpuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, contra el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja, Daniel Gil Mallebrera, y contra los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó por cinco negocios (cuatro en el Caribe y uno en Tenerife) realizados por Valfensal. Una sociedad propiedad en un 70% de Ferri y Baldó a través de la mercantil Mar Confort y participada en el 30% restante por Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la principal filial inmobiliaria de la CAM sobre la que López Abad y Daniel Gil tenían plena capacidad de decisión y similar nivel de autonomía para actuar "al margen" e incluso en "en contra" de los procedimientos internos previstos en la caja para ciertas operaciones, según recoge la querella.
El magistrado está investigando si, como se afirma en la querella que a su vez se apoya en un informe elaborado por Deloitte, los exdirectivos de la entidad de ahorros se pusieron de acuerdo con sus socios para desviar fondos de la caja en su beneficio. De hecho, el escrito redactado por el abogado designado por el FROB para representar a la CAM se refiere a "la existencia de cinco operaciones de inversión cuya racionalidad económica resulta incomprensible en términos de una gestión ordinaria y, en cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido (en alusión a López Abad y a Gil Mallebrera) con los coquerellados propietarios del grupo Mar Confort ocultándolas bajo la apariencia de inversiones".
La querella fue presentada y admitida a trámite el pasado mes de julio aunque las actuaciones han permanecido bajo secreto para no perjudicar a la obtención de pruebas. Fue poco después de llevarse a cabo los registros realizados a mediados del pasado mes de octubre en la sede de Valfensal en Benidorm y en los domicilios particulares de los empresarios (donde se requisó documentación que en estos momentos está siendo analizada) cuando se hizo pública esta investigación en la que ya están personado los cuatro querellados. Del contenido del material intervenido depende en gran medida el curso que sigua este procedimiento.
En paralelo al análisis de esta documentación el juez ha decidido investigar el patrimonio de los cuatros querellados para determinar, entre otros aspectos, si se han producido incrementos sospechosos atribuibles a unas actuaciones que el representante legal de la CAM considera constitutivas de cinco delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de otros tantos de administración desleal sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción pudiera concretarse la comisión de otras infracciones penales como blanqueo de capitales, falsedad documental o contra la Hacienda pública.
La de Valfensal es la cuarta causa que instruye la Audiencia Nacional en relación la gestión de la CAM tras la abierta por las actuaciones de la excúpula, la que investiga si hubo trato de favor con el presidente de la Comisión de Control de la caja, Juan Ramón Avilés, y en la que están personados a través del letrado Diego de Ramón unos quinientos damnificados por la compra de preferentes y cuotas participativas.

Nueva auditoría de las cuentas de la CAM
Dos inspectores del Banco de España "no contaminados", es decir, sin relación alguna hasta ahora con la CAM, han comenzado a auditar la parte de las cuentas de la entidad que afectan a la pieza de la excúpula en respuesta al planteamiento que en este sentido hizo el fiscal anticorrupción para despejar dudas sobre la imparcialidad de los peritos. Con todo, varios de los imputados (entre ellos López Abad y Amorós) plantearon la recusación de los inspectores por dudar de su independencia, lo que ha sido rechazado por el magistrado. M. G

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