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Muelas, durante su comparecencia en la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre la intervención de la CAM por parte del Banco de España, se ha pronunciado así en relación al proceso de creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que finalmente se rompió.

Ha explicado que cuando, a raíz de este proceso, comenzó a hablarse de las dificultades de la CAM, desde la dirección se les dijo que no había motivos para "agachar la cabeza" sino que la caja alicantina estaba en disposición de "sacar pecho" frente al resto de entidades del SIP.

Este matemático especializado en gestión empresarial ha explicado que llegó al consejo en 2010 como representante de los impositores por la provincia de Cuenca, después de que fuera requerido desde la propia CAM que querían contar con alguien de la "zona centro-sur" que representaba "una tercera parte de los ingresos" de la caja.

Muelas, que por los dos años que estuvo en el consejo cobró dietas por valor de 23.800 euros, ha asegurado que en ningún momento tuvo la sensación de que se estuvieran haciendo "cosas ilegales" y ha añadido que el hecho de que el Banco de España estuviera inspeccionando la entidad le daba "tranquilidad" en que las cosas se estaban "haciendo bien".

Al igual que otros muchos exconsejeros que han pasado por la comisión, Muelas ha confirmado que el consejo no fue informado del primer requerimiento del Banco de España sobre irregularidades en la caja en una reunión en la que se aprobó el traspaso de todos los activos al banco base surgido del SIP.

El exconsejero, quien se ha mostrado convencido de que si ese informe del Banco de España se hubiera expuesto al día siguiente "habría salido en la prensa" y no fue así, ha admitido que le llamó la atención que se le diera "más importancia" a la elección de los consejeros que iban a estar en el banco base que al hecho del traslado de la actividad indirecta de la CAM a la nueva entidad.

Asimismo ha defendido que a su juicio el "hundimiento" de la caja fue debido a que se la "expuso" demasiado al sector inmobiliario y ha asegurado que en ningún momento pensó que la entidad iba a ser intervenida por el Banco de España.

Por su parte, la exmiembro de la comisión de control de la CAM Olaya Pérez ha defendido su labor en este organismo entre 2002 y 2007 y ha explicado que no ha sido imputada por la Audiencia Nacional, ya que su labor es previa al periodo que está siendo investigado.

Pérez, maestra de Educación Infantil y Primaria, ha defendido que ser economista no era "condición sine qua non" para formar parte de la comisión de control, tal y como lo reflejan los estatutos de la CAM y ha explicado que la información previa a las reuniones se les enviaba "en papel" a casa y las actas, aunque no las enviaban, estaban a disposición de quien las solicitase. EFECOM

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