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Madrid, 25 nov.- Muchas cajas de ahorros, como Caja Madrid, Bancaja o CatalunyaCaixa, viven los últimos días de su historia antes de convertirse en fundaciones dedicadas solo a la obra social, y con unos recursos muy inferiores a lo que estaban acostumbradas.

El proceso de transformación se ha visto acelerado por la Ley que aprobó hace unos días el Congreso, que da un plazo de cinco meses para convertirse en fundaciones a todas las cajas que hayan perdido el control de su actividad financiera.

Así ocurre por ejemplo con las siete cajas que fundaron BFA, la matriz de Bankia, y que perdieron toda su participación en el banco cuando fue nacionalizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el pasado mes de junio.

Si se cuenta desde entonces, Caja Madrid, Bancaja, la Caja Insular de Canarias, Laietana, la de Ávila, la de Segovia y de la Rioja, están a punto de sobrepasar el plazo máximo establecido, por lo que esta semana culminarán su conversión.

Algo parecido ocurre con Novacaixagalicia y con Catalunya Caixa, dos entidades que perdieron el control de sus bancos tras ser nacionalizados por el FROB, y que tendrán que seguir el mismo proceso.

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la nueva ley no deja opción a que los órganos de control de una caja, como por ejemplo la Asamblea General, vote en contra de este proceso de conversión en fundaciones.

Si se excede el periodo de cinco meses, dice la ley, "se producirá la disolución directa de todos los órganos de la Caja de Ahorros y la baja en el registro (..) del Banco de España".

En este caso, el órgano que ejerce de protectorado de la caja, normalmente el Gobierno regional, nombra una comisión gestora que se encarga de aprobar los estatutos de la Fundación, nombrar un patronato y constituir la fundación.

Con esta nueva norma se han resuelto situaciones como la que vivió la Asamblea de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) el pasado mes de julio. Los clientes y pequeños ahorradores que compraron perdieron su dinero al comprar cuotas participativas convirtieron la reunión en un aguacero de insultos contra algunos altos cargos, y al final consiguieron bloquear la conversión en fundación.

También en Catalunya Caixa, la Asamblea celebrada a principios de mes no logró la mayoría cualificada (tres cuartas partes) de los votos que necesitaba para aprobar la transformación, que quedó paralizada.

No obstante, días después entraba en vigor la nueva ley, con lo que ahora la conversión en fundación de la obra social de esta caja será automática y tendrá lugar probablemente antes de fin de año.

El nacimiento de estas nuevas fundaciones no hace sino asegurar la pervivencia de la importante obra social que realizaron durante décadas las cajas de ahorros. En muchos casos, el presupuesto se verá muy mermado, al no contar ya con los ingresos procedentes del negocio financiero.

Así ocurre por ejemplo con la obra social de Caja Madrid o Bancaja que, aunque tiene un remanente importante de años anteriores, ahora deberá buscar nuevas vías de financiación o bien reconsiderar algunas actividades.

Otras, como CatalunyaCaixa, genera sus propios ingresos a través de su patrimonio, entre los que se encuentra el edificio de La Pedrera, en Barcelona, o con la gestión de los espacios naturales de su propiedad.

Así puede mantener un presupuesto que ronda los 35 millones de euros anuales. Aunque sus ingresos son solo de 20 millones, la conversión en fundación le permitirá movilizar aportaciones privadas.

Otras entidades, como Unnim ha logrado que el banco que la adquirió, el BBVA, se comprometa a aportar 2,2 millones para sostener la obra social, una cifra que le permite este año mantener un presupuesto de 5 millones, aunque inferior a los 15 millones de otros años.

El Sabadell, por su parte, ha decidido poner en marcha un comité de patrocinios y mecenazgos, una iniciativa a través de la cual, además de desarrollar actividades propias, podría asumir algunos de los compromisos que la Obra Social de Caja Mediterráneo ha dejado sin atender por falta de dinero.

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