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MERCEDES GALLEGO/D.N. MADRID/ALICANTE

Dos imputados más que sumar a los cinco que ya forman parte de la causa en la que se pretende averiguar, entre otras cuestiones, si la excúpula directiva de la CAM falseó las cuentas de la entidad de ahorro para adjudicarse unos emolumentos a los que no tenían derecho dada la situación financiera de la caja. Ésta es la pretensión del fiscal que desde Anticorrupción lleva el asunto y así se lo ha hecho saber al magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la investigación, Javier Gómez Bermúdez, quien aún no se ha pronunciado sobre esta petición.
En concreto, la acusación pública pide la imputación de Francisco Martínez, exdirector general de Inversiones ya sin vinculación alguna con la caja, de donde fue despedido, y de su entonces subordinado Juan Luis Sabater, quien era director de Financiación y Gestión de Liquidez y que hoy continúa en el área de Gestión Financiera del Banco CAM.
El ministerio público entiende que ambos son responsables de las operaciones de titulización de créditos con las que supuestamente se hincharon artificialmente los resultados de la entidad en 2010, el primero en cuanto que las diseñó y el segundo porque las firmaba, con lo que esta parte entiende que estaba al corriente de las operaciones. La acusación particular que representa los intereses de la caja a través del letrado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se ha sumado a este planteamiento por entender que ambos ejecutivos eran meros ejecutores que cumplían órdenes de sus superiores.
De acuerdo con el informe realizado por la inspección del Banco de España tras la intervención de la entidad, a lo largo del citado ejercicio la CAM realizó hasta cuatro titulaciones de créditos que considera irregulares. Este tipo de operaciones son relativamente habituales en el sector y consisten en "empaquetar" lotes de préstamos para venderlos a terceros -generalmente fondos de inversión u otras entidades- para obtener liquidez. Entre los lotes que vendió la CAM se incluían numerosos créditos fallidos o en situación de impago porque, al traspasarlos, la normativa permite recuperar las provisiones realizadas por los mismos, con lo que se generan beneficios, y además se reduce la tasa de morosidad, uno de los indicativos que más se vigilan en los mercados. Pero en el caso de la CAM se trataba de una venta ficticia con el único objetivo de recuperar las dotaciones realizadas ante el Banco de España.

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