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Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público solicitará más documentación sobre los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) concedidos a Avilés e incluso podría pedir la declaración de algunos de los directivos que intervinieron en esas operaciones, como Roberto López Abad y María Dolores Amorós.
Las nuevas diligencias se concretarán después de que Avilés haya negado hoy cualquier irregularidad en la concesión de los préstamos ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que investiga diversas operaciones que contribuyeron supuestamente a enriquecer a los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Junto a Avilés, que está imputado por administración desleal y apropiación indebida, han comparecido también los peritos de parte, que han realizado un careo por orden de Gómez Bermúdez.
El perito designado por el FROB, el director de PwC Javier López Andreo, ha insistido en que Avilés no dio al dinero público el destino al que estaba obligado y lo dirigió, por ejemplo, a la Universidad Católica de Murcia o a pagar el abono a Canal +.
El informe de PwC también refleja que parte del dinero de la línea ICO-Renove Turismo, que buscaba financiar la compra de equipamientos fijos para el turismo, se empleó para financiar la actividad promotora de las sociedades de Avilés.
El perito designado por Avilés, Juan Manuel Antón, ha insistido en que los créditos del ICO y del ICREF tenían fines amplios que se cumplieron en última instancia.
Su informe justifica que la falta de liquidez de las sociedades inmobiliarias del presidente de la Comisión de Control le obligaron a pedir los préstamos ICO-Liquidez y que en las condiciones de esos créditos figuraba que no hacía falta detallar el destino del dinero.
Según la querella que presentó el letrado designado por el FROB para la CAM, Carlos Gómez-Jara, la caja concedió diversos préstamos con fondos públicos "sin una mínima comprobación de viabilidad y garantías y vulnerando de modo oneroso las condiciones de concesión", debido a la presión ejercida por Avilés.
En concreto, sus sociedades La Vereda de Sucina, Residencial Sucina y Roig Coll fueron receptoras de cuatro préstamos ICO en 2009 por importe de 2,16 millones y de otro del ICREF por importe de 1,87 millones, sin que estuvieran en condiciones de devolver esas cantidades.
Según la querella, "Avilés ejercitó toda la presión que le permitía generar su cargo en la CAM" para obtener esos créditos, que buscaban atender gastos corrientes de su familia o tapar descubiertos de otros préstamos de promoción inmobiliaria concedidos por la propia caja, que suman 17 millones.
Así, Avilés "se prevalió de su posición de máxima relevancia en la CAM para obtener, de modo perjudicial para su principal, a la que debía lealtad máxima, la financiación para su intento de participar en las rápidas, especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la llamada burbuja inmobiliaria generó durante años".
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