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D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 01/09/2012

Ignorar mientras sea posible la resolución del juez Javier Gómez Bermúdez que ordena el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros, y esperar acontecimientos mientras se resuelve su recurso contra dicha resolución. Esa es la estrategia trazada por las defensas de los cinco exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional, que les atribuye los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros.

Gómez Bermúdez imputó a finales de junio al expresidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Todos ellos han pasado ya por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, para prestar declaración en calidad de imputados, y el magistrado ha adoptado medidas cautelares contra algunos de ellos. En el caso de López Abad o Amorós, por ejemplo, con la retirada del pasaporte.

Al mismo tiempo, Gómez Bermúdez fijó la citada fianza de 25,8 millones de euros en un auto firmado el pasado 26 de julio. El magistrado concedía a los cinco imputados -la fianza es solidaria- un plazo de quince días, que venció la semana pasada. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que no se ha producido depósito alguno.

Para el martes está prevista la declaración como imputado del presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, tras la querella del FROB que lo acusa de obtener créditos en condiciones ventajosas -una acusación por la que Avilés, a su vez, se querelló hace varios meses contra los inspectores del Banco de España-. Al igual que los cinco imputados en la causa principal de la CAM (cabe recordar que Gómez Bermúdez ha abierto una causa diferente para Avilés), éste tampoco tiene intención por el momento de hacer efectiva la fianza de 2,8 millones de euros que solicita el FROB en su querella.

1.000 despidos

El jefe de la comisión de control de CAM presentó ayer un recurso contra la admisión de la querella del FROB, en el que rechaza las acusaciones de los administradores provisionales de la caja. Los otros cinco imputados, mientras, esperan que se resuelva el recurso que presentaron en su momento contra la fianza. Si bien dicho recurso no les eximía de realizar el depósito de los 25,8 millones, sus defensas apuestan por esperar acontecimientos. El juez, mientras, no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Por otra parte, una vez finalizada la primera toma de contacto entre la dirección del Banco Sabadell y los sindicatos, todo apunta a que el ERE que debe acometer la entidad tras adquirir el Banco CAM implicará 1.000 despidos, al margen de prejubilaciones y bajas voluntarias. Tal como adelantó este periódico el pasado sábado, la intención de Sabadell es llevar a cabo 600 prejubilaciones en CAM y otras tantas en su propia plantilla, para completar los 2.200 puestos de trabajo a extinguir por orden de Bruselas. Las negociaciones se abrirán de forma oficial el jueves

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