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El Consejo de Estado dictamina que la Comisión debe ceñirse a su ámbito autonómico
MANUEL CONEJOS / valencia
Día 03/08/2012
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez no comparecerá finalmente en la comisión de investigación que abrieron las Cortes Valencianas al objeto de conocer los detalles del proceso de intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Ordoñez nunca brindó su colaboración para analizar su actuación en este asunto, pese a que sí hizo ese esfuerzo de transparencia en el Congreso de los Diputados para dar información sobre el proceso que desembocó en la nacionalización de Bankia.
La petición de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas se ha dado de bruces con el dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso ABC, adoptado por unanimidad, en el que se considera que Ordóñez, junto a otros cargos del Banco de España, no tienen la obligación de de atender los requerimientos de comparecencia y remisión de diversa documentación por «carecer dicha comisión de potestad para fiscalizar la actuación de órganos ajenos al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma».
Esta decisión es contraria a lo que pensaban los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que sí atribuían potestad a la comisión de investigación en la Cámara autonómica para solicitar las comparecencias y la petición de documentación, incluso en ámbitos distintos de la Autonomía valenciana.
Carta de Linde a Cotino
El actual gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido el encargado de remitir el dictamen de la comisión permanente del Consejo de Estado del pasado día 26 de julio y ruega «transmitan a la comisión la imposibilidad de atender las solicitudes de comparecencia y documentación» por parte, tanto de las autoridades y personal del Banco de España requeridos, como de los cargos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Junto a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tampoco van a comparecer en la comisión de investigación de las Cortes autonómicas las siguientes personas: Javier Aríztegui (en el momento de su requerimiento era subgobernador del Banco de España); José viñals (exsubgobernador del Banco de España); Jerónimo Martínez (director general de Supervisión del Banco de España); Pedro González (director del departamento de Inspección I del Banco de España); Ángel Rico (jefe del Grupo I del departamento de Inspección I del Banco de España); Mariano José Herrera (director general del FROB); Julián Atienza (ex director general del FROB); y José Antonio Iturriaga (administrador provisional de la CAM en representación del FROB).
El dictamen del Consejo de Estado concluye que en el caso de las comparecencias solicitadas a los cargos del Banco de España no procede «en la medida que todas las informaciones interesadas traen causa del ejercicio de una competencia atribuida en exclusividad al Banco de España». Además, entiende que la constitución de una comisión de investigación autonómica se debe ceñir al ámbito competencial propio de la Autonomía y «no vincularse a la mera existencia de un genérico interés público».
Guardar secreto
En el caso de los directivos del FROB, el dictamen recuerda que tienen el «deber de guardar secreto» sobre las informaciones que manejan y, como recoge el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, «el acceso a esas informaciones lo tendrán las Cortes Generales a través del Gobernador del Banco de España».
La comisión de investigación de la CAM se ve así seriamente mermada en sus aspiraciones de conocer porqué fallaron los mecanismos de control para evitar la situación de intervención de la CAM y la destitución de todos sus gestores que acabó produciéndose.
La actividad de la comisión -cuya última reunión se produjo el 19 de junio- se reemprenderá en septiembre con la comparecencia, entre otros, del vicepresidente de la comisión de control de la CAM y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio. Hasta la fecha los comparecientes no han arrojado luz alguna sobre qué se gestionó mal en la CAM. |
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