Amorós rechaza las responsabilidades contables e indica que sólo ocupó el cargo ocho meses
LEVANTE-EMV VALENCIA La exdirectora general del CAM María Dolores Amorós aseguró ayer durante su declaración como imputada en la Audiencia Nacional que durante su mandato, iniciado en el año 2010, no tomó ninguna medida que afectase a la liquidez o solvencia del banco, según confirmó su abogado Carlos Saiz tras el testimonio. Amorós, que permaneció en el Juzgado Central de Instrucción número 3 durante casi de tres horas, respondió a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el representante legal del FROB e indicó que asumió el cargo únicamente durante ocho meses. "Los cuatro primeros tuvo delegadas las funciones al Sistema Institucional de Protección (SIP) y los cuatro últimos la entidad permaneció bajo la intervención del Banco de España", precisó el letrado. La exdirectora general de la CAM, que fue adjunta al cargo entre los años 2001 y 2010, se desligó también de responsabilidades en el lanzamiento de participaciones preferentes, a pesar de que el exdirector de Planificación y Control de la CAM, Teófilo Sogorb, apuntó el pasado martes que fue ella la impulsora del sistema. En concreto, Amorós negó haber lanzado ningún tipo de producto que supusiera un riesgo para la entidad. Amorós, a la que el juez Javier Gómez Bermúdez, imputa junto a otros cuatro directivos de la caja la comisión de delitos societarios, apropiación indebida, estafa y alteración del precio de las cosas, respondió también a varias preguntas sobre sus retribuciones anuales y su plan de pensión. La exdirectora general acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales. Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros. No obstante, la juez declaró procedente su despido. Sobre estas cantidades Amorós aseguró ayer que no fue ella quien ordenó su subida de sueldo y agregó que la provisión de su pensión estaba ya decidida antes de su nombramiento. También dijo que no participó durante los ocho meses de su mandato en decisiones sobre préstamos. Con la declaración de la exdirectora de la CAM termina una intensa semana de interrogatorios en la Audiencia Nacional, en la que han desfilado otros tres directivos de la caja que han coincidido en negar responsabilidades sobre las decisiones que desencadenaron, junto a otros factores, la quiebra de la entidad. Gómez Bermúdez tiene aún pendiente tomar declaración el próximo lunes a los peritos de la auditora PWC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores. Además, interrogará el jueves por la tarde al exdirector general Roberto López.
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