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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 18/06/2012

El abogado Diego de Ramón ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que celebre un careo entre los principales ex consejeros y directivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) para esclarecer su grado de responsabilidad en la mala gestión que condujo a la quiebra de la entidad. En su escrito, De Ramón propone que participen en el careo los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, así como los miembros del consejo de administración que presidía Modesto Creso.

Esta es una de las pruebas que el abogado propone en la tercera querella que ha presentado en la Audiencia Nacional, esta vez en representación de 174 clientes de CAM -la mayoría de ellos, extranjeros que compraron cuotas participativas- contra la antigua cúpula de la caja por presunto delito societario, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y engaño con abuso de poder en la gestión de la caja de ahorros alicantina.

Entre otras actuaciones, Diego de Ramón pide al juez que llame a declarar a Modesto Crespo y al ex vicepresidente Ángel Martínez, para interrogarles sobre los créditos e inversiones otorgados a Terra Mítica, el Grupo Polaris, Hansa Urbana, Crédito Inmobiliario de México, al promotor Francisco Hernando, «El Pocero», a los clubes de fútbol de la Comunidad y Murcia y a las sociedades ligadas a la «trama Gürtel».

En concreto, el abogado pide al juez que averigüe si la antigua dirección de la CAM exigió garantías suficientes a la hora de financiar a estas entidades, y si cuando sus créditos quedaron impagados la caja emprendió acciones judiciales para ejecutar su cobro. Del mismo modo, el abogado pide al juez de la Audiencia Nacional los créditos otorgados por la caja a los partidos políticos «con años de carencia y muy bajos tipos de interes».

Admitida a trámite

En el mismo sentido, el letrado solicita a la Audiencia que averigüe en el mismo interrogatorio si la CAM vendió a bajo precio a representantes de partidos políticos inmuebles embargados por impago, así como si hay inmuebles y propiedades de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario que hayan sido transmitidos a sociedades o personas físicas de la Comunidad Valenciana y Murcia,

En su querella, que ya sido admitida a trámite y unida a las dos anteriores, Diego de Ramón solicita que el juez lleve a cabo una docena de pruebas para esclarecer las responsabilidades penales por la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM).

Entre ellas, solicita informes del servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, así como el informe de la auditora Deloitte según el cual la división hotelera de CAM, Valfensal, pagó comisiones millonarias en paraísos fiscales -Suiza, Panamá y las Antillas Holandesas- por la compra de suelo edificable en México, tal como ha informado ABC.

Del mismo modo, pide al juez de la Audiencia Nacional que solicite una copia del juicio celebrado en Alicante por el despido de la exdirectora general de CAM María Dolores Amorós. La posterior sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante consideró probado que el equipo directivo de la caja recurrió a artificios contables (como reclasificar como activos sanos créditos que habían resultado impagados, o aparcar los activos tóximos mediante la titulización de créditos fallidos) para maquillar su cuenta de resultados.

Diego de Ramón argumenta que los consejeros de CAM eran «perfectamente conscientes de la responsabilidad civil e incluso penal en la que podían incurrir por la quiebra de la caja», como prueba el hecho de que su último acuerdo antes de dimitir, el pasado mes de julio, fue pedir que se mantuviera en vigor la póliza del seguro contratada «para responder de la actuación de este órgano de gobierno».

Fianza de 4,7 millones

Como informó el viernes ABC, el abogado pide al juez que imponga a los querellados (el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exvicepresidente Ángel Martínez, el ex director general adjunto Agustín Llorca Ramírez y otros directivos) una fianza de 4,7 millones de euros, para responder de las pérdidas que han sufrido los 174 clientes personados a través de la querella.

En caso de no depositar esta fianza, Diego de Ramón pide que se embarguen los bienes de los querellados, así como que el juez indague a través de distintos organismo internacionales, como la Interpol, sobre el patrimonio que las sociedades participadas por CAM puedan tener en Suiza, Luxemburgo, Gibraltar, Polonia, México y Marruecos

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