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Adolf Beltran / Ignacio Zafra Valencia 7 MAY 2012 - 23:17 CET12

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, compareció este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el traumático fin de la caja ensalzando su gestión —“he defendido con fidelidad y rigor el papel que me correspondía”— y la de su consejo —que tuvo, dijo, una “actuación leal y diligente”—. Crespo evitó explicar por qué se autoconcedió 190.000 euros en dietas de forma retroactiva, sin haber trabajado para ello, en una sociedad propiedad al 100% de la CAM. El expresidente inició su comparecencia advirtiendo que se acogería al derecho de no incriminarse debido al expediente que le ha abierto el Banco de España por supuestas irregularidades. Con él al frente, la CAM publicó beneficios de 244 millones en 2010; seis meses después, los administradores del FROB nombrados por el supervisor revelaron que la caja perdía en realidad 1.136 millones de euros.

Crespo no se mostró responsable del desastre y afirmó que su misión consistió en “representar institucionalmente a la CAM”, sin tener funciones ejecutivas. De otro modo, añadió, no habría aceptado el cargo por su falta de conocimientos financieros. La diputada de Compromís Mireia Mollà le había preguntado si reunía la capacidad para presidir la que entonces, 2009, era la cuarta caja española.

El expresidente negó que tuviera delegadas las competencias en materia de retribución en la entidad, a pesar de que el diputado socialista Ángel Luna le mostró un párrafo del informe de gobierno corporativo de la entidad de 2010 que así lo indicaba.

“Los políticos no presionaban. Como mucho daban su opinión”, afirma el expresidente de la caja

Crespo se esforzó en repartir responsabilidades fuera de la caja. A los socios de su fusión inicial, por haber roto el pacto —los diputados de la oposición le recordaron que ello ocurrió tras conocerse que supuestamente había maquillado las cuentas—. Al Banco de España, por haber intervenido la caja en lugar de nacionalizarla como sucedió en otros casos —“la intervención la pidieron ustedes”, respondieron los diputados—. Y al resto del consejo, por elegirlo por unanimidad.

Lluís Torró (EU) le preguntó quién le aupó a la presidencia, conocida como es su amistad con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Crespo solo explicó el proceso formal, admitió su relación con Camps y dijo haber compartido también mesa con el exlíder socialista Jorge Alarte. ¿Recibió presiones del Consell para embarcarse en proyectos?, le preguntó David Serra (PP). Crespo dijo que no, y que los políticos, “como mucho, daban su opinión”.

Como recordó el diputado socialista Ángel Luna, el 28 de mayo de 2010 el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se hizo una foto con la cúpula de la CAM, representada por su presidente Modesto Crespo, su director general, Roberto López Abad y la que después le sucedería en el cargo, María Dolores Amorós, para evidenciar su atención al sector financiero. Camps dijo que el sistema institucional de protección (SIP) de la caja alicantina con otras tres entidades le permitiría influir fuera de la Comunidad Valenciana.

Jorge Vela alega que el IVF solo podía “recabar información”

Concretamente, declaró aquel día que la denominada fusión fría permitirá a la CAM “expandir su visión, su capacidad de influencia y de presencia en otros sectores fuera de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana y en otros territorios”.

El SIP se rompió y, hoy en día, tras la debacle de la caja, su intervención y venta, la Generalitat asegura que no tenía competencias de supervisión, inspección y control y que, en algo que sí tenía competencias, las retribuciones de consejeros y directivos como Crespo, López Abad o Amorós, desconocía lo que cobraban.

Jorge Vela, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), aseguró también este lunes ante la comisión de investigación sobre la gestión de la CAM en las Cortes Valencianas que “no tenía conocimiento” del calibre de las retribuciones de los directivos de la CAM. Vela minimizó el papel supervisor del IVF, que atribuyó por completo al Banco de España y alegó que la función del organismo que dirige era “recabar información”, aunque no llegó a precisar qué información recabó antes, durante o después de la crisis. También sentenció, en respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís Mireia Mollà, que “no hay responsables políticos de lo ocurrido porque la responsabilidad siempre recae en los gestores, no en los supervisores”.

Lluís Torró, de Esquerra Unida, y Mireia Mollà, de Compromís, expresaron su estupor por la inactividad del IVF ante la deriva que sufría la caja alicantina. Luna pidió a Vela que no repitiera el contenido de los requerimientos que el Banco de España trasladó a la caja alicantina: “No nos cuente los requerimientos del Banco de España, los hemos leído. Queremos saber qué hicieron a partir de estos escritos”.

Vela se puso la venda antes de la herida y comenzó su intervención lamentando que no acudan a la comisión los responsables del Banco de España. “Sin su presencia, cualquier trabajo quedará incompleto”, dijo. Varios directivos del Banco de España, incluido el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, han rechazado comparecer ante las Cortes porque sólo rinden información al Congreso de los Diputados.

Los grupos de la oposición califican de “burla” la comparecencia

Vela argumentó que “en materia de solvencia y seguridad de las cajas” las competencias de disciplina, inspección y sanción son del Banco de España. El Instituto Valenciano de Finanzas puede “recabar información”, pero no inspecciona.

David Serra, diputado del PP, apuntó que aunque las Cortes “ayudan a configurar las asambleas” de las cajas (la Generalitat llegó atener un 50% de la representación en ellas, que ahora es del 40%) “la responsabilidad es de la asamblea” y preguntó por el peso de los créditos del Consell en la CAM. Vela los cifró en 1.409 millones de euros, un 3% del total.

La oposición calificó de “burla” la comparecencia. También se quejó de que el PP haya impedido que comparezca el exconsejero de Economía Gerardo Camps, que vaticinó en su día que la CAM entraría en pérdidas, como así fue. Eso revela, según Luna, que el Consell tenía más información de la que asume.

“Iba saliendo cada vez más fea en la fotografía”

A. B.

“Nosotros no evaluamos la gestión, sólo buscamos una imagen fiel”. Julio Álvaro Esteban, socio de KPMG que firmó las auditorías de la CAM entre 2002 y 2008, explicó a los diputados de la comisión de investigación de la caja alicantina en las Cortes Valencianas que una auditoría es como “una fotografía de la empresa hecha con la misma cámara, es decir, con normas iguales para todas las cajas”. En un fugaz rasgo de humor, añadió un poco más tarde: “En el caso de la CAM, en la fotografía, progresivamente, iba saliendo cada vez más fea”.

Salía más fea pero no presentó pérdidas hasta que intervino el Banco de España, tras la ruptura del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Javier Muñoz Neira, otro socio de KPGM que firmó las auditorías de la CAM de 2009 a 2011, explicó que la caja pasó de declarar 244 millones en beneficios a 1.136 millones en pérdidas en pocos meses porque la ruptura del SIP cambió los criterios de contabilidad. Según Muñoz, al estar dentro de una “combinación de negocios” que además recibía ayudas públicas, las provisiones se hacían contra reservas y no contra ganancias, como hubo que hacer al fracasar la fusión fría.

El diputado de Esquerra Unida Lluís Torró preguntó por los “artificios contables” de la CAM; Mireia Mollà, de Compromís, si los auditores se sintieron engañados en la información recibida de la caja, y Ángel Luna, del PSPV-PSOE, inquirió por qué, pese a los requerimientos del Banco de España sobre la situación de la CAM, su estado “no se reflejaba en los informes de auditoría”. El popular José Marí Olano quiso dejar claro que no se ha abierto expediente a los auditores y trató de definir el alcance de sus informes.

Los auditores vinieron a reconocer que la CAM les ocultó información únicamente sobre titulizaciones. En la información no aparecían “una serie de opciones que permitían obtener conclusiones de manera distinta”, dijo Muñoz, que añadió: “Se nos ocultó a nosotros y al Banco de España”. Luna indicó que en sus informes se recoge que la CAM había aprobado “retribuciones sin respetar la normativa” y los auditores lo confirmaron al reconocer que en el ERE que se aplicó en la caja se incluyó a seis directivos “que no estaban en la lista inicial”. Siempre hablando en términos contables, los auditores situaron el deterioro de la CAM en 2011. “En ningún caso consideramos que hubiera deterioro anterior a diciembre de 2010”, aseguró Javier Muñoz.

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