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07/05/2012 EFE

Valencia, 7 may (EFECOM).-.

Crespo ha hecho estas afirmaciones en la comisión de Las Cortes valencianas que investiga la intervención de CAM por el Banco de España, donde ha asegurado que la caja alicantina no concedió ningún crédito a interés cero a directivos, y solo aprobó uno para un representante sindical, posibilidad regulada en el convenio colectivo.

La oposición ha criticado que Crespo llegara a cobrar 300.000 euros solo por ser consejero de una participada de CAM -retribución que el exdirectivo ha justificado explicando que eran dietas que habían fijado sus antecesores-, máxime si su capacidad era meramente institucional.

Crespo ha defendido que "la responsabilidad ejecutiva residía en otras personas, que eran los que tenían que ejercer la responsabilidad de llevar a CAM a buen puerto", y que él se hubiera visto obligado a rechazar debido a sus "conocimientos".

"Si no hubiese sido así no hubiera asumido una presidencia como la de CAM", y ha indicado que si quiso "hacer méritos por el denominado principio de Peter" -que predica que los empleados son promocionados en las empresas hasta que alcanzan su nivel de incompetencia- fue porque no asumía "responsabilidades ejecutivas".

La ruptura del SIP que CAM iba a constituir con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para crear el Banco Base se produjo porque "el resto de cajas no aprobaron las segregaciones y rompieron", y que estas entidades "jamás" dieron "una explicación" a la caja alicantina.

Sobre sus relaciones con dirigentes políticos, Crespo ha manifestado: "Nunca tuve presiones políticas de Valencia ni de Murcia", ya vinieran de la oposición o del Gobierno regional.

En la misma reunión de la comisión de investigación, intervino por la mañana el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, quien ha afirmado que "en absoluto" existen responsabilidades políticas en CAM, ya que los encargados de "la marcha" de las entidades de crédito son "directa y exclusivamente" sus gestores y administradores.

Vela, quien dirige el IVF desde diciembre de 2009, ha explicado que el Banco de España culminó a finales de 2010 una inspección de dos años a Caja Mediterráneo y "monitorizó todo el proceso de ajustes, saneamiento y recapitalización de CAM".

El director del IVF ha defendido que este organismo "ni propone ni analiza el riesgo de las operaciones" de préstamo, "al igual que tampoco las concede", y ha pedido que se diferencie entre la "deficiente gestión realizada" en CAM y la presunta comisión de alguna infracción o delito.

Ha recordado que el Banco de España ha abierto expediente sancionador a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y de la dirección de CAM, y que hay querellas que se han presentado en los tribunales contra la cúpula directiva y contra dos responsables del servicio de inspección del Banco de España.

Otra de las comparecencias ha sido la de los auditores de la empresa KPMG, encargados de revisar las cuentas de CAM, quienes han reconocido que la situación de la entidad financiera era "cada vez más fea", aunque su inclusión en un SIP dificultó identificar las pérdidas en la que se encontraba.

Los auditores Julio Álvaro y Miguel Muñoz fueron los encargados de estudiar las cuentas de la caja de ahorros entre 2002 y 2011, periodo en el que no detectaron la situación de pérdidas de la entidad.

Han indicado que su labor se limitaba a verificar que se habían aplicado correctamente las normas de contabilidad, a la vez que han afirmado que si la CAM "no hubiera estado envuelta" en un SIP "las pérdidas habrían sido significativas". EFECOM

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