El FROB está preparando una demanda para exigir a los exdirectivos de la CAM las indemnizaciones millonarias que cobraron al prejubilarse al considerar que se marcharon en condiciones mucho más ventajosas que el resto de los trabajadores que se adhirieron al proceso. Así lo anunció ayer el administrador provisional de la caja José Antonio Iturriaga durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada por las Cortes Valencianas para esclarecer los motivos que llevaron a la entidad a la ruina. 
A este respecto, Iturriaga dejó clara su opinión y señaló a los anteriores ejecutivos y al consejo de administración -del que puso en duda su capacidad- como los principales responsables del deterioro de la caja. Es más, cuando el diputado socialista Ángel Luna le preguntó, parafraseando a Mario Vargas Llosa, "¿cuándo se jodió la CAM?", el administrador señaló que el origen de todos los problemas fue el "cambio en la dirección que se produjo en el año 2001", cuando Roberto López Abad accedió a lo más alto de la caja en sustitución de Juan Antonio Gisbert (ahora en Ruralcaja).
Fue a partir de entonces cuando la CAM se lanzó a un proceso de expansión "mucho más agresivo" que el resto de competidores -el crédito se disparó más de un 300% entre los años 2002 y 2008- y se volcó en el sector inmobiliario de una forma casi irracional. José Antonio Iturriaga puso como ejemplo de los desequilibrios de la entidad que en el momento de la intervención tenía concedidos en préstamos casi 13.000 millones a promotores mientras que los créditos a empresas de otros sectores apenas alcanzaban los mil millones de euros. 
El también exinspector del Banco de España comparó la situación de la CAM en julio del año pasado con la de un accidentado con "politraumatismo" por su acumulación de males: un nivel de solvencia que no llegaba al 1% frente al 10% exigido, una morosidad del 19% y un excesivo nivel de dependencia de los mercados mayoristas. Criticó abiertamente la absoluta falta de controles que permitía la concesión de créditos sin el más mínimo estudio sobre la capacidad de pago de los clientes y que permitió a los ejecutivos actuar sin necesidad de dar ningún tipo de explicación, acometiendo una política de inversiones "sin ningún tipo de política ordenada".

Elección de cargos
En este punto censuró el sistema de elección del consejo de administración y de la comisión de control en las cajas de ahorros que, a su juicio, provoca que lleguen a estos órganos de gobierno personas que carecen de los conocimientos necesarios como, en su opinión, ha quedado demostrado en el caso de la CAM. "Cuando se elige a los representantes en función de cuotas (en las cajas están representados el Gobierno autonómico, los ayuntamientos, los empleados y los impositores) y no se emplean los criterios de mayor capacidad y profesionalidad no es de extrañar que luego el consejo adolezca de estas cualidades", afirmó. 
Igualmente hizo referencia a las polémicas dietas que cobraban los consejeros y los miembros de la comisión de control por representar a la CAM en sus filiales, que en el caso del expresidente de la entidad, Modesto Crespo, llegaban a los 300.000 euros anuales. Iturriaga calificó de reprobable estas remuneraciones que, según afirmó, exceden en mucho el máximo establecido por la asamblea general de la caja y se preguntó "cómo podían ser independientes" y controlar la tarea de los directivos quien se beneficiaban de estas estratagemas urdidas por la dirección. 
El administrador del FROB recordó, igualmente, que los propios directivos se beneficiaron del cobro de incentivos de forma irregular, como se denuncia en el expediente sancionador incoado por el Banco de España, y destacó el caso de los ejecutivos que se prejubilaron el año pasado "en condiciones muy mejoradas con respecto al conjunto de trabajadores" que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo puesto en marcha para reducir la plantilla. 
Hay que recordar que entre el exdirector general Roberto López Abad; el exdirector general adjunto Agustín Llorca; y los directivos Gabriel Sagristá, Joaquín Meseguer, Vicente Soriano y Daniel Gil se repartieron 15,5 millones de euros en indemnizaciones. Por este motivo, José Antonio Iturriaga anunció que se está "estudiando la presentación de la correspondiente demanda en el ámbito procesal y jurídico oportuno" para reclamar la devolución del dinero. 

Expediente en trámite
Preguntado por la situación del expediente del Banco de España y por la póliza de responsabilidad civil que cubriría a los exdirectivos y consejeros de la CAM en caso de sanción económica, el administrador del FROB señaló que ya se ha repartido el pliego de cargos -como se publicó la semana pasada en la prensa- y admitió la existencia del seguro. No obstante, recordó que dicha póliza no ofrece ninguna cobertura cuando existe mala fe o negligencia por parte de los asegurados, como podría ser este caso. En este sentido, recordó que existen sendas investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que todavía no se sabe cómo concluirán. 
A pesar de la insistencia de la diputada de Compromís Mireia Mollà y del representante de Esquerra Unida, Lluís Torró, para que valorase la actuación de los organismos supervisores, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, José Antonio Iturriaga se negó a hacerlo al considerar que no formaba parte de sus atribuciones y llegó a admitir que antes de llegar a la CAM ni siquiera conocía la existencia del Instituto Valenciano de Finanzas, por lo que tampoco quiso opinar sobre él. En cuanto a la auditora KPMG, responsable de certificar durante años las cuentas de la caja, aseveró que "probablemente" habían sido engañados por los directivos. 
En la misma línea, interpelado por el diputado del PP David Serra, el experto economista también señaló que los socios de la CAM en el fracasado SIP decidieron romper con ella "porque no confiaban en la información que les daban" y afirmó que la fusión habría sido inviable de todas maneras porque los problemas de la entidad alicantina "habría arrastrado" al resto de los socios (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria). 
Ayer también estaba prevista la comparecencia de los otros dos administradores designados por el FROB, Tomás González y Benicio Herranz, en la comisión de investigación pero los grupos decidieron eximirles de prestar testimonio y prolongaron la intervención de Iturriaga. 

La caja emitió las cuotas para financiar la compra de su filial mexicana 
El administrador del FROB José Antonio Iturriaga reveló ayer que la CAM emitió las cuotas participativas para financiar la compra de Crédito Inmobiliario, la ruinosa filial mexicana de la entidad. Según explicó, a pesar de que la crisis económica ya podía intuirse, los responsables de la caja querían acometer una expansión internacional, que habían iniciado en 2007 con la adquisición de un 5% del banco marroquí BMCE. La idea no gustaba nada al Banco de España, que consideraba que las cajas de ahorros no debían emprender estas aventuras ante sus dificultades para captar capital en los mercados al no poder emitir acciones. De hecho, el supervisor ya había impedido que la CAM entrase en el banco Guayaquil, el segundo de Ecuador. Ante la insistencia del exdirector general de la caja Roberto López Abad, el Banco de España le exigió que "al menos consiguiese el capital que necesitaba para esta expansión internacional" antes de empezar, según explicó Iturriaga en las Cortes Valencianas, que no citó expresamente la inversión en México. En aquel momento, la única opción que tenían las cajas para reforzar sus recursos era la generación de beneficios y las cuotas participativas, unos títulos en teoría similares a las acciones pero que no otorgaban a sus poseedores derechos políticos. Como se encargó de recordar varias veces en su intervención el administrador del FROB, ninguna otra entidad decidió emitir cuotas ante su complejidad. Sin embargo, la CAM sí lo hizo y captó alrededor de 300 millones de euros con su salida a Bolsa en julio de 2008. A los pocos meses, en abril de 2009 la entidad anunciaba la adquisición del 100% de Crédito Inmobiliario, una sociedad especializada en la concesión de hipotecas en el país azteca por 144 millones. Al año siguiente la CAM se vio obligada a recapitalizar su nueva filial con otros 150 millones de euros. De poco sirvió, la sociedad mexicana volvió a registrar pérdidas de casi 31 millones en 2011 y el Banco Sabadell busca ahora una salida para este negocio. d.n alicante