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El Gobierno ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.

Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social aprobado por el Gobierno y que estará en vigor hasta 2013, y que además amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años, tal como se ha modificado en el Código Penal.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el plan persigue además proteger a los trabajadores con mayor edad, "para que no sean lo primeros que despiden las empresas", y adopta medidas sobre las prejubilaciones, entre ellas que los convenios colectivos no podrán fijar una edad de jubilación obligatoria.

"Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral", ha dicho Báñez.

Ha señalado también que el plan de lucha contra el empleo irregular endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos.

La ministra ha asegurado que este plan supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores y ha apuntado que por primera vez se tipifica como nuevo delito "el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores de forma ilegal".

Entre otras medidas el Gobierno exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal y se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.

Además, se incrementan las sanciones previstas más allá de los límites establecidos y se refuerzan los equipos de inspección.

Báñez ha indicado que el objetivo es evitar "atentar" contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal empresarial que ocasiona esta economía sumergida.

Asimismo, ha subrayado el efecto "perverso" que tiene en las arcas públicas el fraude laboral que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Al respecto se ha referido a la creación de empresas "ficticias" para "dar de alta a trabajadores que no hacen nada y que luego perciben prestaciones", o empresas que no dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social.

Más inspectores

Báñez ha explicado que el número de efectivos en 2012 aumenta hasta los 53 inspectores y 60 subinspectores y que tanto los agentes de la Agencia Tributaria como los de la Inspección de Trabajo "cooperan, e irán de la mano".

Asimismo, el ministerio hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse "bolsas de fraude".

El ministerio de Empleo trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, del Interior, así como con el Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.

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