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M.A. R. / ALICANTE

Día 09/04/2012

La exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós anunció públicamente en junio de 2011 que la entidad había registrado un beneficio de 81,1 millones de euros durante el primer semestre del año. Tan sólo dos meses después, tras la intervención de la caja por el Banco de España, los administradores del FROB rectificaron dicho resultado, que pasó a arrojar unas pérdidas de 1.135 millones de euros. La sentencia que confirma el despido de Amorós describe una serie de irregularidades en la gestión de la caja que explican, en parte, este desfase de más de 1.200 millones de euros. Aunque, según han explicado fuentes financieras consultadas por ABC, el grueso de esta cifra no debería haber sido una sorpresa para nadie que hubiera examinado los balances de la CAM.

Y es que la ruptura del Sistema Integral de Protección (SIP) inicialmente pactado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura obligó a la entidad alicantina a aflorar más de 900 millones de euros en pérdidas, que Amorós no incluyó en el balance dado a conocer el pasado mes de junio. A lo largo del ejercicio 2010, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el recrudecimiento de la crisis provocó un creciente deterioro de los activos de CAM, que a instancias del Banco de España se vio obligada a destinar 1.300 millones de euros a dotación de provisiones, para cubrir los créditos concedidos a promotores y particulares que pudieran resultar fallidos.

Dado que la CAM ya había firmado el acuerdo de la fusión liderada junto a Cajastur, la normativa del Banco de España permitía a la caja alicantina cargar estas provisiones —por importe de 900 millones de euros, a efectos contables— contra reservas en el balance de 2010. Es decir, que esta cifra mermaba el patrimonio de la caja, pero no afectaba a su cuenta de resultados en forma de pérdidas. El hecho de que las reservas de CAM se vieran reducidas en 900 millones de euros en 2010, como efectivamente se reflejó en el balance, debería haber encendido todas las alarmas, pues suponía un drástico empobrecimiento de la entidad.

No obstante, el equipo directivo encabezado por María Dolores Amorós confiaba paliar esta situación con la inyección inicial de 1.400 millones que ya había comprometido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ingeniería contable

Sin embargo, después de que la fusión se rompiera en marzo de 2011, la CAM ya no podía cargar la dotación de provisiones contra reservas, sino que estaba obligada a hacerlo contra su cuenta de resultados, que se habría visto reducida en más de 900 millones de euros.

De este modo, el balance que Amorós presentó en junio de 2011 —cuando ya estaba roto el SIP— con 81,1 millones de euros de beneficio, debería haber arrojado en realidad unas pérdidas de al menos 800 millones de euros. Pero además de este efecto puramente contable, la sentencia sobre el despido de María Dolores Amorós enumera una larga serie de irregularidades que, en palabras de la juez, contribuyeron a «maquillar» el balance de la CAM para ocultar sus pérdidas. Entre ellas, la titulización de créditos hipotecarios —que sirvió para ocultar del balance una parte de los activos «tóxicos»— o la reclasificación de créditos fallidos y dudosos, como activos sanos.

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