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DAVID NAVARRO/M.G. ALICANTE La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la sentencia que declaró procedente su despido y la dejó sin ningún tipo de indemnización -reclamaba 10 millones-, al considerar que hubo errores procesales y que los hechos que la juez dio por ciertos se contradicen con las pruebas documentales. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes oficiales del bufete Gómez-Acebo & Pombo, que representa los intereses de la ejecutiva en este caso y que ya está redactando el recurso de suplicación.
Fue la semana pasada cuando la titular del juzgado de lo Social número 4 de Alicante, María Paz Fernández, desestimó por completo la demanda de Amorós contra la decisión de los administradores del FROB de despedirla por motivos disciplinarios el 28 de septiembre del año pasado, dos meses después de la intervención de la entidad. La magistrada consideró probado que la exdirectora falseó las cuentas de la CAM para ocultar su verdadera situación y que maniobró para adjudicarse de forma "fraudulenta" una renta vitalicia de 369.000 euros anuales, una conducta que calificó de "extremada gravedad".
Desde un principio los abogados de María Dolores Amorós mostraron su disconformidad con la sentencia y ayer confirmaron la presentación del recurso basándose en tres argumentos. Por una parte, los letrados están en desacuerdo con "el modo en que se desarrolló el juicio" ya que, en su opinión, se incumplieron varias normas procesales, lo que generó la indefensión de su cliente. Al respecto, Amorós ya solicitó la nulidad del despido por este mismo motivo y también alegó que se había vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen, algo que rechazaron tanto el fiscal que acudió a la vista oral como la propia juez en su sentencia.
En segundo lugar, los representantes de la exdirectora de la CAM también ven motivos para recurrir en la relación de hechos probados en la que se basa la decisión de la juez y que los abogados estiman que se contradicen con las pruebas documentales aportadas por ambas partes durante el proceso. Por último, también sostienen que la aplicación de la normativa sobre despidos no ha sido correcta en este caso.

Trámite por escrito
La propia sentencia otorgaba a María Dolores Amorós un plazo de cinco días para decidir si quería recurrir la decisión, como finalmente ha ocurrido. La presentación del recurso, sin embargo, no implica que vaya a celebrarse una nueva vista oral ya que se trata de un trámite que se realiza por escrito. En base a las nuevas alegaciones, el TSJ deberá decidir si ratifica la sentencia o emite un nuevo fallo. Amorós, en última instancia, podría acudir al Supremo.
Tras diez años como "número dos" de la caja de ahorros, Amorós accedió a la dirección general de la CAM en diciembre del año 2010, cuando su antecesor, Roberto López Abad, abandonó este cargo para marcharse al Banco Base, la entidad creada para gestionar la fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Al romperse este proyecto, la ejecutiva siguió al frente de la CAM buscando nuevos socios hasta que el Banco de España decidió su intervención el 22 de julio del año pasado, mientras que López Abad optó por prejubilarse junto con otros cinco ejecutivos de la caja alicantina. Los nuevos administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidieron destituirla a las pocas semanas.

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