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El Gobierno ha dado hoy su visto bueno al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para "gestionar la reestructuración de las entidades financieras y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración", según ha destacado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Entre las novedades que todavía no se conocían de este instrumento, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha revelado que el Estado aportará el 75% de la dotación de 9.000 millones con el que ha sido creado recurriendo al dinero no utilizado en la subasta de activos, por lo que ha defendido que no supone ningún gasto adicional para el contribuyente, ni tampoco incidirá en el déficit.

Según ha explicado De la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros, aunque el sistema financiero español ha demostrado su "probada solvencia, algunas entidades podrían tener problemas" en un futuro si persisten las dificultades. Por este motivo, ha añadido que el Gobierno pretende facilitar con el fondo la reestructuración bancaria "manteniendo la confianza en el sistema e incrementando su fortaleza". "Vamos a seguir generando confianza y dando apoyo", ha añadido.

Elena Salgado ha explicado que los Presupuestos Generales del Estado aportarán el 75% de los 9.000 millones con los que está dotado el fondo, para el que espera lograr el máximo consenso en el Congreso, mientras el resto provendrá de los Fondos de Garantía de Depósitos. Adicionalmente, el FROB podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y hacer otras operaciones. Esta captación de capital adicional no podrá superar este año tres veces la dotación inicial, es decir, no podrá sobrepasar en este ejercicio los 27.000 millones de euros además de los 9.000 iniciales.

En líneas generales, el FROB permite que el Banco de España obligue a emprender procesos de integración a las entidades que reciban dinero público en caso de que su viabilidad esté en riesgo. No obstante, antes de llegar a esta última fase, la entidad en problemas deberá buscar una solución privada que podría ser una fusión o el apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas, creados con recursos privados, pero que podrán recibir inyecciones de dinero público.

Control del Banco de España

En caso de recurrir al nuevo fondo, las entidades tendrán un plazo máximo de cinco años para devolver el dinero, que el Estado ofrecerá a cambio de acciones o cuotas -en función de si son bancos o cajas- con derechos políticos, lo que permitirá al Banco de España sentarse en sus consejos de administración, en el primer de los supuestos. En el resto, el capital del FROB se intercambiará por participaciones preferentes, que no tienen derechos políticos.

En cuanto a la controversia sobre las competencias de las autonomías en las cajas y su posibilidad de veto en caso de eventuales fusiones, Salgado ha afirmado que el Gobierno ha decidido no modificar las potestades que las comunidades tienen para aprobar las fusiones de estas entidades, aunque ha insistido en que el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.

Además, el Gobierno informará trimestralmente al Congreso de la actividad del fondo y, si se produce la intervención de una entidad, acudirá a la Cámara Baja en un plazo máximo de treinta días desde que se produzca esta operación.

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