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 DAVID NAVARRO ALICANTE La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, denunció ayer la improcedencia de su despido y reclamó su readmisión en la entidad o, en su defecto, el cobro del doble de la indemnización que le correspondería por este motivo más otro pago de 10 millones de euros en concepto de lucro cesante. Es decir, por el dinero que hubiera percibido al frente de la caja hasta su jubilación.

Entre una enorme expectación mediática, con cerca de un centenar de periodistas acreditados, el juzgado de lo Social número 4 de Alicante acogió ayer la vista por el recurso que presentó la ejecutiva contra la decisión del FROB de cesarla de forma fulminante bajo las acusaciones de falsear la contabilidad de la CAM, ocultar su elevada morosidad y de buscar el beneficio propio al adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros. La sesión se prolongó durante más de cinco horas y Amorós prefirió no testificar y sólo rompió su silencio para dar alguna indicación a sus abogados.
Los representantes legales de la exdirectora general negaron todas las acusaciones y, entre otras cosas, atribuyeron las cuantiosas pérdidas afloradas en la entidad a un simple cambio de criterio en la interpretación de la normativa contable que aplicaron los nuevos administradores tras la intervención. En especial en lo referente a la clasificación de los créditos como morosos, para lo que aportaron el testimonio del perito Enrique Nistal quien señaló que en algunos casos la catalogación de un préstamo como dudoso podía deberse a criterios subjetivos. O, en otras palabras, que la tasa de morosidad depende de la dureza con la que se quieran aplicar las directrices del Banco de España.
La letrada Silvia Bauzá también intentó rebajar el grado de responsabilidad de María Dolores Amorós en la actual situación de la caja recordando que no ocupó el cargo de directora general hasta diciembre de 2010 y aseguró que, en su anterior condición de adjunta a Roberto López Abad, determinadas áreas como las de control de riesgos o planificación -de las que dependerían la vigilancia de la morosidad o la elaboración de las cuentas- no estaban bajo su supervisión. Estas áreas en concreto, aunque no se citó durante la vista, estaban bajo la tutela de Francisco Martínez y Teófilo Sogorb, dos de los ejecutivos de la anterior cúpula que continúan en la CAM.
Igualmente la abogada afirmó que la retribución de 583.000 euros anuales y el resto de beneficios inherentes al cargo de directora general, incluida la renta vitalicia, ya estaban prefijados antes de su nombramiento. Insistió también en que María Dolores Amorós atendió todos los requerimientos realizados por el Banco de España tras la ruptura del SIP con Cajastur. Por todo ello, señaló la abogada, "se puede afirmar que no ha habido mala fe en ningún momento" en la gestión de la ejecutiva, por lo que reclamó la nulidad del despido y su consideración de improcedente.

Una gestión deficiente
Por su parte, la abogada del ahora Banco CAM, Isabel Merenciano, reiteró punto por punto e incluso amplió todas las acusaciones formuladas por los administradores designados por el FROB en su carta de despido. Así, afirmó que la directiva utilizó distintos artificios, como la simulación de la venta de créditos fallidos o la imposición a las filiales del reparto de dividendos, para conseguir beneficios el año pasado. Además, frente a lo asegurado por la defensa, acusó a Amorós de no haber atendido el requerimiento que el supervisor del sistema financiero español le realizó el 14 de diciembre de 2010 para que se mostrase más rigurosa con el seguimiento de la morosidad.
En concreto, Merenciano reconoció que, fruto de esa comunicación, la CAM reclasificó los préstamos que le indicó el Banco de España tras haber analizado el 28% de su cartera crediticia -de hecho los efectos de esta reclasificación fueron los que motivaron la ruptura con Cajastur-, pero la letrada consideró que Amorós no cumplió por completo con su obligación al no haber continuado con la revisión del resto de la citada cartera crediticia para comprobar su estado. Es más, acusó a la ejecutiva de haber promovido refinanciaciones automáticas de préstamos sólo para atrasar su entrada en mora, sin la aportación de nuevas garantías, y también de haber rehabilitado créditos que, en realidad, deberían continuar en el apartado de impagados.
La consecuencia fue que, al entrar los administradores del FROB, se vieron obligados a reconocer nuevos deterioros por valor de más de 1.500 millones, lo que ocasionó que la entidad cerrara el primer semestre con pérdidas de 1.136 millones de euros, y de más de 2.700 millones para el conjunto del año.
Frente a esta cifras, la representante de la CAM señaló que María Dolores Amorós presentó un balance con 39 millones de euros de beneficios en el primer trimestre y que propuso unas cuentas con unas ganancias 81 millones para el segundo, como ratificó ayer en su declaración José Antonio Iturriaga, uno de los administradores designados por el FROB para gestionar la entidad.

Ocultación de la realidad
Ante las preguntas del fiscal Juan Carlos Carranza -presente en la vista al haber alegado Amorós vulneración de sus derechos fundamentales- Iturriaga no dudó de la "intencionalidad" de la exdirectora general al "ocultar" el verdadero nivel de morosidad de la caja. De hecho, afirmó que la gestión de ésta al frente de la CAM era más propia de una investigación por "la vía penal".
Así, recordó que una de las consecuencias del afloramiento repentino de esta morosidad fue el deterioro de la imagen de la entidad, lo que supuso "que se acelerara la salida de recursos de clientes". No obstante, el administrador del FROB admitió, al ser preguntado por la letrada de la exdirectora general, que la responsabilidad de la situación también podía atribuirse en parte al resto de ejecutivos, a los que no se ha despedido. Juan Antonio Iturriaga justificó su permanencia en la plantilla porque "no se puede prescindir de la noche a la mañana de todo el equipo directivo", ya que son necesarios para mantener el funcionamiento normal del banco.

La fecha de la pensión
Otro de los puntos de discusión fue la contratación de la póliza para garantizar la famosa renta vitalicia a la que tenían derecho los miembros del comité de dirección. En la carta de despido se argumentaba que Amorós pactó la cuantía de esta pensión en base a su sueldo de directora general el 7 de diciembre de 2010, tres días antes de su nombramiento. Sin embargo, ayer el exdirector de Recursos de la CAM, Vicente Soriano, justificó que se tomara esa referencia porque, en realidad, la cuantía de estas prestaciones se fijó en marzo de 2011 -cuando Amorós ya llevaba varios meses en el cargo- aunque luego los contratos se dataron con fecha anterior por un motivo que no supo explicar. Curiosamente esto puso en un aprieto a Soriano porque implica que el importe de la prestación se cerró cuando él, que también tiene derecho a esta prestación, y otros tres ejecutivos ya se habían prejubilado en el mes de febrero. Es más tuvo que admitir que los contratos se cerraron el mismo día en que los ejecutivos se fueron de cena para celebrar su retiro, cuando la letrada de Banco CAM se lo preguntó.
La representante de los intereses legales de la entidad señaló que, en cualquier caso, el cálculo de la renta vitalicia contravenía lo dispuesto por el consejo de administración ya que se fijó en base al salario de un momento puntual y no a la media de los tres últimos años trabajados. Según el perito Javier López Andreu esto supone un beneficio adicional para María Dolores Amorós de más de un millón de euros.

Insultos a la entrada y un intento de huida a la salida del juicio
Aunque la presencia de afectados por los denominados "productos tóxicos" de la CAM no fue demasiado numerosa, la exdirectora general de la entidad tuvo que escuchar los insultos que le profirieron varios de ellos a su llegada a los juzgados. Con gritos de "choriza", "corrupta" o "ladrona" estos ciudadanos mostraron su indignación por la pretensión de María Dolores Amorós de cobrar una importante indemnización mientras ellos no pueden recuperar sus ahorros. A la salida se repitieron los insultos pero fue la persecución de la prensa lo que acabó por romper los nervios de la ejecutiva. Ante la imposibilidad de despistar a las cámaras Amorós se acabó refugiando en el portal de un edificio que encontró abierto, para sorpresa de sus vecinos, y no salió de allí hasta que llegó un taxi para recogerla y trasladarla hasta su domicilio. d.n. alicante. Ver video http://videos.diarioinformacion.com/nacional/20120224/exdirectora-cam-insultada-llegar-los-juzgados-31001.shtml

El fiscal no observa vulneración de derechos
Tras escuchar a las partes y las pruebas presentadas, el fiscal Juan Carlos Carranza decidió ayer no apoyar a María Dolores Amorós en su solicitud de anular su despido en base a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, como el de una tutela judicial efectiva, el derecho al honor y a la propia imagen. Por el contrario, Carranza consideró que Amorós ha tenido la oportunidad de defenderse y señaló que las imputaciones que realiza el FROB en su carta de despido no suponen una lesión a su honor. Además justificó la difusión del documento en prensa por su interés general.

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