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Toda intervención de una entidad financiera puede interpretarse como un fracaso, puesto que en un sistema intensamente controlado por la autoridad bancaria las crisis solo pueden explicarse por un error táctico o una equivocación de fondo. Toda intervención de un banco o caja de ahorros puede entenderse además como un ejercicio de ejemplaridad; la gestión es rechazada y el resto de las instituciones financieras toman nota de la penalización que sufre la entidad intervenida. En el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ambas lecturas son no solo correctas sino también pertinentes. La primera lectura se cumple casi necesariamente porque el Banco de España disponía de la información y los motivos suficientes para intervenirla a mediados de 2010, quizá incluso desde antes; la demora en la nacionalización se explica por los deseos del regulador bancario de evitar una solución traumática. Pero, al fin y a la postre, las tácticas empleadas, como el intento de fusionarla en el grupo de Cajastur, resultaron un fiasco y la evidencia del fracaso no pudo evitarse durante más tiempo.

La ejemplaridad en el caso CAM está por ver, pero el conocimiento público de algunas informaciones candentes que se desprenden de sus balances lleva a la conclusión de que en su gestión abundan las irregularidades y las conductas fraudulentas. Baste mencionar los créditos concedidos a bajo interés a sus consejeros, las compras generosas de deuda de la comunidad valenciana (también, probablemente, en situación técnica de quiebra) o el riesgo en operaciones inmobiliarias que ha contribuido a hundir en la ruina a una caja que, con una gestión menos dependiente de la megalomanía y despilfarro de los gobiernos valencianos hubiera salvado sin problemas el crash financiero. Al parecer, no hay proyecto faraónico en la región o gasto suntuario oficial en el que el gobierno valenciano no haya forzado a la caja a participar, con independencia de su rentabilidad (casi siempre nula). La CAM ha sido el juguete de la Generalitat valenciana, una ventanilla propia para consejeros y amigos de consejeros y esa es una de las razones de su quiebra. Los ciudadanos apreciarán la ejemplaridad del caso CAM cuando las instituciones de control investiguen a fondo las connivencias entre los dirigentes de la caja y los poderes autonómicos. Los gestores ya han sido expulsados (con pensiones millonarias, por cierto, que el Banco de España debería reconsiderar) y, por lo tanto, su pésima gestión no quedará del todo impune.

Es un lugar común explicar que la CAM era una anomalía dentro del sistema de cajas y no es una afirmación inexacta. Efectivamente, había quedado fuera del juego de fusiones y su recapitalización en el mercado era imposible. Sus posibles socios habían percibido con precisión su inviabilidad. Pero la CAM no es la única anomalía financiera; tarde o temprano, si el nuevo Gobierno que surja de las elecciones de noviembre actúa con competencia, el regulador tendrá que examinar la fusión de las cajas gallegas o poner sobre la mesa de nuevo el caso de las cajas castellano-leonesas. Pero la tarea inmediata, la que medirá la calidad de la gestión del Banco de España, es vender la CAM. Hay que sacarla cuanto antes del FROB. -

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