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El juez que investiga si hubo estafa, falsedad documental y delito societario en la inclusión en el ERE de la CAM de un exdirectivo de la entidad, Daniel Gil, ha dado los primeros pasos; El magistrado, según fuentes próximas al caso, ha acordado solicitar diversa documentación a la propia caja, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (Frob) y al Ministerio de Trabajo.

Cumple así con algunas de las solicitudes de pruebas realizadas por el sindicato que ha presentado la querella, Asociación Laboral de Trabajadores de Ahorro (Alta). Éste reclama también al juez instructor que tome declaración como imputado a Gil, director general de Inversiones Inmobiliarias de la CAM, desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 2 de septiembre de 2009.

Como ya informó en su edición de ayer este diario, ésta es la primera investigación penal que se pone en marcha en la provincia de Alicante después de la sucesión de escándalos conocidos en la gestión de la caja intervenida por el Banco de España.

Gil ya estaba imputado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada en otro procedimiento, el que dirige el juez Manrique Tejada para desentrañar una presunta trama de corrupción político-empresarial en el marco del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) alicantino.

Según Alta, Gil fue incluido de forma ilegal en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la entidad y percibió por ello una indemnización que los querellantes cifran provisionalmente en 1,5 millones de euros.

El nombre del querellado no figuraba en el listado de 2.200 afectados por el expediente laboral que cursaron ante el Ministerio de Trabajo el 4 de enero de 2011 las cajas que formaban el denominado Banco Base. Ni él ni ningún otro trabajador del programa de jornada especial, al que se había acogido previamente.

El antiguo ejecutivo tampoco presentó su solicitud para entrar en el ERE en el plazo de 30 días con que contaban los interesados desde la entrada en vigor del acuerdo, conforme a la versión del sindicato. No obstante, el 1 de julio de 2011, durante el proceso de comunicación gradual a la Seguridad Social de las extinciones de contratos, la CAM presentó un nuevo listado de empleados afectados y, esta vez sí, con el número 96, apareció Daniel Gil.

Para Alta, el exdirectivo contó con la «connivencia» de otras personas dentro de la entidad para perpetrar el fraude.

Además de su imputación, el sindicato solicita en la querella que se tome declaración como testigos al representante de la CAM en el ERE, Carlos Picazo, los responsables de recursos humanos de la caja Eduardo Severa y Remedios Pastor.

También reclama que testifique ante el juez José Antonio Iturriaga, administrador del Frob en la caja intervenida de forma subsidiaria a la remisión, por parte de éste, de las actuaciones llevadas a cabo en relación a una denuncia administrativa de la propia Alta contra la inclusión en el expediente laboral de Daniel Gil.

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