La decisión de CaixaBank de no pujar por la Caja del Mediterráneo (CAM) ha roto hoy la expectativa de que la gran banca, incluyendo al Santander y BBVA, presentaría ofertas para hacerse con la entidad, a la que sí que opta el Banco Sabadell
Esta entidad, según fuentes financieras, podría ser la única que remitió esta tarde una propuesta vinculante para adquirir la caja alicantina con lo que se coloca como favorita, si bien surge el temor a que la subasta, ideada como competitiva, pueda quedar desierta.
En cualquier caso, ninguna de las cuatro entidades mencionadas ha querido desvelar su decisión, mientras el sector asegura que el resto de interesados inicialmente -Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers- no remitió ninguna oferta.
Esto pone más difícil la labor del Banco de España y la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tenían previsto decidir el ganador, entre varias opciones, en la primera quincena de diciembre.
Ahora las autoridades se pueden encontrar la sorpresa de tener muy pocas ofertas, incluso sólo una si el Santander y el BBVA finalmente no han pujado, lo que, a juicio de los expertos, forzaría al supervisor a estudiar la opción de trocear la caja, intervenida a finales de julio.
De esa forma se podrían vender sus activos por separado en un proceso de liquidación ordenada, algo que ha rechazado desde un primer momento el supervisor, pero a lo que se ha mostrado dispuesto hoy CaixaBank.
El grupo presidido por Isidro Fainé, según fuentes del sector, notificó al Banco de España que no quería pujar por el conjunto de la CAM, pero sí estaba dispuesto a negociar la compra de determinados activos.
En las últimas semanas, los potenciales compradores estudiaron las cuentas de la CAM en profundidad para decidir si debían participar en la subasta de la caja alicantina, con una morosidad cercana al 21 % y que perdió 1.731 millones hasta septiembre.
A pesar de estos datos, la mayoría valoraba su fuerte presencia en la Comunidad Valenciana y Murcia, la fidelidad de sus clientes y sobre todo las generosas garantías que aportaría el Estado para llevar a buen término la operación.
Por una parte, el comprador se beneficiaría de un esquema de protección de activos (epa) que, una vez agotados los 4.000 millones en provisiones, cubre el 80 % de las pérdidas que se generen en una cartera de activos superior a los 20.000 millones de euros, más que todo el riesgo promotor y constructor de la CAM.
Esto se debe a que finalmente las garantías cubrirían también la mayor parte de las pérdidas que se produjeran en parte de la cartera de hipotecas, en préstamos a pequeñas y medianas empresas y en los bienes adjudicados.
Además, según las fuentes consultadas, el Banco de España estaría dispuesto a ofrecer garantías adicionales de liquidez como emisiones con aval del Estado o préstamos blandos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el comprador pueda asumir los vencimientos de la CAM en los próximos años.
La caja, víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria en España y de una deficiente gestión, afronta vencimientos de emisiones mayoristas por importe de 1.413 millones en 2011, de 5.925 millones en 2012 y de 1.848 millones en 2013.
Eso, unido al riesgo de engullir el negocio de la que fue la cuarta caja de España, en un momento de mayores exigencias de capital a la banca, explicarían la falta de interés de los potenciales compradores.
La incertidumbre de si habrá oportunidades mejores en el corto plazo también pesa, porque todas las entidades coinciden en que el Estado tendrá que vender su participación mayoritaria en las entidades que ahora controla, como NovaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, además del recién intervenido Banco de Valencia.
Mientras se decide quién tomará de nuevo las riendas de la caja, sus cuotas participativas, valores similares a las acciones, se hundieron hoy un 8,77 %, hasta 1,04 euros por título. EFE |