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María Dolores Amorós, despedida el pasado 28 de septiembre de forma fulminante como directora general de la CAM, acudió la pasada semana a una de las oficinas alicantinas del Servef para registrarse como demandante de empleo, trámite que supone el primer paso para solicitar posteriormente la prestación del paro.

Según distintas fuentes, la exprimera ejecutiva de la caja se apuntó el pasado viernes, día 14, en las dependencias del Servicio Valenciano de Formación y Empleo situadas en el barrio alicantino de Los Ángeles. Una vez cumplido este trámite y cuando formalice, finalmente, la petición de la prestación –que habitualmente suele producirse a los pocos días de darse de alta– ésta le permitiría recibir la ayuda durante dos años, periodo máximo previsto por la normativa, así como la cantidad más elevada, que se sitúa cerca de los 1.400 euros mensuales, de acuerdo con su amplia vida laboral en la CAM –casi 30 años– y sus retribuciones como alta directiva, primero, y como directora general en el último año.

Las prestaciones del paro establecidas en la parte más alta de la tabla van desde los 1.087 euros mensuales para los desempleados sin hijos; los 1.242,52 para los que tienen un hijo y los 1.397,83 para los que tienen más de dos hijos, que sería el caso de la exdirectora general de la CAM.

Amorós, poco después de ser nombrada primera ejecutiva –en noviembre de 2010– y antes de ser ratificada en el cargo por la asamblea, cerró un acuerdo con el entonces presidente de la CAM, Modesto Crespo, para percibir un sueldo anual de 593.040 euros, según aparece en el informe que los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acompañaban a su carta de despido. En este documento, los interventores –que gestionan la CAM desde la nacionalización el 22 de julio– consideran «reprobable» el sueldo, al igual que la renta vitalicia asegurada de cerca de 370.000 euros anuales que también incluiría el acuerdo. La jubilación sería mayor de lo estipulado por las directrices del consejo de administración.

Las condiciones en las que fue despedida –cese disciplinario– impiden a Amorós acceder a esta jubilación, así como a la indemnización, aunque la exdirectora general ya anunció a la semana siguiente de su cese que reclamará en los tribunales sus derechos laborales.

En el caso del paro, la ejecutiva ha esperado casi al último día para apuntarse, dado que la ley concede 15 días naturales para iniciar la tramitación desde la fecha del despido, que fue el 28 de septiembre. Pese a esperar casi dos semanas, al darse de alta dentro de plazo,se ha asegurado poder percibir la prestación –cuando, finalmente, la solicite– desde la fecha de su cese. Si hubiera sobrepasado el periodo, aunque cobraría la ayuda, empezaría a contar a partir de la fecha en la que se hubiera apuntado al paro y no desde su salida de la entidad.

«Gestión deficiente»
Los interventores del FROB cesaron de forma fulminante a Amorós bajo la acusación de «buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente», mientras era directora general de la CAM. Y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó la gestión de la entidad de «escandalosa».Días después, Amorós, negó en un comunicado haber cometido irregularidades.

Nuevas movilizaciones de los trabajadores
La plataforma de unidad sindical de la CAM, que forman Sicam, UGT, CC OO, Csica, Alta y Sindicato Vietnamita, decidió ayer comenzar a preparar una segunda fase de movilizaciones, de cara a la fase final del proceso de subasta de la entidad para volver a reclamar que en el cuardeno de venta se incluyan sus reivindicaciones de mantenimiento del empleo y de la Obra Social de cara al futuro comprador. Los representantes de los 6.000 empleados de CAM ya han realizado protestas ante las sedes del Banco Central en Alicante, Murcia, Valencia y Madrid. «Ahora, vamos a esperar a ver si se van concretando las fechas de la subasta, para iniciar el nuevo calendario de movilizaciones», señalaron. R. C. Alicante

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