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Parece un medida técnica que no cambia las cosas, pero no lo es tal; Ello explica la urgencia y  el momento, a poco más de mes y medio de las elecciones, con el que el Gobierno ha adoptado la decisión de unir los tres fondos de garantía del sistema financiero.

Al adoptar esta decisión, el Gobierno trata de cumplir con el déficit público comprometido y para ello, traslada el coste del saneamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a los bancos, ya que el Fondo de Garantía de las cajas no tenía suficiente para hacer frente a las pérdidas provocadas por su sanemaiento. El Gobierno ha decidido crear un solo fondo de garantía de entidades financieras (que suma 6.600 millones de euros), que ya tendrá capacidad para hacer frente a las pérdidas resultantes de los 2.800 millones de euros de dinero público que se inyectaron en la CAM y el dinero que pagará el comprador.

Todo indica que el Banco de España tiene prácticamente decidido la entidad a la que se va a adjudicar la CAM y la cantidad que recuperará. Pero, como el resultado será una pérdida importante, ya que inyectó 2.800 millones de euros, necesita que esta operación no afecte a su compromiso de déficit. Como el fondo de garantía de las cajas no tenía apenas recursos, el Gobierno se veía obligado a aportar dinero público para cerrar la operación, lo que habría incrementado su déficit. Sin embargo, Gobierno y Banco de España habrían pactado con los bancos para que asumieran a través de la unificación de los fondos de garantías una buena parte de esas pérdidas al no poder objeciones a tal unificación.

El Gobierno intenta con ello transmitir a Europa el mensaje de que en España se ha hecho ya la recapitalización y se ha abordado con la existencia de unos fondos suficientes creados por las propias entidades.

La cuestión es: ¿será la CAM la última entidad financiera que necesite recursos? Y todavía algunas preguntas más:¿Habrá suficiente dinero en el fondo para cubrir las necesidades de alguna otra entidad? En cualquier caso, la respuesta a estas cuestiones corresponderá al Gobierno que salga de las próximas elecciones y se tiene la certeza de que, si la segunda fase de reestructuración financiera exige que el Gobierno aporte dinero público, aunque ello pueda afectar a sus compromisos de déficit, se hará. Todo dependerá, además, de las decisiones que adopten Francia y Alemania sobre la fórmula adoptada para la nueva fase de recapitalización bancaria que, según la canciller Merkel, debe llevarse a cabo adoptando criterios comunes.

La presentación de esta medida ha permitido a la vicepresidenta Salgado enviar tres mensajes de claro contenido electoralista:

1.- El Gobierno considera concluida la ayuda pública para la reestructuración del sistema financiero y que ha tenido un coste de 7.250
millones de euros.

2.- A partir de ahora la reestructuración del sector bancario deberá asumirla el propio sector bancario. Y, si no hubiera suficiente con los 6.600 millones de euros del Fondo de garantía de Depósitos, deberán endeudarse para hacer frente a sus necesidades.

3.- Con ello se evitará que el Estado, en su ayuda al sector bancario, tenga que incurrir en un mayor déficit público dificultando su compromiso de ir reduciéndolo. Además, ello impedirá que los contribuyentes tengan que asumir el coste de la reestructuración de los bancos.

Que la reestructuración bancaria en España esté acabada con 7.250 millones de euros; que sean suficientes 6.6000 euros para afrontar eventualidades futuras; y que el sector público no tenga que poner un euro más para la reestructuración bancaria son tres actos de fe, difícilmente asumibles en las circunstancias actuales.

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